comisionesInternacional“Pegasus”, un tema que suscitó control político en la Cámara”

“Pegasus”, un tema que suscitó control político en la Cámara”

Desde que estalló el escándalo por la compra del software de fabricación israelí, congresistas de diferentes bancadas se han pronunciado, en procura de que se conozca la verdad de los hechos

Por Argemiro Piñeros

Un papel muy activo ha tenido la Cámara de Representantes desde que estalló el escándalo ‘Pegasus’, el software que al parecer adquirió el gobierno del expresidente Iván Duque y que, según la denuncia del presidente Gustavo Petro, habría servido para espiar a la oposición, incluida su campaña política en 2022.

Pegasus salió a la luz pública en una alocución del presidente Petro el 4 de septiembre pasado, cuando denunció la compra de este software de fabricación israelí por el que se habrían pagado 11 millones de dólares a la compañía NSO Technologies, en dos transacciones: 50% el 27 de junio de 2021, y el saldo el 18 de septiembre del mismo año.

Desde entonces, la Cámara de Representantes ha jugado un papel muy activo en el control político por este escándalo que involucra a altos exfuncionarios del Estado de la pasada administración.

Por ejemplo, apenas una semana después de la alocución presidencial, el representante David Racero, del Pacto Histórico, respondió a la primera reacción del expresidente Álvaro Uribe, quien en un trino desmintió la participación del Centro Democrático y pidió a quienes fueron sus ministros verificar la compra del software.

“Acá el expresidente Uribe tiene toda la razón”, escribió Racero en su red social X, pues advirtió que en la época del exmandatario antioqueño las ‘chuzadas’ del antiguo DAS se hacían de otra manera.

“En honor a la verdad, el expresidente Uribe acá tiene toda la razón. Ninguno de sus Gobiernos puede ser relacionado de ninguna manera con el software espía Pegasus por la sencilla razón de que fue creado en 2016. En sus épocas hacían las cosas ‘a la antigua’, con María del Pilar Hurtado y Jorge Noguera chuzando desde el DAS. Al César lo que es del César”, afirmó Racero en su red social.

Sin embargo, el representante por la curul indígena, Norman Bañol, aseguró que “aún hoy se está utilizando Pegasus”.

Durante el debate de control político realizado en la Comisión Segunda de la Cámara, se escucharon varias voces, donde hizo protagonismo la representante huilense de cambio radical, Luz Ayda Pastrana, quien manifestó su preocupación por que la Unidad de Inteligencia no mostró pruebas contundentes de que ese software exista y que se haya utilizado para espionaje, en su parecer solo son conjeturas.

Al respecto, el representante John Jairo Berrío, del Centro Democrático, dijo que, si la administración Duque compró el software Pegasus, “entonces lo tiene el actual Gobierno. Los magistrados de la Corte Suprema, de la JEP y del Consejo de Estado, dicen que están siendo interceptados, entonces qué pasa con nosotros, la oposición política”, se preguntó.

Su colega de bancada, Juan Fernando Espinel, consideró que “lo más importante es establecer la verdad sobre Pegasus para que todos los colombianos la conozcan y que la Fiscalía continúe la investigación”.

Mientras tanto, la Comisión Legal de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso de la República le pidió a la Cancillería colombiana y a la UIAF “adelantar los trámites pertinentes” para escuchar al periodista israelí Gur Meggido, el primero en referirse en un medio impreso de su país a la compra de Pegasus por parte del Estado colombiano, en una transacción autorizada por ese Gobierno.

Esta Comisión Legal fue creada por la Ley Estatutaria 1621 de 2013, para que el Congreso de la República ejerza funciones de control y seguimiento político, verificando la eficiencia en el uso de los recursos, el respeto de las garantías constitucionales y el cumplimiento de los principios, límites y fines establecidos en esta Ley. La integran ocho congresistas: cuatro senadores y cuatro representantes, todos integrantes de las Comisiones Segundas Constitucionales.

¿Dónde está Pegasus?

A comienzos de este mes, la Comisión Segunda de Cámara de Representantes, que se encarga de los temas de relaciones exteriores y seguridad nacional, escuchó en un debate de control político al director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) Luis Eduardo Llinás; al Director de Inteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol), al coronel Juan Carlos Trujillo, y a Juan Camilo Zuluaga, de la Dirección de Investigación, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República.

Llinás aseguró que el reporte de la transacción por la compra de Pegasus “es verídico”, pero aclaró que aún no se ha podido establecer dónde se encuentra el software ni de dónde salió el dinero para su adquisición.

Tras el debate, el representante del Pacto Histórico Alejandro Toro anunció una denuncia penal contra los exfuncionarios del Gobierno Duque vinculados al caso Pegasus.

“Presentaré denuncia formal en la Fiscalía contra el exministro (Diego) Molano; el exdirector de la Policía, Jorge Luis Vargas; y el excomandante de la Dipol, general Norberto Mujica, por la presunta compra y uso del software malicioso Pegasus (…) Aunque ciertos sectores políticos y mediáticos quieran bajarle el nivel de gravedad a este affaire, la verdad es que es extremadamente grave”, dijo Toro.

El legislador aseguró que si se comprueba la compra del software malicioso para interceptaciones ilegales se configurarían delitos como la interceptación de campañas políticas, el asesinato de líderes juveniles en el estallido social de 2021, la intervención en asuntos internos de otros países y hasta planes magnicidas en Colombia y el extranjero.

 

Ley de Inteligencia

Pese a las críticas por revelar información reservada que debe manejar exclusivamente la UIAF, los representantes de la bancada del Pacto Histórico respaldaron la alocución presidencial en la que se reveló la existencia de Pegasus, argumentando que el mandatario sí podía hacerlo al amparo de la Ley de Inteligencia (Ley Estatutaria 1621 de 2013).

No obstante, el grupo Egmont, que agrupa a más de 150 UIAF de todo el mundo, sancionó a Colombia por la revelación presidencial sobre el software espía.

Por su parte, el director de la DIPOL, coronel Juan Carlos Trujillo, manifestó que esa entidad ha trabajado en coordinación con los entes reguladores para aclarar el tema, pero que por ser un tema de reserva, no se pueden emitir más datos, sin embargo aclaró que se han adelantado a nivel interno las investigaciones necesarias.

Al término del debate el representante Norman Bañol, dijo que: “la compra se hizo, hubo una transacción, reportada por la Unidad de Inteligencia de Israel contra una alerta bancaria que acepto el Estado de Israel, no son supuestos, no son subjetividades…” y añadió: “colombianos, el software pegasus, no es un invento, no es un supuesto del Jefe de Estado, es una realidad y se hizo una transacción por 11 millones de dólares…”.

El tema ha sido de larga discusión, y el presidente Petro dio a conocer nuevos detalles sobre la compra de Pegasus en la pasada administración. Por ejemplo, dio los nombres de cuatro funcionarios extranjeros de NSO Group, dueño del sistema informático, la manera como se cancelaron los 11 millones de dólares y cómo salieron esos dineros de Colombia, información que anunció trasladará a la Procuraduría y Fiscalía General de la Nación.

Frente a los nuevos detalles sobre la compra del software, el representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, escribió en sus redes sociales: “De nuevo mi respaldo al presidente (Petro) por destapar este gravísimo caso de violación de derechos humanos y corrupción”, y le dijo al expresidente Duque: “Señor Iván Duque, ya no le queda escapatoria. NSO Group, empresa israelí dueña de Pegasus, acaba de confirmar que hizo negocios con Colombia”.

Mondragón agregó: “El gobierno Duque debe responder por lavado de activos. Y, además, ¿qué hicieron con el software de espionaje y dónde está en este momento?”.

El debate público continúa, y se espera que, en los próximos días, tanto el Gobierno como la oposición se pronuncien.

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