El cambio también es con los afros

El Plan Nacional de Desarrollo contempla una inversión de 19 billones de pesos para las comunidades étnicas del país. En el siguiente artículo conversamos con representantes y expertos en el tema para conocer cómo se invertirán los recursos para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y si lo propuesto en el documento aportará al cierre de las brechas históricas.

Por: Vanessa Márquez Mena

Colombia votó por un cambio, y en ese cambio están incluidas las poblaciones y comunidades que históricamente han sido vulneradas en sus derechos fundamentales. En la actualidad, y según las cifras del DANE, la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera (NARP) en Colombia es de 4.671.160 personas, y de acuerdo con las cifras presentadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de los hogares étnicos sobrepasa el promedio nacional en comparación con el resto de la población.

Apuntar a la solución de las problemáticas estructurales es una de las premisas del PND 2022 – 2026, que busca en ese periodo de cuatro años incluir el programa de fortalecimiento para las comunidades afrocolombianas, que tendrá un techo de recursos de 500 mil millones de pesos para el cuatrienio, el cual se espera alcanzar de manera gradual y sobre la base de resultados en 19 dimensiones: salud, bienestar familiar, mujer, género y diversidad, territorio, medio ambiente, iniciativas productivas, minería, fronteras y cooperación internacional, desarrollo económico, derechos humanos, víctimas, tecnologías de la información y la comunicación, vivienda e infraestructura, tema público político y participación, territorios PDET, acuerdos de paz, justicia, educación, cultura y deporte.

La presidenta de la Comisión Legal Afrocolombiana de la Cámara de Representantes, Astrid Sánchez Montes de Oca, manifestó: “hemos analizado el PND hoja a hoja y creo que no propone algo que califiquemos preliminarmente como negativo. Establece, según el criterio de quienes lo proyectaron, una ruta de bienestar”.

A su vez, la representante argumentó que “tal vez no se logre atender al 100 % las necesidades y la deuda histórica de estos pueblos que, según las cifras del DANE, ganan como retribución laboral un 20 % menos del promedio nacional; pero si empezamos a dar respuesta sostenidamente en el tiempo pronto la historia de nuestros pueblos será otra, eso es lo más importante de todo este Plan”.

En la actualidad las cifras de estas comunidades siguen estando por debajo de todos los promedios; para Ilex Acción Jurídica, organización liderada por abogadas afrodescendientes, “los escenarios de marginalidad y exclusión se traducen en desproporcionada concentración de pobreza económica, falta de acceso a vivienda, a educación de calidad, a participación en escenarios de la vida pública, limitadas oportunidades de empleo, excesiva exposición a contextos de crimen y violencia, y en la construcción de imaginarios colectivos que perpetúan estereotipos, estigmas y prejuicios en contra de las personas afrodescendientes”.

Para las abogadas de esta organización, el PND es el instrumento de planeación que mejor ha interpretado e incorporado en la agenda gubernamental las necesidades de las comunidades negras. “En el PND se reconoce la necesidad de establecer políticas y medidas diferenciadas que permitan reducir los niveles de pobreza extrema y multidimensional que tienen los hogares conformados por miembros de comunidades negras e indígenas, pues estos reportan sustancialmente mayores rezagos en comparación con el resto de la sociedad”.

Para el representante Cristóbal Caicedo, del Pacto Histórico, este PND es el más progresista que se ha formulado y se basó en vincular a todos los sectores sociales a través de los diálogos vinculantes: “el cambio también es con los afros, por eso debemos resaltar que se tuvo en cuenta las ciudades principales de nuestro Litoral Pacífico. Ahora, cuando revisamos el presupuesto, observamos que hay una suma considerable, pero debido al alto número de integrantes de las comunidades, consideramos desde la Comisión Accidental Afro la cual dirijo, que es necesario aumentar esta cifra”.

Proposiciones radicadas para robustecer el PND

Justamente, para los representantes, lo más importante no es evaluar si el PND quedó bien escrito, sino identificar si va a ser funcional y cumplirá lo que se pacte. En ese sentido, el representante Caicedo puntualizó: “desde la Comisión Accidental Afro hemos realizado la revisión y acompañamiento al PND en conjunto con la Comisión Legal Afrocolombiana, donde decidimos organizar un solo paquete de proposiciones avaladas por todos los 32 miembros de la Comisión”.

Mejorar lo escrito y propuesto por el Gobierno en el PND ha sido clave para la identificación de aspectos que se deben tener en cuenta para complementarlo en beneficio de los más de 4 millones de personas que integran las comunidades afrocolombianas que habitan y aportan al territorio colombiano.

Estas son algunas de las propuestas que han presentado los representantes de la Comisión Afro, Ana Rogelia Monsalve, Astrid Sánchez, John Fredy Valencia Caicedo y Pedro Baracutao García:

Que se garantice la inclusión e implementación efectiva del enfoque diferencial e interseccional indígena, afrocolombiano, palenquero y raizal en todos los ejes de transformación y en los ejes transversales del PND.
Que se especifique el monto exacto y los proyectos destinados para los pueblos negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros e indígenas.
Que se destine la compensación predial de los territorios colectivos de las comunidades negras.
Creación de las entidades territoriales de las comunidades.
Organizar la Región de Planeación y de Gestión del Litoral Pacífico. Esto significa devolver un 50 % del IVA sobre el valor de los productos que ingresan anualmente por los puertos de Buenaventura y Tumaco a los municipios de La Tola, Tumaco, Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, el Charco, Santa Bárbara Iscuandé, Roberto Payán, Magüí Payán, Barbacoas, Litoral de San Juan, Guapi, Timbiquí, López de Micay y Buenaventura.
Que las empresas generen empleo y desarrollo en municipios con alta presencia étnica tengan exenciones en el impuesto de renta.
Creación de la “Subcuenta Pacto por el Chocó – Tumaco”, que tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible en las tres cuencas hidrográficas de estas regiones.
Dentro de las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales se solicita priorizar el proyecto para la adquisición del lote para la ampliación del Distrito de Policía de Quibdó.
Que, dentro del Programa de Renta Ciudadana, se cree el subprograma Fondo para la dotación de factores de producción y la competitividad para las comunidades NARP.
Disminuir en un 30 % los giros postales en zonas rurales mediante la inclusión del programa de Giros Postales para la Paz.

Salud y seguridad afro en el PND

Hacer de Colombia una potencia mundial de la vida es el gran objetivo del PND, sin embargo, en zonas donde habitan comunidades negras y donde la violencia se ha arraigado profundamente, es casi imposible que se logren desarrollar cabalmente cualquier tipo de programa o proyecto si primero no se silencian las armas.

La representante Sánchez mencionó que uno de los pilares en el área de la salud que propone el Gobierno es llevar agua potable a estos territorios. De 50 municipios del Litoral Pacífico hoy se adelantan proyectos de acueducto, saneamiento, electricidad y conectividad en 35, pero ninguno está terminado, y una de las razones son las condiciones en materia de orden público.

“Por eso, veo con preocupación que en el PND la variable de seguridad no esté resuelta en la mayoría de los municipios del Pacífico colombiano”, señaló la representante.

La implementación de la Ley 70: del papel a la realidad

La que se considera la máxima conquista de las comunidades étnicas frente a jurisprudencia fue la Ley 70 de 1993, la cual reconoció a las comunidades negras como sujetos de derechos e incluyó mecanismos para la protección de la identidad cultural y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que los y las afrocolombianas obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades.

Aunque esta ley fue sancionada hace 29 años aún no se termina de implementar, y este capítulo pendiente en la historia política de las comunidades se espera saldar con la implementación del PND del actual Gobierno. “Como eje central para el desarrollo cabal de las políticas de nuestros pueblos esperamos la reglamentación de la Ley 70 de 1993 que reconoce la propiedad colectiva de los territorios negros, afros, raizales y palenqueros de Colombia”, finalizó la representante Sánchez.

Sin duda el PND se convierte en una esperanza para las comunidades afro que también han sido pilar para la construcción de la Nación desde los conocimientos ancestrales y contemporáneos. Esta ruta de gobierno debe ser central para cerrar las brechas de desigualdad y propender por un mejor bienestar para toda la comunidad.

Foto de portada: Ministerio de Cultura