Plantas de sacrificio animal, protagonistas de Control Político en el Congreso

El anuncio realizado por el gobierno de reabrir los mataderos o plantas de beneficio en todo el país, para disminuir el precio de la carne, ha generado voces a favor y en contra, analizamos las perspectivas.

Por: Lyz Catherinn Osorio Rodríguez

La controversia generada entre congresistas, gremios y activistas, surgió inicialmente por el anuncio realizado por el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, que, en medio de un debate de control político en el Senado, anunció que el Ejecutivo avanza con un proyecto de decreto que busca reabrir la figura de mataderos municipales.

Su anuncio fue respaldado por el presidente Gustavo Petro quien a través de la red social de X (antes Twitter), escribió que, su objetivo no solo es “recuperar la figura del matadero municipal sino tecnificarla”, argumentando que esto tendría un efecto en la reducción del precio de la carne.

Ese escenario, llevó a que en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes se adelantara un debate de control político, el cual fue citado por el Representante del departamento de Caldas por el Partido Liberal, Octavio Cardona, con el fin de dar a conocer sus dudas, críticas y llamados alrededor de la independencia que tendrían los municipios a la hora de manipular productos cárnicos.

En la actualidad, rige el Decreto 1500 de 2007 que establece “el reglamento técnico con el que se creó el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y también los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en todas las etapas de su producción … ”

Las regulaciones y medidas legales adoptadas buscaban priorizar la salud pública y tener mayores estándares fitosanitarios en la salud y vida de las personas. Estas exigencias, ayudaron al país a ser confiable y competitivo en el mercado internacional, bajo los estrictos estándares de sanidad de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Fue solo hasta 2016 que entró en vigencia dicho decreto, y fueron liquidados varios mataderos.

Defensores y contradictores exponen sus razones 

La inquietud recurrente, es que reabrir los mataderos municipales podría desencadenar una crisis de salud por las malas prácticas sanitarias. El Representante Octavio Cardona manifestó que el gobierno “De la noche a la mañana dice que va a reabrir los mataderos sin tener en cuenta aspectos como que la reapertura de una central de sacrificio de autoconsumo vale 5.000 millones, una central de sacrificio de carácter nacional vale 50.000 millones, y de exportación vale 100.000 millones, así las cosas, lo que está diciendo hoy en consecuencia es que la carne que va para afuera, tendrá todas las condiciones técnicas, salubridad, asepsia y cuidado, y la que se queda aquí no tendrá ningún control o por lo menos los controles serán menos rigurosos”.

A propósito de la inversión y recursos necesarios, la representante del departamento del Huila por el Partido Liberal, Flora Perdomo, invitó a facilitarle las cosas a los municipios “Findeter, Banco Agrario; volvamos a esas líneas especiales de crédito para darle oportunidad a estos mataderos de autoconsumo de adecuar sus instalaciones”.

Desde un punto de vista ambientalista, el representante Juan Carlos Lozada, expresó su desacuerdo en su cuenta de X (antes Twitter), diciendo, “Presidente, le hacemos un llamado a que reconsidere esta medida que en nada llevará a bajar el precio de la carne, pero sí aumentará el maltrato animal y dejará sin control las condiciones de salubridad para el consumo humano.”

Por su parte, el representante de Cundinamarca por el Partido Conservador, Julio Roberto Salazar, dijo que el gobierno debería ser cauteloso, “Si definitivamente el gobierno quiere garantizar la seguridad alimentaria en los territorios, debe inyectar los recursos necesarios porque los municipios no tienen plata para costearlos y eso lleva a malas prácticas, no se puede querer bajar el precio de la carne a costa de la salud de los colombianos”.

Contraria a las posturas más críticas, la representante del Pacto Histórico por el Huila, Leyla Rincón, aplaudió la medida, pues considera que lleva al aprovechamiento de las instalaciones que ya se tienen en los territorios, de todos los productos que se sacan de las reses, que no son solo carne, y es un camino a la industrialización. “Es solo cuestión de que unifiquemos el Plan Nacional de Desarrollo que está enmarcado en las alianzas público-populares, aquí se pueden realizar para el tema de financiación”.

A este debate de control político también asistió la directora del Invima, Mariela Pardo, quien manifestó que la propuesta implica una colaboración estrecha con la entidad, con el propósito de supervisar rigurosamente los centros de sacrificio. Esto aseguraría que operen en plena conformidad con las regulaciones y normativas sanitarias que son requeridas para salvaguardar la salud pública.

Cabe anotar que otro de los argumentos de gobierno para sacar adelante este decreto, es que según dicen, mitigarían prácticas ilegales como el sacrificio en potreros y otros espacios sin control de higiene, y el abigeato (robo de ganado), sobre todo en municipios de categorías 5 y 6.

En el departamento del Caquetá, hablamos con el señor Antonio Ortega, ganadero de tradición, y aunque le parece una opción válida para los municipios, expresa sus inquietudes frente a la real disposición de recursos humanos y económicos que requiere hacerlo realidad, pues dice que  “A este nivel local debe tenerse en cuenta primero la necesidad del matadero en el territorio, pues hay municipios que solo matan 4 o 5 reses a la semana, y pues para hacer las cosas bien se necesita una nómina grande que haga el control de ingreso de los animales, revise la certificaciones de propiedad, de ICA, los temas de manejo ambiental y sanitario en viseras, canales, que se vigilen enfermedades que contrae el ganado, entonces son gastos que deberían analizar si se justifican. Eso no es un tema menor, debe seguirse siendo riguroso porque es la salud pública, y eso incluso puede llegar a afectar la imagen del producto cárnico a nivel internacional”.

Así las cosas, el balance parece quedar en que, la figura de los mataderos municipales no tendría por qué ser problemática si se cumplen las normas técnicas, sanitarias, y los protocolos desde la misma muerte del animal hasta el almacenamiento y transporte del producto, y para cumplir con eso, es necesario el compromiso del gobierno de hacer una planeación minuciosa, una ejecución juiciosa y una inversión considerable de recursos que lo sostenga.