El cambio es con la economía solidaria y con las víctimas

Por: Representante Alejandro Toro

Uno de los aspectos fundamentales de la propuesta política del Cambio es potenciar a sectores que el modelo económico actual ha desdeñado. Desde mi curul en el Congreso de la República, y en línea con el reclamo popular del cual soy vocero, he enfocado mi trabajo en buscar mecanismos para fortalecer a la economía solidaria y para facilitar el acceso a tierras del campesinado, especialmente aquel que ha sido víctima del conflicto armado.

De acuerdo a lo estipulado en la Ley 454 de 1998, se define en Colombia a la economía solidaria como “el sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía.”

Dentro del sector solidario destacan especialmente las cooperativas, las cuales son definidas en la Declaración sobre Identidad Cooperativa como “una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada”.

En Colombia se estima que el cooperativismo cuenta con 6.351.000 asociados, equivalentes a aproximadamente el 13% de la población del país, con un impacto indirecto por razón de vínculos familiares que llega a 19 millones de personas, lo que es el 38% de toda la población colombiana.

Con 3.140 cooperativas en el país, son un tipo de modelo asociativo en el que se abren enormes posibilidades en términos de cierre de la brecha de género, teniendo en cuenta que se tienen un 49.1% de asociadas mujeres frente al 50.9% de asociados hombres, lo que va completamente en línea con los valores que rigen el cooperativismo a nivel nacional e internacional que son la autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.

Uno de los roles fundamentales que juega la economía solidaria y el cooperativismo en el país tiene que ver con la ampliación de la inclusión financiera. Para el 2018, de acuerdo a información de la Banca de Oportunidades, aproximadamente 2 millones de colombianos estaban vinculados al sector financiero del país gracias al sector solidario.

Además, gracias a políticas públicas de inclusión financiera las entidades del sector se han convertido en una opción fundamental para el acceso a servicios financieros mediante corresponsales bancarios y empresas de giros postales presente en municipios, especialmente en zonas rurales, en las cuales no hay presencia de entidades financieras tradicionales.

Este rol ha llevado que las cooperativas en el país, para 2022, hayan tenido activos por $52.8 billones de pesos, generen ingresos anuales por el orden de $31.2 billones de pesos y tengan un patrimonio colectivo que ronda los $19.1 billones de pesos.

Desde diferentes organizaciones internacionales se ha dejado clara la relevancia que tiene el sector solidario y el cooperativismo para el desarrollo económico y social de las naciones. La Recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo reconoce la importancia de las cooperativas en términos de creación de trabajo, movilización de recursos y generación de inversiones, su contribución a la economía, así como su rol en la promoción de la participación de la población en el desarrollo económico y social de los países.

 

Queda claro el potencial que tiene la economía solidaria en materia de generación de empleo, acceso al sistema financiero y participación democrática de las personas. Por esto, he buscado que acciones se pueden realizar desde el legislativo para que las cooperativas puedan crecer.

Una de las dificultades más grandes que tiene el sector, sobre todo aquellos agentes que se dedican a actividades financieras, es la posibilidad de competir con la banca tradicional, sobre todo cuando existen disposiciones normativas que generan condiciones desiguales. Está, por ejemplo, el caso de las cooperativas financieras las cuales tienen mayor tamaño que varios bancos del país, pero que tienen prohibido presentar sus productos a los entes territoriales.

Este es el objetivo principal del proyecto de ley “Competencia Justa”, con el cual buscamos que las cooperativas financieras puedan ser receptoras de los excedentes de liquidez de municipios, distritos y departamentos, recursos que no están siendo utilizados por las alcaldías o gobernaciones y que la Ley 819 de 2003 permite sean dispuestos en el sistema financiero; no obstante, los decretos reglamentarios excluyen a cualquier entidad que no sean los establecimientos bancarios.

Las cooperativas financieras, por su tamaño y solidez, son una forma de asociación cooperativa que hace parte del sistema financiero; sin embargo, se les impide disputar en las mismas condiciones que los bancos, con normas arbitrarias que les cierran las puertas. Mientras la cancha entre la banca tradicional y las cooperativas siga desnivelada, no va a existir la competencia justa.

Al lado de la economía solidaria, el acceso a tierras efectivo debe ser un motor del país, y sobre todo, el saldo de una deuda histórica que se tiene con la población rural de Colombia, particularmente la que ha sufrido las consecuencias del conflicto armado.

La Unidad de Restitución de Tierras, entidad creada con la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, es la encargada de liderar los procesos de restitución de las víctimas del conflicto armado que perdieron sus hogares. Su labor para garantizar una paz estable y duradera es fundamental, pero se encuentra lejos de lograr su objetivo de procesar 300.000 solicitudes de restitución.

Con corte al 31 de enero de 2024, de acuerdo a lo informado por la URT en su página web, sólo 15.227 solicitudes han sido resueltas mediante sentencia judicial. Apenas un 5% de la meta, cifra alarmante si se tiene en cuenta que la Ley de Víctimas perderá su vigencia en el 2031.

¿La solución? Permitir que la URT adelante el trámite de restitución en aquellos casos donde no exista ninguna otra persona interesada en el predio a restituir, sin necesidad de esperar la sentencia de un juez, situación que corresponde al 72% de los casos presentados ante los Jueces de la República de acuerdo a los datos de la Fundación Forjando Futuros. Este es el objetivo del Proyecto de Ley 280 de 2023, del cual soy autor.

La agilización del proceso de restitución de tierras es indispensable para la consolidación de la reforma agraria y la consecución de paz, y el fortalecimiento del sector solidario del país es clave para hacer realidad la economía popular.