Los bienes de la mafia, proyección 2026

El objetivo de la actual Sociedad de Activos Especiales (SAE) es el de fortalecer la economía popular y la transformación productiva del país.

Por: Sergio Segura

La SAE es una entidad de economía mixta adscrita al Ministerio de Hacienda que administra los bienes incautados procedentes de economías ilícitas. Administra, gestiona y democratiza activos (propiedades de lujo, empresas y tierras) por alrededor de 8.7 billones de pesos, lo que es equivalente al 40 % de lo que se recaudará en la Reforma Tributaria.

Ha cambiado radicalmente en el último año bajo la dirección de Daniel Rojas Medellín, actual presidente de la Sociedad y funcionario encargado de rendirle cuentas al Gobierno Nacional sobre los bienes incautados a la mafia. El presidente de la SAE, además, hace parte del gabinete estratégico para la Reforma Rural.

Ahora bien, el presidente Gustavo Petro le confió un objetivo concreto: que estos bienes sean la base de la nueva economía productiva administrada por organizaciones campesinas. Pero Rojas se encontró con una entidad que brilla por los manejos irregulares de gobiernos anteriores, la falta de inventario de predios millonarios y la debilidad informática que permite el acceso “de cualquier persona” a las bases de datos.

No obstante, la SAE, se proyecta para 2026 como una entidad que contribuye a la reparación de las víctimas del conflicto y a la Paz Total de los territorios, por lo que será clave la atención sobre la administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), con la que la SAE organiza la distribución y productividad de los bienes con extinción de dominio o medida cautelar.

De las organizaciones criminales a las organizaciones sociales

El nuevo modelo de ‘depositarios’ y ‘gerentes populares’ fue socializado a través de convocatorias regionales donde se ofertó la posibilidad de que, por primera vez, este tipo de activos sean administrados por organizaciones sociales: populares, campesinas, étnicas, juveniles, estudiantiles, de mujeres, LGBTIQ, firmantes de paz y sujetos de especial protección constitucional, con el fin de generar productividad y valor público.

Por ejemplo, bajo la figura de gerente popular, la SAE entregó a Ubaldina Valoyes, medallista olímpica, el gimnasio Gym Box Plaza, en Villavicencio, con el fin de beneficiar a niños y niñas de barrios populares de la ciudad y de generar un espacio deportivo con rentabilidad.

Del mismo modo, desde las ‘alianzas público-populares’, se vienen entregando los derechos de uso de predios rurales con vocación agrícola y agropecuaria, lo que para el Gobierno es una herramienta para la vinculación de campesinos a las estrategias de soberanía alimentaria, además de acciones que impulsan la pretendida Reforma Agraria.

Ahora bien, desde la estrategia “Activos por el Cambio”, se llegó al departamento de Sucre entregando predios que fueron de un testaferro de Enilce López (“La Gata”), otro del Clan Úsuga y otros más de responsables de corrupción y narcotráfico. Los derechos de uso se otorgaron a damnificados por el invierno, a mujeres artesanas y cabeza de hogar, comunidades indígenas y familias campesinas.

También, La Hacienda Támesis, en Montería (Córdoba), anteriormente de los “hermanos Castaño” de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue entregada a 50 familias campesinas para la ejecución de proyectos productivos. Igualmente sucedió en Zarzal (Valle del Cauca), donde una finca de mil hectáreas, donde operó el Cartel del Norte del Valle del narcotraficante “Don Diego”, beneficiará laboralmente a 39 familias integrantes de la Fundación Ser, Trabajo y Paz, esperando aportar a la soberanía alimentaria de la región.

En Simijaca (Cundinamarca), se entregó La Hacienda Granada en contrato de arrendamiento a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), con el fin de beneficiar a 100 familias en el marco de un proyecto productivo de explotación ovejera y agrícola de mediana intensidad. 44.8 hectáreas de terreno y más de 900 metros cuadrados donde trabajarán campesinos de diferentes municipios del departamento de Boyacá. Cabe recordar que, este predio, fue recuperado en 2021 del general retirado Rodolfo Palomino y se encuentra en proceso de extinción de dominio. Según la SAE, pudo haber sido adquirido de manera irregular por parte del exgeneral de la Policía.

Es curioso, o por lo menos preocupante, que una entidad que maneja recursos millonarios procedentes de los eslabones más altos de la violencia y la corrupción, fuera tan desconocida para gran parte país. En todo caso, es positivo que bienes y terrenos que anteriormente fueron epicentro del despojo hoy se proyecten como base de trabajo y dignidad para las comunidades.

Foto de portada: Sociedad de Activos Especiales