La Comisión Primera le cumplió al país

Los casi 140 proyectos que allí se abordaron, evidencian el trabajo realizado por los congresistas durante la última legislatura (2023-2024).

Por: Argemiro Piñeros Moreno

Audiencias públicas, citaciones a control político, proyectos de ley y de actos legislativos fueron algunas de las principales tareas cumplidas a cabalidad por los 35 representantes a la Cámara en la Comisión Primera durante la legislatura 2023-2024, que concluyó el pasado 20 de junio.

Esta comisión presidida por el liberal Óscar Sánchez, abordó un total de 137 iniciativas, entre proyectos de ley y actos legislativos. De estas, 49 fueron aprobadas, 58 archivadas, 16 retiradas, 12 acumuladas y 2 continuarán en la siguiente legislatura.

A lo largo de la historia, la Comisión Primera ha sido considerada una de las más relevantes, dada la profundidad de sus análisis y debates, que se centran en temas como estrategias y políticas para la paz, derechos, garantías y deberes ciudadanos, reformas constitucionales, leyes estatutarias, normas generales sobre contratación administrativa, organización territorial y reglamentos de los organismos de control, entre otros.

Bajo la dirección de Sánchez y del vicepresidente de la Comisión, Óscar Campo (Cambio Radical), se aprobaron proyectos como el que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas (Miut), en las cuales uno o ambos contrayentes son menores de edad. En dicho texto, se plantea la creación del Programa Nacional de Atención Integral a Proyectos de Vida para Niños, Niñas y Adolescentes, del que el representante Eduard Sarmiento fue ponente.

No se puede dejar de lado el proyecto de ley Jorge Pizano, que adopta medidas de protección para las personas que denuncien presuntos actos y/o hechos de corrupción. Este texto fue radicado en noviembre pasado precisamente en su honor por el Gobierno nacional, a través del entonces ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien cree firmemente en la intención de cambiar esta realidad: “la delación no puede ser estigmatizada; no es una maldad. Al contrario, los colombianos debemos comenzar a verla como una virtud, porque el delator está ayudando a que se haga justicia”, comentó.

 

Avance de iniciativas

 

Es bien sabido que el proyecto propone crear el Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC), que funcionaría como una instancia interinstitucional de carácter independiente. Esta entidad estaría encargada de coordinar, adoptar decisiones y orientar las actividades relacionadas con la implementación y el seguimiento del mecanismo de protección de reportantes o denunciantes.

Uno de los más controversiales fue el acto legislativo que regula el “Cannabis de Uso Adulto”, el cual planteaba una excepción a la prohibición absoluta del artículo 49, permitiendo la compra, venta, distribución y comercialización del cannabis y sus derivados para uso adulto. Además, se contemplaba que los tributos generados a partir del mercado del cannabis de uso adulto pudieran destinarse a las regiones más afectadas por la guerra contra las drogas, tal como lo establece el articulado.

 

Igualmente, se dio luz verde a la iniciativa conocida como «Borrón y Cuenta Nueva 2.0», de la cual el representante Alejandro Ocampo del Pacto Histórico es autor de la segunda versión. Esta ley pretende extender el régimen y eliminar los reportes negativos de quienes paguen sus deudas, de las bases de datos de centrales de riesgo. También busca brindar un nuevo aliento a los deudores colombianos y brindar soluciones para la recuperación económica del país, especialmente tras la crisis desencadenada por la pandemia de Covid-19.

Otro de los proyectos más relevantes fue la ley estatutaria que regula el derecho fundamental a la educación, la cual busca garantizar que la educación sea un derecho fundamental en Colombia. Esta iniciativa se centra en impactar positivamente la primera infancia, fortalecer la enseñanza en las zonas rurales y dignificar la labor docente, entre otros aspectos.

Un paso positivo en la legislación colombiana fue la aprobación del proyecto de ley que crea medidas especiales de garantía de derechos y acompañamiento psicosocial a los hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio, así como la modificación y fortalecimiento de la Ley de Víctimas. La representante ponente fue la liberal Karime Cotes, quien, junto con el representante de las Citrep, James Mosquera, logró redactar un texto único de ponencia. Fueron cuatro proyectos -uno del gobierno y tres de diversos congresistas de la Citrep- que fueron condensados en una sola ponencia.

 

Análisis que benefician al país

Cabe destacar el proyecto de acto legislativo que modifica el artículo 48 de la Constitución, conocido como Mesada 14, el cual pretende garantizar dicho pago a este grupo poblacional en razón de su régimen especial de pensiones. Este proyecto propone que los miembros de la Fuerza Pública que están en goce de asignación de retiro, pensión o sus beneficiarios mantengan el derecho a la mesada 14.

Otra de las iniciativas abordadas fue el proyecto de ley orgánica 272 de 2023, que plantea la necesidad de constituir escenarios de facilitación y mediación en los procesos de diálogo, negociación y conflictos internos del país. Esta propuesta busca facultar el apoyo a los mecanismos de implementación de los acuerdos de paz y a la ejecución de acciones de carácter humanitario. Se plantea que la Comisión Accidental de Paz se convierta en una comisión legal, lo que le permitirá contar con ocho espacios correspondientes a las circunscripciones transitorias especiales de paz (Citrep), los cuales tendrán vigencia mientras existan dichas curules. La designación de los representantes de las Citrep se realizará de manera independiente, rotativa y bajo los criterios definidos por estos 16 representantes a la Cámara.

Las audiencias públicas también fueron protagonistas en esta célula legislativa, que viajó a cada rincón del país en 44 ocasiones, analizando con expertos y la ciudadanía temas como la creación del tipo penal de acoso sexual en espacio público y otras disposiciones, la profesionalización de la Fuerza Pública, la eliminación gradual del servicio militar obligatorio en tiempos de normalidad, la ley estatutaria de educación, el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de plantaciones de uso ilícito y la modificación y actualización de la Ley 1448 de 2011, es decir, la Ley de Víctimas, entre otros temas.

 

Las citaciones e invitaciones a funcionarios públicos se dieron espacio con plenas garantías de participación en la Comisión Primera, abordando temas como la crisis de seguridad y el riesgo electoral, el estado de las carreteras, así como los proyectos viales, aéreos y fluviales en Putumayo. También se discutieron las modificaciones al Sistema General de Salud, la reconstrucción de Mocoa, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial, y la problemática que se presenta en la doble calzada de la vía Bogotá-Fontibón-Facatativá, así como en Los Alpes a la altura de Cartagenita-Facatativá, y los problemas en las obras del Proyecto de Concesión CCFC, entre muchos otros temas.

Finalmente, algunos de los proyectos de actos legislativos y proyectos de ley que fueron retirados incluso aquellos que otorgaban libertad a mujeres en detención preventiva por delitos relacionadas drogas; el que sancionaba el tráfico, fabricación y porte de fentanilo en el país, fortaleciendo la capacidad del Estado para prevenir y controlar el consumo y tráfico de esta sustancia; así como el que regulaba el derecho a la participación de la ciudadanía afectada por el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Este último creaba mecanismos de participación para deliberar y decidir sobre la ejecución y desarrollo de esos proyectos, así como el que ordenaba la caracterización de la mujer minera, guaquera y minera ancestral en Colombia, solo por mencionar algunos.