Justicia para las Víctimas de la Fuerza Pública

Por: Nicolás Collazos Guzmán
El conflicto en Colombia ha generado numerosas víctimas que han sido representadas por varios sectores, en el caso de la Fuerza Pública, se ha presentado una iniciativa legislativa que busca garantizar una justicia efectiva y equitativa para incluir la representación de las víctimas, a través del proyecto de ley 351 de 2024, que además tiene como objetivo modificar la Ley 1698 de 2013.

La propuesta, liderada por legisladores como David Alejandro Toro Ramírez y Gloria Liliana Rodríguez Valencia, respaldada por el ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez Gómez, aspira a resolver un vacío normativo histórico y a promover un enfoque diferencial e inclusivo en la justicia transicional del país.

La Ley 1698 de 2013 se centró exclusivamente en la defensa técnica de los miembros de la Fuerza Pública en procesos judiciales. Sin embargo, el proyecto de ley 351 de 2024 busca ampliar la cobertura que presta el Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec) para la representación judicial ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR y la jurisdicción ordinaria, de los miembros de la Fuerza Pública que han sufrido hechos victimizantes durante el servicio, para reducir y mitigar los efectos asociados a la defensa técnica de la Fuerza Pública ante estas instancias. Además, de ampliar este marco normativo para incluir a las víctimas de los abusos que se presentan por parte de estas autoridades, donde se han enfrentado a múltiples barreras para acceder a la justicia y a medidas de reparación integral

David Alejandro Toro Ramírez, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, ha expresado su apoyo al proyecto, destacando la importancia de reconocer y reparar a las víctimas de la Fuerza Pública, afirmando que: «Este proyecto es un paso fundamental para garantizar justicia y reparación a quienes han sufrido violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado«.

En debate realizado en la comisión segunda sobre el tema, el representante antioqueño, Juan Espinal del Centro Democrático, expresó su preocupación puesto que, en su concepto, el proyecto de ley muestra a la fuerza pública de manera errada. “este proyecto de ley puede dar una interpretación ante la opinión pública como victimarios y si bien aquí se les hace un reconocimiento a las víctimas, ……. A mí me preocupa como se ha venido debilitando el nombre de la fuerza pública, especialmente en este gobierno, la narrativa contra la fuerza pública preocupa demasiado, no es en vano que tantos hombres y mujeres de nuestra fuerza pública se estén retirando…”

A su turno el ponente del proyecto, el liberal cordobés, Andrés Calle, argumentó que: “se busca una modificación a la ley 1698, garantizando que para aquellos miembros de la fuerza pública, que han sido reconocidos como victimas ante el Sistema de Verdad, Justica y Reparación  y No Repetición, puedan tener una representación judicial, esta es una garantía para ellos, pero también para aquellos investigadores de policía judicial, que investigancasos de corrupción y puedan tener la seguridad jurídica de no ser perseguidos por su labor, estos son los dos fines del proyecto”. Puntualizó el congresista.

Gloria Liliana Rodríguez Valencia, representante a la Cámara por Cundinamarca del partido Alianza Verde, enfatizó la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención a las víctimas, y agregó: «Es imperativo que el Estado brinde garantías reales a las víctimas, y este proyecto avanza en esa dirección».

Por su parte, Christian Munir Garcés Aljure, representante a la Cámara por el Valle del Cauca del Centro Democrático, ha manifestado su preocupación respecto al proyecto, destacando que: «Aunque es esencial atender a las víctimas, debemos ser cautelosos para no deslegitimar a la Fuerza Pública ni generar una narrativa que afecte su moral y operatividad».

Los defensores del proyecto sostienen que esta iniciativa llena un vacío normativo al garantizar a las víctimas de la Fuerza Pública el acceso efectivo a justicia y reparación integral. La propuesta promueve el fortalecimiento del Estado de Derecho, al generar confianza en las instituciones mediante el reconocimiento de las víctimas que hacen parte de la Fuerza Pública y la atención de sus necesidades.

La iniciativa legislativa se alinea con estándares internacionales de derechos humanos, como los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exigen que Colombia brinde garantías legales para todas las víctimas sin excepciones. El proyecto, incorpora además un enfoque diferencial para atender a poblaciones vulnerables, especialmente mujeres, comunidades afrodescendientes e indígenas, reconociendo sus contextos específicos dentro del conflicto armado.

La iniciativa quiere evitar obstáculos en los procesos, y “propone prestar una defensa técnica que reconoce las complejidades de las investigaciones policiales y busca evitar que se desestimule a los investigadores por acciones posiblemente malintencionadas de las partes o de terceros que les obligan a incurrir en los gastos ocasionados por procesos judiciales en su contra” se advierte en el texto original del proyecto.

De otro lado, los opositores al proyecto expresan su preocupación sobre el impacto que este podría tener en la moral y operatividad de la Fuerza Pública, ya que algunos consideran que podría deslegitimar sus esfuerzos en el mantenimiento del orden. Advirtieronsobre los riesgos de duplicidad institucional con otras entidades como la Defensoría del Pueblo, lo que podría generar ineficiencias en la atención a las víctimas.

Existe un debate polarizado en el Congreso, por el contenido del texto, sus defensores lo ven como una herramienta esencial para reconocer y reparar a las víctimas de la Fuerza Pública, mientras que sus detractores advierten sobre los riesgos asociados a su implementación, tanto desde el punto de vista financiero como institucional, y temen que los nuevos mecanismos se utilicen con fines políticos, afectando la imparcialidad de los procesos judiciales.

El proyecto representa una oportunidad para que Colombia avance hacia una justicia más inclusiva y equitativa. Su éxito, dependerá de la capacidad del Congreso para diseñar una implementación que equilibre las demandas de las víctimas, con las preocupaciones fiscales y administrativas del Estado.

En palabras de Andrés David Calle, «Este es un paso crucial para que las víctimas de la Fuerza Públicaactivas y en retiro, tengan la representación y el acceso a la justicia que siempre les ha sido negado. Es hora de demostrar que nuestras instituciones están del lado de los vulnerables». Finalizó el ponente.