¿Este es el año de los incendios forestales?

Por: Catalina Cadena Romero. 

El agresivo fenómeno de El Niño ha tomado por sorpresa al país este año, provocando sequía e incendios forestales que han afectado áreas de protección especial natural que son vitales para el suministro de agua y aire, también las áreas urbanas se han visto impactadas. Este fenómeno climático afecta la calidad de vida de la fauna, la flora y los seres humanos. Desde la Cámara de Representantes se están adelantando iniciativas que buscan proteger las áreas de importancia ecológica que se ven afectadas por estos incendios y restaurarlas para procurar una estabilidad ambiental para los ecosistemas del país.

Según reportes de incendios forestales, en lo que va del año, en el país se han registrado 372 conflagraciones que han afectado a 404 municipios y 17.192 hectáreas de vegetación, esto de acuerdo con los datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres (UNGRD).

Por su parte el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM, reportó con corte al 14 de abril, un total de 746 municipios que tienen algún tipo de alerta por incendios, de esos, 293 están en alerta roja, 261 en alerta naranja y 192 en alerta amarilla.

El panorama es preocupante y a pesar que se esperaba que en marzo empezaran las lluvias, fue un mes bastante seco; según autoridades como la ministra de Ambiente Susana Muhamad, el fenómeno de El Niño ya se está debilitando y para abril se registraron más lluvias en el país. La jefa de la cartera también afirmó que el 95% de los incendios forestales son provocados por causa de acciones humanas, sea por accidente o premeditados, por eso hizo un llamado a tomar conciencia y ser cuidadosos en estos momentos tan vulnerables para los ecosistemas.

De acuerdo con la directora del IDEAM, Ghisliane Echeverry, “existen varios factores que impactaron adicionalmente al fenómeno de El Niño y que han propiciado un clima seco cuando se esperaban lluvias, entre ellos está el debilitamiento de los vientos por una anomalía térmica en el Océano Atlántico, sumado a la zona de convergencia intertropical que ha estado bastante débil, lo que ha hecho que la temporada de lluvias no se instale como se esperaba”.

Todas estas situaciones humanas y climáticas que provocan lo incendios forestales en el país, dejan ver la precariedad con la que trabajan los bomberos. En el país apenas existen 20.000 bomberos, que llegan a laborar 24 horas y son un sector poco visibilizado, que ha tenido más fuerza en los últimos meses debido al trabajo que han adelantado para controlar y apagar los incendios que se han presentado.

Pero este gremio manifiesta que aún necesitan más apoyo en materia de presupuesto y personal para atender de manera adecuada las emergencias que se presentan en el país. Por su parte el Gobierno Nacional se comprometió a impulsar un proyecto de ley que permita importar vehículos de emergencia y a estudiar si se puede exonerar del IVA los bienes y servicios que contraten los bomberos.

Precisamente en la Cámara de Representantes se radicó un proyecto de ley que busca proteger las áreas de especial importancia ecológica que están siendo afectadas por incendios forestales, prohibiendo que sobre las mismas se desarrollen procesos de cambio en la clasificación de uso del suelo o procesos de sustracción de áreas, con el propósito de evitar que se habiliten estos terrenos para explotación económica.

Uno de los ponentes de esta iniciativa, el representante a la Cámara por Santander de Alianza Verde, Cristian Avendaño, advirtió que en Bucaramanga se identificaron casos de incendios forestales provocados a propósito con fines criminales. “Esto para sustentar la pérdida de las funciones ecosistémicas, quitarle ese amparo, cambiando así el uso del suelo o volteo de tierras y desarrollando otro tipo de actividades como la construcción o minería que deterioran estos terrenos y afectan al medio ambiente”.

Avendaño también agrego que “debe existir un registro para que la gente pueda hacerle seguimiento a la recuperación ecosistémica de los predios y desde el Ministerio de Ambiente articular con las entidades territoriales, las corporaciones autónomas regionales y demás entes competentes, lo necesario para recuperar las funciones ecosistémicas de estos predios”.

Otro de los ponentes de esta iniciativa, el representante Andrés Cancimance del Pacto Histórico por el Putumayo, advierte que es urgente proteger los ecosistemas “pues no es la primera vez que ocurre en un país como Colombia el sistema de volteo de tierras es una realidad que enfrenta Latinoamérica”.

Los propósitos principales que enmarca este proyecto son prohibir que en áreas protegidas en las cuales ocurrieron estos incendios se realicen cambios de uso de suelo en 20 años, llevar un registro de las tierras afectadas para realizar una veeduría o un control sobre esos predios, adelantar una caracterización del escenario de riesgo por incendio forestal y  que a través del Ministerio de Ambiente se articulen esfuerzos con entidades como las Corporaciones Autónomas Regionales o Corporaciones de Desarrollo Sostenible, para recuperar las funciones ecosistémicas de las superficies que se encuentren incineradas.

Otro de los autores de la iniciativa el representante a la Cámara por Nariño, Erick Velasco, del Pacto Histórico, manifiesta que en su departamento entre junio y diciembre de 2023, hubo más de 751 incendios forestales en hectáreas que estaban ubicadas en zonas de páramo, situación que preocupa por la afectación al medio ambiente.

De otra parte, el vallecaucano Duvalier Sánchez, de Alianza Verde, añadió que en su departamento se han presentado más de 400 incendios forestales que afectan los suelos más ricos para la producción de agua y la forestalidad.

Esta iniciativa debe enfrentar cuatro debates en el Congreso, primero en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y luego en la plenaria, posteriormente pasará al Senado, iniciando en la Comisión Quinta y después a plenaria, si alcanza a superar el trámite en el plazo máximo, quedará sujeta a sanción presidencial. Un trámite que necesita aproximadamente nueve meses y que se requiere con urgencia para garantizar la protección de los ecosistemas y un ambiente óptimo para la flora, fauna y los habitantes de todo el país.