Nuevo liderazgo en la Comisión Legal Afro del Congreso

Por: Nicolás Collazos Guzmán

Continuar con el trabajo y avances logrados por la anterior mesa, es uno de los propósitos del recién posesionado presidente de la Cámara, el representante por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz-CITREP, Orlando Castillo Advíncula, quien estará acompañado en esta legislatura por la representante caqueteña, Gilma Diaz Arias, del partido liberal.

 

A medida que la comisión se prepara para enfrentar nuevos desafíos en esta legislatura, es importante recordar su historia, sus funciones fundamentales, su relevancia en el panorama legislativo colombiano y los retos que está llamada a superar. Esta célula legislativa creada con el objetivo de responder a la necesidad histórica de un espacio dentro del Congreso dedicado exclusivamente a la promoción y protección de los derechos de las comunidades afrocolombianas, que representan una parte significativa de la población colombiana.

 

La creación de esta comisión fue un paso clave hacia el reconocimiento formal de las demandas de estas comunidades, que durante siglos han luchado contra la marginación y la discriminación. Se inscribe en un contexto más amplio de reconocimiento de los derechos de los pueblos étnicos en Colombia, particularmente a partir de la Constitución de 1991, que sentó las bases para una mayor inclusión y visibilidad de estos grupos en el escenario nacional.

 

Desde su creación, la Comisión Legal Afrocolombiana ha trabajado para traducir las aspiraciones de las comunidades afrodescendientes en políticas públicas efectivas y en la promulgación de leyes que busquen cerrar las brechas de desigualdad.

 

La comisión ha logrado importantes avances en la promoción de leyes y políticas que buscan reducir las disparidades sociales y económicas que afectan a las comunidades afrocolombianas. Sin embargo, su importancia trasciende, pues su trabajo es fundamental para fortalecer la identidad cultural y garantizar que la voz de los afrocolombianos tenga un lugar central en la discusión de los asuntos nacionales. A pesar de los logros alcanzados, la comisión enfrenta una serie de desafíos que requieren atención. Uno de los principales es el limitado apoyo política que la comisión a menudo encuentra dentro del Congreso. La comisión se enfrenta a la falta de representación proporcional y, en muchos casos, a la baja prioridad que algunos sectores políticos dan a los temas afrodescendientes. Por lo que además hay en curso un proyecto de ley que busca ampliar la participación de estas comunidades, especialmente en el Senado.

 

«Juntos, como mesa directiva, hemos trazado varios retos que van a ser importantes para que esta comisión, que representa al colectivo Afro, raizal y palenquero, pueda avanzar en la política pública que necesitan nuestros territorios. Primero, continuaremos con las tareas en las regiones que venían realizando nuestros compañeros que estaban en la anterior mesa. Al mismo tiempo, vamos a estimular nuestra conversación con la diáspora afrocolombiana en el mundo para generar alianzas estratégicas que estimulen el desarrollo conjunto de nuestras comunidades. Tercero, apostaremos por el poder
de las audiencias públicas regionales, escuchando de primera mano a todas y todos los ciudadanos, en aras de poder comprender e identificar los problemas que los aquejan. Por último, pero no menos importante, nos enfocaremos en generar proyectos de ley que permitan impulsar la equidad, justicia y desarrollo de nuestros territorios”, afirmó el representante Orlando Castillo Advíncula, presidente de la comisión.

 

Por su parte, la representante Gilma Díaz Arias, vicepresidenta de la comisión y primera mujer en representar al departamento del Caquetá, agregó: “Hoy asumo la vicepresidencia de la Comisión Legal Afrocolombiana con un firme compromiso, fortalecer nuestra voz en la defensa de los derechos de nuestra comunidad. Este es solo el comienzo de un camino hacia una justicia más inclusiva. Juntos seguiremos avanzando”.

 

La posesión de su nueva mesa directiva marca el inicio de un nuevo periodo, con el objetivo de avanzar en la justicia social y la equidad racial en todo el país. Su éxito dependerá de la capacidad que tenga para articularse efectivamente con otros actores del Congreso, del Estado y de la sociedad civil; impulsando cambios reales y sostenibles que se desprendan del esfuerzo de todos y no solo de unos pocos.