Colombia dice no a la tortura

Por: Sandra Milena Zuluaga.

 

Cuando se menciona la palabra tortura muchas veces se remonta a la época de la conquista, a hechos aislados de la historia, pero la realidad es que en pleno siglo XXI todavía existen hechos crueles que llevan a la violación de los derechos humanos de los colombianos.

De acuerdo con Naciones Unidas la tortura es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, y así castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido.

Un informe de la Coalición Colombiana contra la Tortura, documentó 495 casos de torturas, entre los años 2015 y 2022, donde el 55% se cometieron en contra de hombres y el 12% en contra de mujeres.  Además, se identificaron 12 casos de niños, niñas o adolescentes menores de 15 años, víctimas de este delito.

Situación que de acuerdo con el análisis realizado se presenta en la mayoría del territorio nacional, con casos en 27 de los 32 departamentos. Los territorios con mayor cantidad de estos hechos son Cauca, Norte de Santander, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, con el agravante de que se intensifican en las regiones donde históricamente ha tenido lugar el conflicto armado.

Frente a los presuntos perpetradores de las violencias, se identifica en primer lugar a agentes del Estado, vinculados al 52,5% de los casos, seguido por los grupos paramilitares (14.9%) y grupos guerrilleros (4.8%).

 

La Coalición Colombiana Contra la Tortura, hace especial mención de la situación de la población carcelaria frente a torturas y otros tratos crueles e inhumanos, afirmando que estos se utilizan como método de sometimiento de las personas privadas de la libertad.

Al respecto esta organización señala que «en el sistema penitenciario colombiano se vienen presentado diferentes dinámicas de tortura como forma de gestionar e imponer el orden penitenciario a costa de la dignidad, integridad física y mental de las personas privadas de la libertad. Entre estas dinámicas encontramos el uso arbitrario y excesivo de la fuerza, aislamientos prolongados, violencia sexual y tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes de carácter psicológico”.

Para darle fin a esta situación la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de autoría del Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La iniciativa busca establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes, a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Estos órganos, el internacional y los nacionales, tendrán amplias facultades para acceder a los lugares de privación de libertad, y pueden presentar informes y recomendaciones a las autoridades para mejorar las condiciones y el trato en la detención.

Con esta iniciativa se busca revisar las condiciones humanitarias de los distintos lugares de detención, como cárceles, centros penitenciarios y celdas de comisarías, así como estaciones de policía, instalaciones de detención de bases militares, centros de detención administrativa e instalaciones para menores de edad. De igual modo se incluyen los centros de detención para inmigrantes o solicitantes de asilo, las zonas de tránsito en los puertos o aeropuertos internacionales, las dependencias de los establecimientos médicos y psiquiátricos, los hogares de atención social y otras instituciones en las que se haya ingresado a las personas en contra de su voluntad.

 

En cuanto a la forma de funcionar este protocolo, el  representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Indígena, Norman David Bañol, señaló que el protocolo “crea un subcomité internacional configurados por expertos de orden internacional y dos expertos propuestos por el gobierno colombiano para que revisen en detalle la situación de derechos humanos del Estado colombiano y puedan elaborar recomendaciones para que los distintos poderes públicos puedan incorporar y evitar estos tratos crueles e inhumanos”.

En el desarrollo de una visita, el equipo del subcomité o de los órganos nacionales estará habilitado para inspeccionar la totalidad de las instalaciones y acceder a cualquier lugar, incluyendo cocinas, comedores, baños, celdas de aislamiento consultorios médicos, etc. El equipo de expertos también podrá realizar entrevistas de manera privada y sin testigos a cualquier persona privada de libertad, o a otras

personas relacionadas, tales como oficiales de seguridad, parientes de los detenidos, personal médico o de labores, entre otros.

Esta iniciativa se sustenta en la idea de que cuanto más abiertos y transparentes sean los lugares de detención, menores serán los abusos que allí se perpetren, al reducir la vulnerabilidad e indefensión de las personas privadas de la libertad.

Garantizar el respeto a los derechos humanos cada vez es una premisa que cobra más fuerza en el país, diversos organismos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil trabajan para garantizar la protección de los derechos humanos en los distintos sectores sociales, de allí la pertinencia de esta iniciativa que, según los legisladores, ayudará a revisar el tema de hacinamiento carcelario que hay en el país y que hoy según el Inpec alcanza un porcentaje del 25,2%.

Al respecto la Coalición Colombiana Contra la Tortura en distintos informes ha expresado su preocupación por la situación de hacinamiento en las cárceles y en los centros de detención preventiva y ha reiterado que hay condiciones inaceptables en materia de abastecimiento de agua potable, atención médica y suministro de medicamentos.

Este convenio, adoptado desde el año 2002 en Nueva York ,  ya ha sido ratificado por 92 países, frente a lo que la representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez Boscán, expresó la necesidad de que Colombia adopte este protocolo,  “ ya Colombia estaba en mora , después de tantos años que ha sido aprobado , y queremos que se ratifique en Colombia para garantizar que se elimine todo tipo de tortura, no solamente en las cárceles, porque la tortura es un crimen de lesa humanidad” .

La defensa y protección de los derechos humanos ha sido una premisa del gobierno del presidente Gustavo Petro, al respecto el excanciller Álvaro Leyva, al momento de presentar esta iniciativa mencionó, “en esta administración nos hemos trazado poner por encima de cualquier otra consideración, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, el derecho de los Derechos Humanos y es una política de Estado”. 

 

Por su parte, la representante a la Cámara por Santander y presidenta de la Comisión de Infancia y Adolescencia, Erika Tatiana Sánchez, señaló la importancia de que en este protocolo contra la tortura se protejan los derechos de los menores infractores,  “tenemos que trabajar en pro de eliminar cualquier escenario de tortura en todas las instituciones, yo quiero que nos sentemos con el director del INPEC, invitar al ICBF , al sistema de protección y al sistema de responsabilidad penal de los adolescentes. Son miles las denuncias que llegan a los procesos administrativos del restablecimiento de derechos, en las formas incorrectas de atender a la población privada de la libertad y sobre todo a los jóvenes y si somos un estado social de derecho debemos vincular a todas las instituciones”.

La representante Sánchez, también manifestó que: “esta ratificación debe ser la puerta para que Colombia sea ese Estado garantista de los derechos y para que todas las herramientas que se creen en el marco legislativo propendan que protejamos a la niñez y la adolescencia en todas sus condiciones jurídicas”. 

  

Una mirada hacia la Paz Total 

Los autores de esta iniciativa en cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores, señalaron que, con la aprobación de este protocolo, se busca avanzar también en la Paz Total, lograr la reparación y la no repetición de las víctimas del conflicto armado.  “Este es un acto que convoca a la no repetición, no solamente en función de no repetir los delitos que se han cometido contra las víctimas, sino de no repetición de la vagabundería institucional de archivar estos proyectos y dejar que pasen años y años sin moverlos, como si los Derechos Humanos no fueran algo absolutamente central en la valoración de lo que significa la dignidad de la persona humana”, enfatizó en su momento el exministro Álvaro Leyva. 

Según la Comisión de la Verdad a partir de la información relatada por 9.621 víctimas del conflicto armado, 2.589 de ellas señalaron ser víctimas de tortura, es por esto que con la aprobación de este protocolo internacional se busca avanzar en la política de la paz total, que, para los autores del proyecto, debe tener en cuenta a las víctimas, a los atropellados, a los que no han sido reparados.

En medio del debate de la aprobación de este protocolo, la Comisión Segunda contó con la presencia de la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Roberta Clarke, quien destacó el trabajo que viene realizando el gobierno del  presidente Gustavo Petro en cuanto a la garantía de los derechos humanos, “estamos felices con el trabajo del Gobierno Nacional para lograr la protección de los derechos humanos,  para tomar en cuenta las inequidades históricas y para construir la paz. Más de un cuarto de las peticiones que recibimos el año pasado fueron de Colombia, por lo que estamos muy atentos a la protección de derechos humanos”, señaló la presidenta. 

Establecer estrategias y programas para atacar la tortura, y proteger a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, es lo que se espera lograr en los próximos meses luego de la aprobación final de este protocolo.

A este proyecto solo le resta un debate en la plenaria de la Cámara de Representantes para convertirse en ley de la República y de esta forma garantizar la protección de los derechos humanos de los 102.362 internos que tiene el sistema carcelario del país y la reparación de las víctimas que ha dejado los más de 50 años de conflicto armado en Colombia.