Fracturamiento hidráulico: soberanía energética y riesgos ambientales bajo el debate del Proyecto de Ley 327 de 2024

Por: Andrés Felipe Agudelo Zorrilla

La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes está frente a una decisión de gran envergadura con el Proyecto de Ley 327 de 2024. Esta iniciativa busca garantizar la soberanía y autosuficiencia energética del país permitiendo proyectos piloto de investigación sobre yacimientos no convencionales (YNC) mediante fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal (FH-PH). Pero, ¿qué implica esta técnica, qué beneficios ofrece y cuáles son los riesgos que enfrenta el país en términos energéticos y ambientales?

¿Qué es el fracturamiento hidráulico?

El fracturamiento hidráulico (fracking) es una técnica para extraer hidrocarburos atrapados en formaciones rocosas poco permeables. Consiste en inyectar agua, arena y químicos a alta presión para fracturar la roca y liberar el gas o petróleo. La perforación horizontal permite alcanzar grandes extensiones de estos yacimientos desde un único pozo.

A nivel mundial, el fracking ha revolucionado el mercado energético. Estados Unidos, por ejemplo, ha logrado una independencia energética significativa gracias a esta técnica. Sin embargo, las preocupaciones ambientales y sociales han frenado su aplicación en países como Francia y Alemania.

Soberanía y autosuficiencia energética: ¿está en riesgo?

Colombia enfrenta una situación crítica: las reservas probadas de petróleo han disminuido de 7,5 a 7,1 años y las de gas han caído de 7,2 a 6,1 años. Esta reducción compromete el futuro de la seguridad energética y podría aumentar la dependencia de importaciones, afectando la soberanía nacional.

Según cifras de Ecopetrol, el fracking en la cuenca del Permian (EE.UU.) produce hasta 100 mil barriles diarios, de los cuales el 49% corresponde a participación de Ecopetrol. El Proyecto de Ley 327 busca replicar este modelo mediante proyectos piloto para determinar si el fracking es viable en Colombia y, de ser así, evitar una crisis de abastecimiento.

La representante Paola Holguín, coautora del proyecto, sostiene que “la soberanía energética no es una opción, es una necesidad urgente si queremos garantizar estabilidad económica y social”.

Riesgos y potencialidades: un balance complejo

El fracturamiento hidráulico genera un debate polarizado. Las potencialidades energéticas son claras:

● Incremento de reservas de gas y petróleo.

● Reducción de dependencia externa.

● Fortalecimiento fiscal mediante impuestos y regalías (el sector minero-energético aporta el 18% del recaudo del impuesto a la renta y contribuye con 950 mil empleos directos e indirectos).

Por otro lado, los riesgos ambientales son significativos:

● Contaminación de acuíferos debido a fugas de químicos.

● Sismicidad inducida por el proceso de inyección.

● Consumo excesivo de agua en regiones con escasez hídrica.

El abogado especialista Jorge Espinosa advierte en su análisis que el fracking debe implementarse solo con rigurosos controles ambientales y sociales, garantizando la participación de las comunidades y la transparencia en los procesos. Como señala Espinosa, “no podemos comprometer nuestros recursos hídricos sin una garantía de que los impactos serán mitigados efectivamente”.

Asimismo, Espinosa enfatiza que “el fracking solo puede ser viable si se asegura una supervisión técnica imparcial y constante”, subrayando la necesidad de una institucionalidad robusta.

Críticas al proyecto y experiencias internacionales

Diversos sectores critican el Proyecto de Ley 327 por considerar que prioriza el corto plazo económico sobre la sostenibilidad ambiental. La representante María Fernanda Carrascal ha declarado que “el fracking pone en riesgo el agua y los ecosistemas frágiles del país”. También hay dudas sobre la capacidad institucional para supervisar estos proyectos de manera efectiva.

Por su parte, el representante Juan Fernando Espinalargumenta que “el fracking, bien regulado, puede ser la solución para evitar una crisis de desabastecimiento energético”.

Experiencias internacionales muestran caminos divergentes. Mientras que Estados Unidos ha consolidado su liderazgo energético gracias al fracking, países europeos como Franciahan prohibido la técnica por sus riesgos ambientales. Colombia se encuentra en una encrucijada: definir su política energética sin comprometer su biodiversidad.

Los alcances del Proyecto de Ley 327

El Proyecto de Ley establece un marco para la realización de Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII). Estos proyectos son experimentales y temporales, con el objetivo de:

1. Recopilar información científica, técnica y social.

2. Evaluar impactos ambientales y sociales.

3. Determinar la viabilidad del fracking en el país.

El proceso será supervisado por un Comité Evaluador interdisciplinario y contempla mecanismos de participación comunitaria y transparencia mediante audiencias públicas.

El debate sobre el fracking en Colombia es, en esencia, una discusión sobre el futuro energético y ambiental del país. El Proyecto de Ley 327 representa una oportunidad para explorar alternativas que garanticen la soberanía energética, pero también un riesgo que no debe subestimarse. La decisión de la Comisión Quinta será determinante para el camino que el país elija recorrer en su búsqueda de energías seguras y sostenibles.