Propuestas y discordias sobre la Reforma Laboral

El 16 de marzo fue radicado en el Congreso de la República el Proyecto de Ley Reforma Laboral “Trabajo por el Cambio”, con 76 artículos con los que el Gobierno Nacional busca sentar las bases para lograr “justicia en las relaciones de trabajo, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social”.

Por: Sergio Segura

Esta reforma persigue la modificación de al menos 40 leyes y artículos del Código Sustantivo del Trabajo (CST), en especial, los puntos que favorecen directamente a los trabajadores: estabilidad laboral, corrección de normas regresivas, trabajo rural, futuro del trabajo, equidad y ajuste salarial. Adicionalmente, el articulado del proyecto desarrolla el sustento normativo para el fomento de la asociación sindical y la protección de los trabajadores ante despidos injustificados.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, fue enfática en que la reforma busca priorizar los contratos a término indefinido, pues, en la actualidad, la mayoría de contratos operan bajo la modalidad de prestación de servicios, los cuales se caracterizan por ser contratos sin relación laboral y por tiempos cortos de duración, lo que, según la jefa de la cartera que maneja asuntos laborales, genera inestabilidad e incertidumbre permanente, también denominada “tercerización laboral”.

Sobre estos puntos conversamos con voces que se desencuentran en sus posiciones; por un lado, el empresario Germán Rodríguez, integrante de la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Empresas (Acopi), quien no solo considera que la reforma es innecesaria, sino que además la ley laboral debe flexibilizarse: “(…) es una reforma encaminada a mejorar la vida y el poder de las directivas sindicales. Desde la agremiación Acopi se plantea que si las cosas no se pueden dejar como están, se deben modificar casi todos los puntos, uno por uno, pues se está conduciendo a la paralización productiva”.

En ese sentido, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Gabriel Becerra, puntualizó sobre el trabajo que debe realizar el Legislativo, asegurando que es una reforma que coincide con la necesidad de retornar los derechos que vienen siendo suprimidos desde los años 80, yendo en consonancia con el cumplimiento del artículo 53 de la Constitución Política y las exigencias internacionales: “(…) se modifican el artículo 4 que, a través de la modificación al artículo 45 del CST, establece la contratación a término indefinido como la regla general y no la excepción. El artículo 5, que a través de la modificación del artículo 45 del CST, señala algunos límites al contrato a término fijo y contrato por obra o labor”.

Desempleo e informalidad

Existe preocupación de algunos sectores económicos por las posibles cargas que la Reforma Laboral representaría para empresas y empleadores. Se debe tener en cuenta que el promedio de factor prestacional en Latinoamérica es del 27,3 %, siendo Colombia, con 38,4 %, el tercer país de la región más costoso en los procesos de contratación.

Según Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, esta reforma afecta negativamente el desarrollo empresarial ya que perjudica el proceso de contratación formal. Sin embargo, según palabras del presidente Petro en el acto simbólico de radicación, esta reforma, por el contrario, persigue la dignificación del trabajo y el reconocimiento de la labor de los ciudadanos.

En la misma línea, la ministra de Trabajo ha recalcado que la productividad de los últimos veinte años ha sido sostenida por la informalidad, por lo que la tercerización laboral profundiza las desigualdades y no puede ser el futuro de los jóvenes: “abaratar los costos del trabajo no acaba la informalidad, la fuerza de trabajo es la que produce la riqueza (…), el empleo no lo genera la empresa, sino que es una política de Estado”. La ministra también resaltó que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se define como prioridad la industrialización como motor del desarrollo del país. Además, aseguró que el presupuesto de la Nación ya está dinamizando la economía popular y la Mesa de Empleo y Empleabilidad para contarle al país sobre las rutas diseñadas.

En contraste, el representante de Acopi considera que no se puede alcanzar el nivel de los países ricos trabajando menos: “Se necesitan más empresas y más trabajo, no más subsidios. Con datos a 31 de diciembre de 2022, se tiene que, dentro de la gente en edad de trabajar, donde se incluyen los desempleados, los informales y los inactivos, solamente el 23.6 % tiene un empleo formal. El resto, el 76.4 %, no trabaja o es informal. De aquí se ve que toda esta reforma y lo que salga de esta solo cobija a ese 23.6 %. Se sigue legislando para consentir una minoría y discriminando legalmente al resto. Dentro de este 23.6 % se incluyen los servidores públicos y la Policía; así la informalidad y el desempleo aumentarán. El recaudo por impuestos a las empresas irá disminuyendo paulatinamente y la pobreza crecerá”.

De lo anterior, el congresista Becerra afirmó que tal situación se da debido a la diversidad de modalidades de contratación donde se encubren verdaderas relaciones de trabajo: “Estamos en un país en el cual la gente constantemente está buscando empleo porque tienen contratos de prestación de servicios a 3 o 6 meses, contratos a término fijo a 8 meses. Una sociedad que simplemente trabaja para subsistir difícilmente va a poder invertir, consumir, ahorrar y mover la economía”.

Igualmente, recordó que una de las estrategias del Ministerio del Trabajo es el “Programa Fomento al Emprendimiento”, a través del cual se subsidian porcentajes del salario mínimo en las pequeñas y medianas empresas por formalización laboral, lo cual ha generado 740.000 nuevos empleos. Además, se debe tener en cuenta lo establecido en el PND, que busca promover procesos de asociatividad, apalancamiento financiero de la economía popular, entre otras medidas que, comprendido como un todo, va hacer que haya un crecimiento económico con garantías para todos y todas”.

Plataformas digitales y el retorno de derechos laborales

Uno de los debates más polémicos es alrededor de las normas relativas a la estabilidad laboral y modalidades contractuales. La propuesta radica en organizar la regulación para su funcionamiento bajo la normatividad vigente, donde los trabajadores sean vinculados a un contrato de trabajo con derechos y garantías.

Según el representante Becerra, modalidades como el contrato de aprendizaje, el trabajo en plataformas digitales tecnológicas de reparto, el trabajo agropecuario y el trabajo de las personas migrantes, esconden muchas veces relacionales laborales de explotación.

“En la reforma se reglamenta este asunto en los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Inicia por definir qué se entiende por trabajador/a digital en servicios de reparto o entrega y a las empresas de plataformas digitales. Indica la obligación de afiliar a los trabajadores a la seguridad social de manera proporcional por el tiempo que efectivamente laboren”. El congresista añadió que las medidas de transparencia, supervisión y control serán reglamentadas entre el Ministerio del Trabajo y Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Y agregó: “Según un estudio del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, el 81 % de trabajadores de una plataforma, la más grande del país, depende enteramente de esta APP para generar ingresos, el 54 % no está afiliado a salud, el 93 % no cotiza pensión y el 91 % no testa afiliado a ARL. Muchos de ellos trabajan más de 48 horas a la semana. El 63,2 % sufrió algún accidente de trabajo y el 66, 7% contrajo alguna enfermedad. Si estas cifras no nos dicen nada de la necesidad de humanizar esta labor creo que hay que hacer una reflexión colectiva como sociedad pues estamos ante fenómenos que pueden rayar con la esclavitud”.

Ahora bien, de ser aprobada la reforma, volverán los derechos modificados por la Ley 100 de 1993, como el pago de los recargos dominicales y festivos, pasando del 75 al 100 %, así como la recuperación de la jornada nocturna de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. Así, la jornada laboral máxima será de 8 horas diarias y 42 horas semanales.

Mesas de concertación y acompañamiento internacional

Desde noviembre de 2022 comenzó la elaboración de la Reforma Laboral y el Estatuto del Trabajo con un diálogo tripartito y participación de diferentes sectores sociales. El Gobierno convocó mesas de diálogo con los gremios productivos y sindicatos para revisar los borradores de los proyectos de reforma laboral y pensional, donde además hubo acompañamiento de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Interamericana de Seguridad Social (OISS), el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El congresista del Pacto Histórico detalló el proceso: “Además de las sesiones técnicas de la subcomisión de Reforma Laboral, se realizaron más de veinte reuniones de las subcomisiones departamentales ampliadas, seis mesas técnicas con personas expertas, ocho encuentros con diferentes sectores y una herramienta digital de libre acceso para que la ciudadanía remita sus aportes. Este es un proyecto que ha sido ampliamente discutido, debatido y que seguramente será objeto de mucho más intercambio a nivel de Gobierno, Congreso, academia, organizaciones sociales y sindicales, así como de la sociedad civil, con el fin de llegar a la mejor reforma laboral posible”.

Trabajo rural y contrato agropecuario

El proyecto incluye un capítulo dedicado al área rural, donde se especifica que, dentro de las necesidades alrededor del trabajo rural, se crea la figura de contrato de trabajo agropecuario (no aplica para el sector agroindustrial). A su vez, el Gobierno propone la creación de un fondo para indemnizar trabajadores despedidos por el cierre de actividades extractivas, aumentar la licencia de paternidad y establecer el aumento anual de todos los tipos de salarios (no solo del salario mínimo).