A sanción presidencial proyecto que fortalece las relaciones comerciales con Venezuela

Por: Sandra Milena Zuluaga.

Desde que inició el mandato del llamado Gobierno del Cambio, del presidente Gustavo Petro, restablecer las relaciones con el vecino país de Venezuela, ha sido una prioridad. La reapertura de la frontera en el año 2022, luego de estar cerrada por siete años, la reactivación de vuelos comerciales y el restablecimiento de
las relaciones diplomáticas, son muestra de ello.

Con el objetivo de completar las acciones de acercamiento con este país, una iniciativa busca establecer un marco jurídico que facilite y promueva las
transacciones transfronterizas de ambas naciones, con el propósito de impulsar el desarrollo productivo y comercial.

Y es que las transacciones económicas con el vecino país han disminuido en los últimos años, según cifras del Ministerio de Comercio, en el 2008, el comercio
bilateral (exportaciones más importaciones) entre Colombia y Venezuela superó los 7.000 millones de dólares; en 2020 fueron de $USD 222 millones; en 2021,
aunque presentó un aumento, solo llegó a $USD 394 millones; en 2022 ratificó la tendencia positiva y cerró en $USD 728.4 millones.

Para la representante de los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez Boscán, “uno de los principales objetivos de este gobierno es fortalecer no solamente la
integración social y económica, sino que además busca aportar de manera efectiva a la regulación de los dos países en términos de proteger recíprocamente las
inversiones de un país y del otro. Los pueblos necesitamos ese tipo de acuerdos, este tipo de proyectos de ley que nos permiten construir confianza con los países
fronterizos, especialmente”.

A través de este acuerdo binacional se busca proteger las inversiones a fin de asegurar los recursos de empresarios colombianos que hagan negocios con este
país y aumentar esas operaciones comerciales.

Para el ministro de Comercio, Germán Umaña, con esta propuesta se estaría recuperando la confianza de los inversionistas nacionales para que decidan
trabajar con el vecino país. “Todo lo que queremos es permitir que haya un mecanismo de defensa, en el caso de una violación, ya sea por expropiación o
alguna otra circunstancia, pudiendo llegar a la solución de diferencias de acuerdo con la normativa de seguridad jurídica que dan los acuerdos internacionales”, dijo.

A pesar de estas afirmaciones, para algunos representantes no es oportuno motivar a los empresarios a invertir en Venezuela, ya que aún existe una deuda de empresas venezolanas con Colombia. “La deuda hacia los empresarios colombianos ascendía a 300 millones de dólares, es propicio que el Ministerio de
Comercio mencione cómo va esa deuda, si se ha recuperado. Yo no veo este proyecto con buenos ojos porque creo que equiparan cargas cuando las
condiciones no son de igual a igual, no creo que sea conveniente”, mencionó el representante de la U, Álvaro Londoño.

Al respecto, este nuevo acuerdo establece que no se aplicará a controversias que se hayan producido antes de su entrada en vigor.
Según cifras de Analdex, Asociación Nacional de Comercio Exterior, el año pasado el comercio total entre Colombia y Venezuela alcanzó 804 millones de
dólares, un crecimiento de 8.7% frente al año inmediatamente anterior. Por lo que desde la Cámara de Representantes se espera que con la aprobación de esta
iniciativa sigan en crecimiento estas cifras.

“Es la oportunidad de que nosotros podamos establecer un marco jurídico para que nuestros ciudadanos puedan hacer intercambios con el país bolivariano. Yo
creo que es una responsabilidad como congresistas, en un gobierno del cambio debemos decirles a nuestros conciudadanos que lo que pasó anteriormente no
vuelve a pasar”, señaló el representante liberal Jhoany Palacios.

Los principales productos que Colombia exporta a Venezuela son abonos minerales, alimentos para animales, productos de panadería y artículos de
confitería, mientras que los productos que más se importan son el hierro, acero y los papeles de uso doméstico.

La iniciativa presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Ministerio de Comercio de Colombia establece que este acuerdo es un importante
paso para normalizar las relaciones económicas entre ambos países, ya que dicho instrumento jurídico establece una serie de reglas claras y condiciones de
protección para el flujo de inversión transfronteriza entre los estados parte del acuerdo.

Lo anterior facilitará la inversión transfronteriza entre ambos países y ofrecerá confianza a los inversionistas venezolanos que quieran iniciar y expandir sus
negocios en Colombia, así como a los inversionistas colombianos que quieran invertir en Venezuela.

Además, consideran que teniendo en cuenta las señales de estabilidad macroeconómica y los signos de crecimiento que está mostrando la economía
venezolana, este país vecino tiene el potencial de convertirse en un importante socio para Colombia en materia comercial y de inversión.

Para el ministro Umaña, sin este acuerdo en la parte comercial, el país estaba en el limbo desde el punto de vista jurídico. “Básicamente lo que estamos complementando es un paquete de acuerdos en transporte, en lo comercial, que ya están aprobados en este Congreso y ahora en inversión para dar esa seguridad
jurídica y tener esa reciprocidad, y aclaró, hay que facilitar el comercio, pero evitar el contrabando”, advirtió.

Para la representante Erika Sánchez, con la aprobación de este acuerdo “se podrán brindar las garantías para que el sector productivo pueda contar no
solamente con todo el respaldo normativo y jurídico, sino también con las mismas garantías que cuentan los países para el tema de la importación y exportación. Mi
departamento fue muy afectado por el cierre de la frontera y esta es la oportunidad para establecer un marco jurídico que promueva y que permita facilitar las
inversiones directas”, puntualizó.

Por su parte, el representante indígena Norman David Bañol, consideró que “es un logro importante que este proyecto se haya presentado en cabeza del Gobierno
nacional, importante reconocer que la finalidad de este proyecto de ley es buscar la protección de los bienes, de la soberanía y la autodeterminación de ambos
países, así que aquí no estamos solamente pensando en la protección de los connacionales, sino de los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela”.

Con esto se espera contribuir al fortalecimiento y crecimiento de ambas economías con reglas de juego claras que les permitan a los empresarios un
esquema apropiado que proteja sus recursos.

Posiciones encontradas en su último debate

En medio de la discusión del último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, se presentaron distintas posiciones entre quienes consideran oportuna la iniciativa y quienes no ven beneficiosa su aprobación por la situación política de Venezuela y pidieron su archivo.

Para algunos representantes, este tratado es fundamental para proteger a los empresarios y seguir reactivando la economía, sobre todo en zonas fronterizas,
pues no hay que olvidar que nuestro país comparte más de 2.219 kilómetros de frontera con el vecino país.

Al respecto, el representante del Centro Democrático, por el departamento Norte de Santander, Juan Felipe Corzo mencionó: “hemos tenido la oportunidad de reunirnos con empresarios, con comerciantes y el sector aduanero de nuestro departamento y nos han pedido encarecidamente, que aprobemos este proyecto que generará oportunidades de desarrollo”.

De acuerdo con datos de la Cámara de Comercio de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander hay 90 mil registros mercantiles, por lo que para
representantes de la entidad, es oportuna esta iniciativa para seguir fortaleciendo al sector empresarial de la región.

“Este acuerdo es de vital importancia para la región y para todo el país, históricamente, la relación con entre los dos países ha tenido unos altibajos, y hoy
en día que la frontera está abierta, la situación ha mejorado demasiado, con este proyecto vamos a atraer la inversión extranjera a nuestra región, hay que recordar
que el desarrollo económico, trae desarrollo social”, afirmó Diego Gómez, representante de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

Del mismo modo, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce MacMaster, reafirmó la pertinencia de la iniciativa al señalar que para el empresariado es mucho mejor tener este acuerdo que no tenerlo. “Creemos que es muy importante que la actividad económica tenga reglas claras, tenga protecciones, este tratado, para los empresarios colombianos significa protección, significa reglas de juego que ahora no tenemos”, dijo.

De otra parte, sectores de oposición consideran que esta iniciativa no trae garantías a los empresarios por la situación de riesgo de la democracia venezolana y más
en la coyuntura de próximas elecciones en este país. “La dictadura venezolana muy seguramente no va a respetar este, ni ningún acuerdo, porque no está en su naturaleza. Me parece es una mala señal del Congreso, que apruebe esto sabiendo la manera como se está estrangulando los restos de democracia que hay en ese país, estamos advirtiendo de que esto va a ser letra muerta, este papel no va a dar ningún tipo de garantía”, puntualizó el representante Andrés Forero en medio de la discusión de este tratado.

A su vez el representante José Jaime Uscátegui cuestionó la prioridad que este gobierno ha dado a este acuerdo, pues no ha ratificado lo establecido con otros
países, “por qué si hay un acuerdo con España, con Emiratos Árabes, con Brasil, con Turquía; ninguno de esos se ha traído para ratificación al Congreso, será que hay un interés particular cuando se trata de la dictadura, que tantos dolores de cabeza nos generan. Con deudas a empresas colombianas, cómo el país puede creer en este acuerdo, este es un acuerdo ineficaz”.

A pesar de las distintas posiciones, la iniciativa fue aprobada en su último debate y solo resta que el presidente Gustavo Petro la sancione para que se convierta en
Ley de la República.