Congreso de la República le apuesta a la reivindicación de los derechos de sus trabajadoras

Así funcionará el Protocolo de Prevención y Orientación de Casos de Violencia Sexual en el Ámbito Laboral.

Por: Liza Rodríguez

En una acción sin precedentes la Cámara de Representantes y el Senado de la República se unieron desde agosto de 2022, a través de las direcciones administrativas de cada corporación y la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, para responder a las personas que hayan estado o estén pasando por una situación que implique violencia sexual en el ámbito laboral al interior del Congreso de la República.

Es así como el pasado 24 de enero fue lanzado por las Presidencias   de Cámara y de Senado el “Protocolo Integral para la Prevención y Orientación Institucional Frente a Conductas de Violencia Sexual, en el Ámbito Laboral y Contractual, en el Congreso de la República – Senado de la República y Cámara de Representantes»,  el cual busca garantizar espacios seguros para las mujeres, comprometer a los funcionarios y funcionarias en el avance y garantía de derechos, ser una entidad que cumple  con los compromisos firmados por Colombia en temas de equidad de género y, finalmente, luchar y rechazar todos los tipos de violencia contra las mujeres, en especial la violencia sexual en el ámbito laboral.

 

Acciones contempladas en el Protocolo

El Protocolo, además de implementar acciones para atender los casos de acoso sexual que se hayan presentado al interior de la Corporación, pretende, a través de la prevención, erradicar del Congreso de la República todo tipo de acoso y violencia sexual hacia sus trabajadores.

Por esta razón, el documento cuenta con dos elementos fundamentales; el primero, la prevención y la orientación a casos, el segundo, describe el proceso de prevención en la entidad, el cual será liderado desde las direcciones administrativas de Senado y Cámara.

En ese sentido, se emprenderán acciones como capacitar a través del proceso de inducción  a los nuevos colaboradores de la entidad; con esta medida se busca generar un proceso de concientización institucional que aporte a transformar los imaginarios colectivos y la generación de espacios seguros en el ambiente laboral.

Por otra parte, se incluyó en el contrato de cada uno de los funcionarios y contratistas una cláusula a través de la cual se genera responsabilidad de las actuaciones al interior de las corporaciones por parte   de quienes laboran en estas. Asimismo, se realizarán de manera constante campañas de sensibilización e información sobre el Protocolo, acciones que además de prevenir, buscan generar una institucionalidad responsable y conocedora de la importancia del respeto a la dignidad humana.

Frente a los mecanismos de orientación y atención de la víctima, el Protocolo establece delegar en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer el trámite y la recepción de situaciones sobre acoso sexual laboral, para este efecto, se consolidó un equipo interdisciplinario encargado de dar soporte legal y psicosocial a las personas que  consideren que sus derechos han sido vulnerados y que requieran interponer una queja al interior de la entidad.

Equipos formados y sensibilizados para la atención a víctimas

 Natalia Morales, funcionaria de la División de Personal de la Cámara de Representantes y encargada de implementar las acciones de sensibilización al interior de la entidad señala varios aspectos importantes, entre estos: “la formulación de este documento se ha caracterizado por el trabajo en equipo, el rigor técnico y la intención de fortalecer la institucionalidad de las Corporaciones y su responsabilidad en el cumplimiento de las leyes colombianas que protegen la dignidad de las personas”.

Manifestó también que “la responsabilidad de atención a víctimas estará a cargo de un equipo sensibilizado, capacitado y preparado para orientar a las personas, respetando sus derechos a expresar voluntaria y expontáneamente los hechos de violencia sexual en el ámbito laboral y la posibilidad de conocer las rutas de atención integral para el acceso a la justicia, según cada situación particular”.

Agregó que las víctimas podrán tener la seguridad del tratamiento confidencial y reserva de la información, así como atención digna sin revictimización, la tranquilidad de que no sufrirán represalias que afecten su derecho al trabajo, acompañamiento psicológico para su atención personal como víctima y la celeridad y debida diligencia en las acciones que se adelanten con ocasión de la denuncia.

De esta manera, funcionarios y contratistas del Congreso cuentan desde este año con un nuevo mecanismo que les permite el libre ejercicio de su derecho al trabajo en un ambiente laboral sano y libre de coerción y violencias.

Cabe resaltar que este ejercicio es el resultado de un trabajo interinstitucional  articulado con la participación de funcionarios y funcionarias bajo los lineamientos de las Direcciones Administrativas de Senado y Cámara, la Comisión Legal de la Mujer, los Comités de Convivencia Laboral de ambas corporaciones, la cooperación internacional de ONU Mujeres  y el Instituto Republicano Internacional (IRI), así como algunas consideraciones propuestas por organizaciones de mujeres de la sociedad civil.