Construcción de Paz desde la Cámara de Representantes de Colombia: Un desafío que avanza y se fortalece

Por: Maricela Londoño

La Comisión Accidental de Paz de la Cámara de Representantes es una apuesta histórica que ha logrado consolidar un escenario diverso con delegadas y delegados de todos los partidos políticos, donde la gestión, el encuentro, el diálogo, el seguimiento, el control y las propuestas para la construcción de la Paz en Colombia han sido una realidad tangible en medio de la diferencia y la pluralidad.

 

¿Cómo nace y está constituida la Comisión Accidental de Paz de la Cámara?

 

La Comisión Accidental de Paz se conformó el 16 de agosto de 2022 mediante la resolución 1991, creada por una iniciativa de 19 representantes liderados por el congresista Alirio Uribe Muñoz del Polo Democrático y la Coalición del Pacto Histórico, acompañados por las y los representantes Juan Carlos Lozada Vargas, José Jaime Uscáteguí Pastrana, Juan Carlos Vargas Soler, entre otros congresistas de diferentes partidos.

Con 58 integrantes, actualmente es la comisión más grande e histórica en su misionalidad, como ejemplo de concertación y diálogo en medio de las diferencias políticas existentes. Al ser la más grande y representativa, y debido a su carácter accidental, no tiene límite de participantes. A diferencia del resto de las comisiones, logró una Coordinación Colegiada a cargo de cinco representantes: Alirio Uribe Muñoz, Juan Carlos Lozada Vargas, James Hermenegildo Mosquera Vargas, Diógenes Quintero Amaya y Julia Miranda Londoño.

 

¿A qué se dedica la Comisión?

 

Su objetivo es estudiar, analizar y proponer iniciativas que permitan superar situaciones inherentes al conflicto colombiano que perturben la paz y la reconciliación entre los colombianos.

Desde su creación en 2022, la Comisión ha realizado nueve (9) sesiones ordinarias y seis (6) audiencias públicas sobre diferentes temáticas estructurales y de coyuntura, las cuales han contado con la presencia y participación no solo del pleno de la Comisión, sino también de importantes actores locales, regionales, nacionales e internacionales encargados de la estructuración, seguimiento, construcción, acompañamiento e implementación de los Acuerdos de Paz firmados, así como de los nuevos escenarios de diálogos urbanos y rurales con diversos actores armados presentes en las regiones.

Dentro de las funciones de esta Comisión se destacan el estudio, análisis y promoción de iniciativas que permitan alcanzar la Paz y la reconciliación entre las y los colombianos, así como el seguimiento al avance de las políticas y acciones públicas que aseguren el cumplimiento efectivo de los acuerdos de paz en nuestro país.

 

Avances y Desafíos

 

Durante este periodo, la Comisión ha jugado un rol articulador y de encuentro muy importante entre todas las instancias de paz: del Gobierno nacional, del legislativo, de la justicia, de la comunidad internacional, de la sociedad civil y de los diversos actores territoriales que viven de primera mano el conflicto.

«Ha sido una instancia que ha ayudado a generar condiciones de confianza, análisis y diálogo con los diferentes actores de la paz; y un escenario para conocer qué se está haciendo por la paz, dónde, quiénes, con qué efectividad y qué informes de seguimiento y análisis se están realizando, como el Balance Humanitario 2024 por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia», mencionó el representante Uribe, coordinador de la Comisión Accidental.

Se destaca también la presentación sobre la situación de seguridad en el país por parte del CICR en Colombia y los pronunciamientos del representante adjunto en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, del director ejecutivo de la Fundación Paz y Reconciliación, y del gerente del Plan Democracia. Es importante resaltar la audiencia pública sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz, la cual tuvo como propósito conocer los avances que, desde las distintas entidades, se han tenido en materia de implementación, así como las recomendaciones y hallazgos de las entidades que hacen seguimiento a la implementación. Esta audiencia pública contó además con la participación de 15 entidades de orden nacional y 12 organizaciones nacionales e internacionales que se comprometieron con la efectiva implementación del Acuerdo de Paz en los territorios.

 

Una de las preocupaciones más importantes de la Comisión ha sido la situación de las y los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de Paz en las regiones. Por ello, la presencia en los territorios ha sido una ruta implementada con sesiones y audiencias públicas en diferentes regiones, bajo el programa “Capitolio al Territorio”.

Un ejemplo de ello fue la adelantada en el suroriente del Valle del Cauca, en respuesta a la situación de derechos humanos de la región, donde se escuchó a la comunidad y a las entidades del Gobierno nacional sobre la situación y las rutas de acción conjuntas para atender la problemática. También se destaca la audiencia pública para el seguimiento de los asuntos de seguridad, paz y derechos humanos en el departamento del Putumayo, propuesta y realizada por el representante del Pacto Histórico, Andrés Cancimance, ante la difícil situación de violencia en esta región.

Algunas sesiones se centraron en la seguridad, teniendo en cuenta los ataques y conflictos armados territoriales, tema central de la sesión del 8 de mayo de 2024, donde se presentó el informe del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) sobre la vulneración a los derechos de los ciudadanos, así como de los líderes y lideresas de la población LGTBIQ+ en Colombia, y se escucharon las acciones que desde el Departamento Nacional de Planeación se están desarrollando en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz.

La Comisión ha trabajado en coordinación con la Comisión de Paz del Senado de la República, especialmente en la entrega del Plan de Emergencia para la Protección de Líderes(as) Sociales, Personas Defensoras de DDHH y firmantes de paz, liderado por el senador Iván Cepeda Castro en la sesión conjunta al inicio de la legislatura anterior.

Tanto la Comisión Accidental de la Cámara como la del Senado han colaborado de manera coordinada para fortalecer la iniciativa que tiene como fin establecer la Comisión Legal y Permanente de Paz del Congreso, lo que implica nuevas formas y reglas de juego que permitirán fortalecer de manera efectiva las acciones y rutas de paz en Colombia desde el Congreso de la República.

Cabe destacar la iniciativa que ha permitido las seis mesas de negociación y conversaciones en marcha, así como algunas que están cerca de abrirse, ya que mantienen la esperanza en el camino del diálogo para superar varias décadas de violencia. Son varios los logros en estos procesos de paz, incluidos los ceses al fuego pactados que han salvado la vida de muchísimas personas, especialmente de la Fuerza Pública, y que permiten mejorar la grave crisis humanitaria; además, se destaca el compromiso del Estado colombiano ante el Consejo de Seguridad de la ONU para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz.

 

Sin embargo, los desafíos y recomendaciones van más allá del escenario técnico o administrativo; el momento actual exige mayores esfuerzos y atención, pues son múltiples los frentes de acción para hacer efectiva la construcción de paz. La gestión política debe jugar un papel determinante para descongelar los trámites y atender las preocupaciones y obstáculos que se han presentado, mencionados también por el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, la CSIVI, la IEANPE, y las comunidades en varios territorios. Los siguientes,  son retos por superar:

 

1. La amplitud y complejidad de la política de Paz Total exigen un Comisionado o Comisionada o Alto Consejero de Paz que atienda de manera permanente y cuidadosa tanto la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 como todas las mesas que actualmente se están desarrollando. Es urgente dotar de estrategias y equipos técnicos de apoyo a cada proceso de paz, así como atender y coordinar las diferentes mesas de negociación, y especialmente cumplir con los acuerdos parciales que se logren en cada una de ellas.
2. El diseño y desarrollo de instrumentos reales y efectivos para reglamentar las regiones de paz. Es urgente implementar los comisionados regionales, los nuevos recursos y rutas para la financiación e implementación de los PDET, así como la construcción participativa y la pronta y efectiva activación del gabinete de paz liderado por el presidente, previstos en la Ley de Paz Total (artículo 7 de la ley 2272 de 2022).
3. Debe evitarse el debilitamiento de los avances logrados en la mesa de diálogos con el ELN debido a la apertura simultánea de procesos de negociación regional desarticulados.4.
4. Para detener el crecimiento e impacto del Clan del Golfo en varios territorios del país, es necesario definir una respuesta institucional integral. La política de seguridad humana forma parte de la política de paz total; deben retomarse las vías del diálogo y las medidas de confianza propuestas a las AGC en 2023 como punto de partida de conversaciones sociojurídicas, mientras en el Congreso se discute y aprueba un marco jurídico que permita el desmonte de estas estructuras.
5. Es necesario cerrar el proceso de paz con los paramilitares. Esta es una propuesta de la Mesa de Conversaciones con los integrantes de las ex AUC, que se acogieron a la Ley 975, mesa que podría contribuir a la implementación de la política de desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo recientemente expedida.
6. Los procesos de paz urbana se encuentran congelados desde 2023 y atraviesan una crisis sin resolverse desde hace varios meses, con delegaciones de paz incompletas, sin lineamientos de participación de la sociedad, sin soporte institucional y, sobre todo, sin un horizonte en el marco jurídico para el acogimiento a la ley de las estructuras criminales de alto impacto. En este sentido, es urgente reactivar los espacios de conversación con las estructuras armadas de Medellín y el Valle del Aburrá, de acuerdo con la agenda y metodología pactadas. Además, se necesita crear un espacio con los grupos shottas y espartanos, así como con las estructuras armadas de Quibdó, Locos Yam y Mexicano.
7. El proceso con el EMC (Estado Mayor Central – disidentes de las FARC) necesita ser repensado; es indispensable buscar una reconstitución de la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno y el EMC que adopte mecanismos reales de desescalamiento.
8. Se deben hacer efectivas las acciones y acuerdos humanitarios que las comunidades reclaman con urgencia.
9. La participación de la sociedad en la construcción de la paz ha avanzado significativamente con la firma del acuerdo 28 con el ELN. Sin embargo, es necesario prevenir la estigmatización de personas y organizaciones que intervienen en los procesos de participación, así como del gobierno nacional y de todos sus funcionarios de paz. Se debe reconocer y fortalecer la legitimidad de la participación de la ciudadanía en los procesos de paz, y se debe rechazar cualquier forma de estigmatización, irrespeto del principio de distinción del derecho internacional humanitario, y agresión a las organizaciones civiles.
10. Se deben reactivar con prontitud todos los Consejos Territoriales de Paz y fortalecer los más de 280 que se encuentran activos.
11. Se deben aunar esfuerzos y acciones dirigidas a intensificar la pedagogía de paz, la movilización y articulación de las iniciativas de apoyo a la paz. En general, está ausente un enfoque y acciones que contribuyan a una cultura de paz. Aún no se ha expedido el decreto reglamentario del servicio social para la paz, creado hace 18 meses en la Ley de Paz Total.

 

Son múltiples las acciones urgentes que se requieren para redoblar los esfuerzos en la consolidación de la política de paz integral en los territorios, e imprimirle más dinamismo y eficacia a la implementación que garantice la vida y el futuro del país.

Desde la Cámara de Representantes, se ha creado una misión que está en manos de los 58 representantes que componen la Comisión de Paz, con representación de todas las regiones. Esta coalición multipartidista continuará trabajando para promover el desarrollo del país y el bienestar de las comunidades más afectadas por la violencia, con un único objetivo: La Paz de Colombia.