La reforma constitucional, busca garantizar la seguridad alimentaria

La Comisión Primera de la Cámara adelantó una audiencia para escuchar las posturas que se tienen sobre el proyecto.

Por Argemiro Piñeros Moreno

La Constitución Política de Colombia de 1991 es sin duda una de las más garantistas del Continente Americano y es por eso desde el Congreso de la República se busca que la misma contenga y pueda desarrollar los derechos que realmente necesitan los habitantes del país, como por ejemplo el relacionado con el derecho a la alimentación.

En este sentido, la Comisión Primera de la Cámara estudia el Proyecto de Acto Legislativo 187 de 2024, que busca modificar el artículo 65 de la Constitución Política de Colombia para consagrar a nivel constitucional el derecho a una alimentación saludable y adecuada, así como la seguridad alimentaria y nutricional. Este proyecto cuenta con la participación de diversas partes interesadas de la sociedad civil y organismos del Estado.

La iniciativa está acompañada tanto por representantes como de senadores; en el caso de la Cámara son sus autores son Modesto Aguilera Vides, Oscar Rodrigo Campo Hurtado, Bayardo Gilberto Betancourt, entre otros, quienes han avanzado en el estudio de esta enmienda constitucional, lo que ha permitido una audiencia pública liderada por el ponente, representante a la cámara del Pacto Histórico, Eduard Giovanny Sarmiento Hidalgo, acompañado de su colega de partido el representante Pedro Suárez Vacca.

Al respecto, el ponente destacó lo importante del proyecto que busca garantizar diferentes herramientas que permitan erradicar la desnutrición crónica en el país, propuesta que se trabajó en coordinación con los bancos de alimentos, a fin de establecer un mandato específico para que el Estado cumpla con esta obligación.

El representante ponente Eduard Sarmiento destaca que la reforma también tiene proyectado garantizar la producción de alimentos para lo cual habrá prioridad a la producción de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. Para tales fines, el proyecto hace responsable al Estado de asuntos relacionados como la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad.

Representante a la Cámara Edward Giovanni Sarmiento (Prensa Cámara)

 

¿Quiénes participaron y qué dijeron?

La postura del director ejecutivo de la Red de Información y Acción FoodFirst (FIAN) Colombia, Juan Carlos Morales, fue acogida, al manifestar su preocupación por la manera como se ha abordado el tema de seguridad alimentaria, planteó algunos desacuerdos en cómo se registra el derecho a la alimentación en el proyecto de acto legislativo.

Morales añadió que es necesario respetar ese derecho, protegerlo y además garantizarlo, “sí recordamos esas obligaciones que tiene el Estado, vemos que la obligación del Estado va mucho más allá del tema de la asistencia alimentaria”. Expuso además que no hay instrumentos internacionales que definan a la seguridad alimentaria en igualdad de condiciones a la soberanía alimentaria en términos del derecho internacional, por lo que considera que plantearlo de esa manera como viene en el proyecto, “es un error”.

Morales califica al proyecto de acto legislativo como contraproducente en virtud de las obligaciones del Estado frente al derecho a la alimentación y contradictorio frente a lo que propone el Plan de Desarrollo del actual Gobierno.

Cabe recordar que la FIAN es una organización defensora de Derechos Humanos que trabaja por la garantía del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas y los derechos conexos a través de la incidencia social y política en distintos territorios.

Por su parte, el asesor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Luis Fernando Ospina Reyes, recordó que hoy existen unos instrumentos orientados a garantizar la alimentación como el CONPES 113 de 2008; el Programa Hambre Cero; el Observatorio del Derecho a la Alimentación y la Nutrición, entre otros. Al mencionar todos los instrumentos que existen para garantizar la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, Ospina Reyes, sugirió incluir en el artículo 65 el respeto a la fauna y flora para garantizar su sostenibilidad.

La ciudadanía también tuvo voz en el debate. Óscar Samuel González Torres, politólogo de la Universidad de los Andes, expresó su preocupación por la implementación y la garantía de los recursos con los que se hará realidad esta iniciativa. “Este proyecto no es solo responsabilidad del Gobierno, necesitamos el compromiso de todos los ciudadanos, lo mismo que el de las organizaciones sociales y del sector privado para trabajar juntos por la alimentación del país”, declaró.

De otra parte, Angie Aguirre, funcionaria del Ministerio de Agricultura, manifestó que en la entidad están de acuerdo con la iniciativa constitucional para que se establezca un trabajo más articulado, a fin de garantizar una seguridad alimentaria robusta y adecuada en todo el país; sin embargo, expresó que les preocupa que no se hable de la autonomía y la soberanía alimentaria y que no se haga referencia a la desnutrición aguda y el hambre oculta.  “Se requiere que, como derecho humano a la alimentación, se establezcan unas garantías para que se pueda cumplir con este derecho, además, que no se debe limitar a planes de gobierno, sino que esto debe ir más allá, para que sean planes de Estado, en la que todos se comprometan”.

La Asociación Nacional Campesina no estuvo presente en la audiencia pública pero envió su opinión sobre el texto del proyecto. Mencionaron que para hacer realidad este derecho a la alimentación no puede establecerse un lineamiento con un único actor y una única política mediante la cual se desarrolle esta iniciativa; mucho menos si un ente privado está encargado de su gestión.

Aunque por ahora la mesa directiva no ha fijado la fecha de la discusión del proyecto, el mismo tiene una amplia expectativa en los miembros de la Comisión para su discusión.