comisionesDerechos SocialesReforma de la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia: Un Paso Necesario hacia la Justicia Rural

Reforma de la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia: Un Paso Necesario hacia la Justicia Rural

Por: Nicolás Collazos Guzmán

En un esfuerzo por atender las necesidades del sector agrario y rural, el proyecto de ley estatutaria 360 de 2024 Cámara – 157 de 2023 Senado, que modifica la Ley 270 de 1996 y establece una jurisdicción especializada, a fin de garantizar un acceso más eficiente a la justicia en áreas rurales, se encuentra a la espera de la sanción presidencial.

Este es un gran avance porque se incorpora a la administración de la justicia en Colombia esta jurisdicción, donde se van a conformar tribunales y juzgados en asuntos agrarios, lo que significa que los campesinos colombianos podrán acudir allí para formalizar la propiedad de la tierra. Así mismo, se contará desde el Estado y desde la rama judicial con una herramienta para que los campesinos puedan acceder a la tierra. Es un proyecto muy interesante, muy importante para brindarle garantías a los colombianos en la formalización y el acceso a la tierra”, comentó el representante a la Cámara por Bogotá, del Pacto Histórico, Heráclito Landinez Suárez, autor del proyecto.

La necesidad de una jurisdicción especializada en temas agrarios y rurales ha sido evidente durante décadas. Los conflictos de tierras y la protección insuficiente de los derechos de los campesinos y pequeños propietarios han limitado el desarrollo rural y la justicia en estas áreas. Esta ley no solo busca llenar ese vacío, también promueve un entorno legal más seguro y propicio para la inversión y el crecimiento agrícola.

La propuesta define con precisión cómo se estructurará y funcionará la nueva jurisdicción agraria y rural, incluida la creación de juzgados y tribunales especializados, diseñados específicamente para abordar las complejidades y particularidades de los conflictos rurales. Al especificar las competencias de esta jurisdicción, la ley abarca desde la resolución de disputas sobre tierras hasta otros asuntos relacionados con la propiedad rural y la productividad agraria.

Además, se establece un procedimiento judicial especial que tiene como objetivo resolver las disputas de manera más eficiente y rápida, respondiendo a la necesidad de una administración de justicia que se adapte mejor a la realidad del campo colombiano.

Las modificaciones a la Ley 270 de 1996 son esenciales para actualizar el marco legal vigente y hacerlo más pertinente y efectivo frente a los desafíos actuales del sector rural, “la  importancia que tiene la jurisdicción es que está concebida en dos tribunales de cierre, el Consejo de Estado y la Corte Suprema; para el Consejo de Estado los conflictos con el Estado y la administración, para la Corte Suprema los conflictos entre particulares, tribunales agrarios y rurales. Esa estructura estará apoyada por un equipo interdisciplinario de profesionales con perfiles como ingenieros catastrales o topógrafos, profesionales ambientales, antropólogos, sociólogos, historiadores o politólogos, entre otros. La importancia es enorme. Crear la jurisdicción agraria es un universo gigantesco”, afirmó Sergio Roldán, abogado de la Universidad de Los Andes y especialista en derecho administrativo.

Por su parte, el representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid, ponente principal del proyecto, afirmó que: “Cualquier posibilidad de acceso a la justicia tiene que ser visto de buena manera en principio, sin embargo, le han creado una expectativa al país, haciéndole creer que la incorporación de tribunales y de jueces en materia agraria va a resolver todos los problemas de litigiosidad en Colombia. No es así, hay causas y naturalezas de ese tipo de procesos que no son necesariamente producto de desplazamientos o hechos victimizantes, como han hecho pensar, son otro tipo de naturaleza los procesos. Pueda ser que no se cree una nueva frustración para el país en materia de justicia, por la expectativa que le han creado a los procesos que tratará una jurisdicción agraria”. 

Las voces críticas plantean diversas preocupaciones, algunos argumentan que la creación de la nueva jurisdicción podría incrementar la burocracia y los costos operativos, lo que pondría en riesgo la eficiencia su eficiencia.

A esto suma que existen serias dudas sobre la preparación y capacitación adecuada de los jueces y funcionarios que estarán encargados de esta nueva estructura judicial, lo que podría afectar negativamente su eficacia; la posibilidad de conflictos de competencia entre la nueva jurisdicción y las existentes también es un punto de controversia, ya que podría generar complicaciones adicionales en la aplicación de la ley. Otros sectores políticos temen que las implicaciones sobre el uso y tenencia de la tierra puedan generar resistencia, complicando aún más la implementación de esta reforma.

La implementación de esta jurisdicción especializada enfrenta retos significativos, entre ellos, destaca la necesidad de una capacitación adecuada para los funcionarios y la coordinación eficiente con las jurisdicciones existentes, así como la gestión de los costos administrativos, lo que requerirá una planificación y ejecución meticulosas, aspectos vitales para garantizar que la nueva jurisdicción pueda cumplir con sus objetivos sin generar problemas adicionales.

En conclusión, mientras la ley tenga el potencial de transformar positivamente el panorama rural colombiano, su éxito dependerá en gran medida de la implementación práctica y de la voluntad política para abordar y resolver los problemas que puedan surgir en dicha región.

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