«El diálogo es la única manera para superar la guerra»: Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz

Iván Danilo Rueda es un reconocido defensor de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Su formación en comunicación social y teología, además de su amplia experiencia como miembro fundador de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, le dio los méritos para ser designado por parte del presidente Gustavo Petro como Alto Comisionado para la Paz desde agosto de 2022.

En entrevista para la revista Poder Legislativo, el funcionario detalló la situación actual de los esfuerzos del Gobierno para alcanzar la Paz Total, estrategias que también son trazadas desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Por: Sergio Segura

Revista Poder Legislativo: En el X Diálogo de Alto Nivel celebrado en Washington (EE.UU.), el gobierno colombiano presentó la política de Paz Total como una prioridad para la región, además, planteó alternativas internacionales para enfrentar el cambio climático; ¿cuáles fueron las principales conclusiones en este escenario bilateral?

Alto Comisionado para la Paz: En el Diálogo de Alto Nivel los diferentes equipos de la delegación del Gobierno Nacional presentaron los puntos centrales de la agenda de Gobierno en las diferentes áreas y las oportunidades de confluencia y cooperación bilateral de cada sector.

Los representantes de Estados Unidos, por su parte, escucharon y retroalimentaron de manera muy positiva nuestra exposición. El gobierno estadounidense está dispuesto a apoyar los esfuerzos de paz de Colombia, especialmente la implementación del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, iniciativas humanitarias, de seguridad alimentaria y sostenibilidad medioambiental, y también están abiertos a respaldar algunos de los nuevos escenarios de paz que nuestro Gobierno ha planteado, en la medida en que estos se vayan concretando en la práctica.

R.P.L.: El pasado 16 de mayo, en medio del debate de control político al que fue citado en la Cámara de Representantes, anunció que el Gobierno dialogará con siete grupos armados, ¿cuáles son estos grupos y cuándo empieza la fase dialógica y cómo será la arquitectura jurídica?

A.C.P.: La fase dialógica con los distintos grupos va al ritmo de cada proceso, con sus avances y sus retrocesos. Con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tenemos una mesa de diálogos de paz que ya completa tres ciclos. Con el Estado Mayor Central (EMC-FARC) también hemos logrado avances hacia la instalación de una mesa de conversaciones de paz de carácter político y, pese a los obstáculos que hemos tenido en medio de la conflictividad armada, confiamos en que se superen los traspiés y podamos encontrar una solución dialogada con esa guerrilla.

Con la Segunda Marquetalia, que ha cumplido al 100 % con el cese bilateral decretado desde el pasado 1 de enero, tenemos avances concretos en materia de acercamientos que nos permiten pensar en que, una vez superados algunos retos de carácter jurídico, podremos entablar un diálogo de paz que, a través de una mesa de conversaciones, permita pasar la página de su alzamiento armado.

Por otra parte, tenemos los procesos con grupos armados que no tienen un origen político. El más numeroso de estos grupos es las Autodefensas Gaitanistas de Córdoba (AGC), con quienes mantenemos una línea de comunicación a través de emisarios y facilitadores, con miras a iniciar gestos de confianza en algunos territorios de Colombia. Con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) hemos sostenido acercamientos desde 2022 y trabajamos en un proceso de diálogo social en la zona de influencia del grupo armado que debe conducir al inicio de un espacio de conversaciones sociojurídicas, para el cual también hemos avanzado en la arquitectura jurídica.

El Gobierno mantiene un cese bilateral del fuego con las estructuras de la ACSN en la costa Caribe. En Medellín y el Valle de Aburrá, venimos de instalar un espacio de diálogo sociojurídico urbano con los grupos armados ilegales que busca el desarme y la incorporación de más de 12.000 jóvenes a la legalidad. En Buenaventura y en Quibdó llevamos varios meses de acercamientos y de construcción de confianza con cinco estructuras armadas juveniles que operan en esas ciudades, con resultados muy notorios en términos de reducción de la violencia armada por medio de lo que hemos llamado “pactos por la vida”; con ellos esperamos instalar los espacios formales de diálogo sociojurídico muy pronto.

En ese sentido, los Proyectos de Ley que permitan su transición al Estado de Derecho, respetando los derechos de las víctimas y con un enfoque de transformaciones territoriales, serán objeto de discusión en el Congreso de la República. Los Proyectos de Ley que entren en discusión en el Congreso serán sometidos a examen constitucional. Por tanto, hasta que no exista ese marco jurídico, solamente estableceremos conversaciones para tratar asuntos sociales que tienen que ver con la incorporación, el origen de las violencias y lograr una resolución de las mismas a través de las políticas sociales del Gobierno del Cambio.

R.P.L.: ¿Cuáles son los avances y dificultades en los diálogos con el ELN después de desarrollarse el tercer ciclo en Cuba?

A.C.P.: La mesa de diálogos con el ELN ha dado pasos firmes en el desarrollo de la agenda que se pactó y se institucionalizó con el Acuerdo de México. En el Tercer Ciclo, que termina por estos días en Cuba, se avanzó en el diseño del cese al fuego bilateral y también en un plan nacional de participación ciudadana. Así mismo, se profundizó en el tema de los alivios humanitarios para las poblaciones más afectadas por la confrontación armada en el país.

Colombia vive un momento político crucial, en el que una semana da la impresión de ser un año entero, y en el que la sociedad no aguanta un día más de violencia. Sin embargo, en retrospectiva, el proceso con el ELN ha avanzado mucho en muy poco tiempo: hay que mirar las pasadas experiencias de diálogo para superar la guerra en el país (y en el mundo), y entender que un conflicto armado de más de 60 años es muy difícil desenmarañarlo en unos pocos meses.

R.P.L.: Tras el asesinato de cuatro menores indígenas en el departamento de Putumayo, el Gobierno determinó suspender parcialmente el cese bilateral al fuego con el EMC-FARC, ordenando la ofensiva de las Fuerzas Militares. ¿Cuál es la situación actual con esta organización después de este hecho, también con el precedente de que se incumplió el cese al fuego en cuatro departamentos?

A.C.P.: Un reciente informe de la Unidad de Investigación y Análisis de la JEP muestra que el cese bilateral con los grupos armados tuvo efectos muy positivos en términos de una marcada reducción en la conflictividad armada con la fuerza pública. Según ese informe, el alcance geográfico de la confrontación entre el EMC-FARC y la fuerza pública se redujo en un 63 % a partir de la implementación del cese al fuego bilateral. Igualmente, el 78 % de las subestructuras de ese grupo acató el cese y evitó confrontaciones con la fuerza pública, lo cual evidencia una voluntad de paz.

Pero más allá del cese bilateral con el Estado, el EMC-FARC ha continuado su confrontación armada con otros grupos y ha afectado gravemente a la población, como en el caso de los menores indígenas muertos violentamente, que es un caso inexcusable de violación al DIH. A pesar de las situaciones terribles que se presentan, el Gobierno se mantiene firme en la convicción de que el diálogo y la intervención social y ambiental del Estado es la única manera de acabar con estas múltiples violencias absurdas que siguen generando tanto dolor a las familias colombianas. En ese sentido, insistimos en instalar espacios de conversaciones con los grupos que se escindieron de las FARC-EP sin acogerse al Acuerdo de Paz de 2016. Estamos trabajando por materializar esos escenarios de diálogo.

R.P.L.: ¿Cuál es su posición frente a las críticas de la representante de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, quien lo ha responsabilizado por algunas de las tensiones desatadas con el ELN y por la situación con las ‘disidencias’, incluso pidiendo que sea apartado de su cargo? Sumado a esto, el pasado 23 de mayo, en unísono, diferentes congresistas pidieron su renuncia.

A.C.P.: Soy una persona que escucha, que comprende los diversos puntos de vista, y que asume la crítica como una posibilidad de reflexión sobre el camino andado. Por lo tanto, respeto las apreciaciones de los observadores. Sin embargo, valoro también la importancia del clamor de paz de las comunidades y los procesos organizativos que viven y padecen las violencias día a día, la violencia institucional que ha generado una profunda desigualdad, y también la barbarie y la atrocidad que impone la violencia armada en campos y ciudades,

Fui nombrado por el presidente Petro para implementar una política de paz con orientaciones y principios muy concretos. La vida de civiles, miembros de la fuerza pública o combatientes de grupos armados ilegales es sagrada. Seguiré la ruta trazada por el Presidente con la convicción de que el diálogo es la única manera para superar la guerra, y con la fe de que construir una paz con justicia social, económica y ambiental es posible en Colombia.

Foto de portada: Ramón Campos, Oficina del Alto Comisionado para la Paz