Marrakech: Colombia en acuerdo internacional que regula la actividad pesquera

Las acciones del Acuerdo Internacional Marrakech se cumplirán conforme con lo pactado en el Consejo General de la Organización Mundial de Comercio (OMC) celebrado en Suiza en junio de 2022.

Por: Ricardo Cáceres Acosta

Mediante un proyecto de ley aprobado en primera instancia en sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, se adoptó aplicar el Protocolo Internacional de Enmienda de Marrakech, donde se buscará la regulación de la pesca marina.

El contenido del texto propuesto por la entidad internacional es acogido mediante la iniciativa que busca proteger el recurso pesquero y establecer condiciones especiales en dicha actividad, tanto en la modalidad industrial como artesanal, las cuales apuntan a regular la actividad con el objetivo de evitar la sobreexplotación y exterminio de la fauna marina.

Por su parte, los responsables para que se aplique el convenio para el país, fueron los congresistas de la Comisión Segunda Alexander Guarín (Guainía), Carlos Palacio (Chocó), Elizabeth Yay-Pang (San Andrés) y Mary Anne Andrea Perdomo (Santander), quienes lideraron las ponencias para aprobar el protocolo e insertar el texto del acuerdo sobre las subvenciones a la pesca que se establecieron en el Consejo General de la OMC, celebrado en Suiza el 17 de junio de 2022.

El país adoptará las medidas pertinentes en la actividad pesquera donde se destaca evitar la sobrecapacidad y la sobrepesca para los países en vía de desarrollo, así como los que ya forman parte de la OMC.

Es de señalar que Colombia, con la aprobación de esta inclusión para ser parte del tratado, también lo será en las políticas internacionales para aplicar las subvenciones.

Ahora bien, el proyecto contiene tres puntos con los que se acoge al Protocolo de enmienda al Acuerdo de Marrakech sobre subvenciones a la pesca y aclara que,  conforme a la Ley 7ª de 1944, la aprobación del Protocolo solo obligará a Colombia a partir del perfeccionamiento del vínculo internacional, el cual se alcanza con los actos de ratificación por parte del Gobierno Nacional y se determina que la vigencia de la ley aplicará a partir de su publicación y después de ser aprobada en su totalidad en los debates respectivos del Congreso.

La importancia del Acuerdo por la condición bioceánica de Colombia, y la relevancia que para los territorios marítimos y costeros del país implica su ratificación, en tanto va dirigido a la prohibición de subvenciones a la pesca perjudicial marina contribuyendo, de este modo, a la protección de los recursos marinos y el desarrollo de la pesca de una manera adecuada y protegida.

Antecedentes del acuerdo de la OMC

El acuerdo internacional de la OMC sobre la protección y regulación de la pesca se ha considerado por los organismos internacionales como un acuerdo histórico, si se tiene en cuenta que el objetivo que se busca con los países miembros es el de garantizar la sostenibilidad de los océanos por su potencia alimentaria y el comercio internacional de sus recursos, como también eliminar practicas negativas que afectan el recurso, como es la sobrepesca y otras actividades perjudiciales relacionadas con la pesca.

Así mismo, se busca que sea una actividad sostenible para garantizar la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de sostenibilidad para las poblaciones, en especial a los países en vía de desarrollo, y regular a las otras naciones en sus prácticas industriales.

Otro aspecto que se menciona en el citado acuerdo, además de la prohibición del exceso de capacidad y la sobrepesca, es el de eliminar las subvenciones que apoyan la pesca no declarada y la no reglamentada, ya que contribuyen al deterioro del ecosistema y la eliminación de la fauna marítima con perjuicio para la humanidad.

Cabe recordar que la negociación entre los países en este sentido se remonta al año 2001, cuando diversos miembros de la OMC manifestaron su preocupación por la explotación desmedida de los recursos marítimos y expresaron su inconformidad al no existir una regulación concreta e internacional  para la pesca, pese a que la pesca sustentable hace parte de los objetivos de desarrollo sostenible que contempla la ONU.

Además, la participación activa Colombia en las negociaciones realizadas anteriormente sobre el tema con Argentina, Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay, desde 2017, cuando se presentó una proposición que sirvió de punto de partida para el espacio regulatorio para poder desarrollar su pesca, tanto artesanal como industrial, con el fin de explotar las cuotas que le corresponden al país y de generar empleo en las poblaciones costeras.

En años anteriores, Colombia gestionó la conformación de una unión internacional de conservación de la naturaleza, pero no se logró llegar a una respuesta positiva, ya que Estados Unidos, la Unión Europea y China tomaron posiciones respecto al trabajo forzoso y la pesca en aguas internacionales, aunque gracias a la firma del acuerdo fue aprobada la regulación y protección del ecosistema marino y la erradicación de las prácticas dañinas de la pesca sin control.

Posición de Colombia frente al tratado

En la gaceta número 273 del 31 de marzo de 2023 se publica la ponencia del Proyecto de Ley, donde se señala que “durante el debate sobre la importancia del Acuerdo por la condición bioceánica de Colombia, y la relevancia que para los territorios marítimos y costeros del país implica su ratificación, en tanto va dirigido a la prohibición de subvenciones a la pesca perjudicial marina contribuyendo, de este modo, a la protección de los recursos marinos y el desarrollo de la pesca nacional”.

A su vez, explica que “el cumplimiento de los principios, criterios y fines constitucionales establecidos para la negociación y suscripción de convenios y tratados internacionales por parte del Estado colombiano. Aquí se hace referencia a los principios-criterios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional que el Gobierno debe observar al momento de la celebración de acuerdos internacionales y cumplir con el principio-criterio de equidad en la medida que está dirigido a prohibir y eliminar del comercio global las subvenciones a la pesca perjudicial como una práctica que se encamina a reproducir y profundizar las asimetrías de desarrollo económico, procurando tratamiento diferenciados para los países en desarrollo y menos adelantados”.

Por otro lado, sobre la consulta previa a las comunidades étnicas en la exposición de motivos, se indica que no se requiere de esta en la medida que el Acuerdo no afecta de manera directa a los territorios ni ocasionan desmedro de la integridad cultural, social y económica de estas comunidades.

También es de resaltar la creación de la Mesa Nacional de Negociaciones en el que se encontraron expertos técnicos y jurídicos de los Ministerios de Relaciones Exteriores; Comercio, Industria y Turismo; Agricultura y Desarrollo Rural, Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Pesca (AUNAP), sumado a sectores privados y organizaciones sociales.

Finalmente, conforme la justificación del proyecto de ley, Colombia alcanzó los seis objetivos trazados: 1) Acordar disciplinas estrictas que prohíban las subvenciones. 2) Reforzar la lucha contra la pesca perjudicial. 3) Limitar al máximo los subsidios dañinos de grandes potencias. 4) Reconocer las asimetrías de capacidades materiales de los miembros. 5) Preservar el espacio regulatorio necesario. 6) Brindar mayor nivel de transparencia.

Opinan los ponentes del Proyecto de Ley

Frente al debate y la aprobación de este tratado, llevado a cabo el pasado 6 de junio en la Comisión Segunda de la Cámara, la representante por el departamento de San Andrés, Elizabeth Jay-Pang, del Partido Liberal, destacó la importancia dada la condición de su territorio marítimo y donde uno de las principales fuentes de empleo son la pesca que aglutina a un amplio número de pescadores artesanales: “como nativa de la Isla de San Andrés, se siente muy complacida con la aprobación del Proyecto y es de suma importancia para quienes habitan en el Mar Caribe y Pacífico, ya que, por primera vez, el país está aplicando la prohibición de la pesca ilegal para las zonas del Pacífico y Atlántico y es la oportunidad para empezar a reglamentar la ineficiencia que tiene el país en torno a corregir y no permitir la pesca ilegal”.

Igualmente, destacó que este tratado permitirá el desarrollo de su región y de otras regiones costeras para los pescadores artesanales e industriales, ya que la pesca ilegal acaba con la biodiversidad marítima y los ecosistemas, perjudicando a la población que vive de dicha actividad y a las comunidades más vulnerables.

Recalcó que, con la inclusión de Colombia en el acuerdo, se regulará especialmente la pesca en esa región, donde las problemáticas por las delimitaciones poco claras con otros países han perjudicado la reserva de la biósfera y las especies.

El representante por el departamento de Guainía, Alexander Guarín, del Partido de la U, recalcó la importancia vital de regulación de la pesca y manifestó que en su departamento, uno de las principales aportantes de pescado para los mercados internos e internacionales, es necesaria la regulación y evitar la sobreexplotación y la ilegalidad, pero fundamentalmente proteger el ecosistema para que la producción sea adecuada.

Representante Alexander Guarín, Comisión Segunda. Foto: Prensa representante Guarín.

Por su parte, la representante por el Pacto Histórico por el departamento de Santander, Mary Anne Andrea Perdomo, destacó los beneficios de ser parte del tratado: “este proyecto reconoce que nuestros pescadores artesanales no son los culpables de la sobrepesca, y por lo tanto, no están afectando el ecosistema; de ahí que el proyecto va ayudar a que la pesca ilegal nacional e internacional sea controlada, y por consiguiente, quienes realizan su labor de manera artesanal, tendrán todo nuestro apoyo en el Congreso y a través del Proyecto de Ley podremos protegerlos para que realicen sus actividades que contribuirán a su diario vivir y sustento”, recalcó la congresista.

Al proyecto le resta un debate en la Comisión y otro más en la Plenaria para que se convierta en Ley de la República, luego de que sea sancionada por el presidente de la República.