Distribución presupuestal del Plan Nacional de Desarrollo

Después de aprobado el Plan Nacional de Desarrollo con un plan de inversión de 1.154 billones para cuatro años, el monto más alto de la historia del país, así quedaron las cuentas por cada sector.

Por: Sergio Segura

Para el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Plan Nacional de Desarrollo (PND) aprobado por el Congreso de la República es uno de los más democráticos de la historia, por lo que se le ha denominado el “Plan de la Gente”. Esta afirmación se sustenta con los 51 Diálogos Regionales Vinculantes donde participaron 250.000 colombianos y donde fueron recibidas más de 6.500 proposiciones que alimentaron el documento final.

Para acercarse a los logros proyectados en los 240 artículos del Plan, también fue aprobada por el Congreso la adición presupuestal requerida para su financiación, un total de 16,9 billones para el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2023, 4.2 % más si se compara con 2022. Con esta decisión el Gobierno Nacional pretende canalizar las inversiones y poner en marcha un plan de reactivación económica donde la pobreza monetaria caiga hasta 35,5 % y la pobreza multidimensional cierre en 9,5 %.

La mayor inversión, de 5.6 billones de pesos, está destinada a la inclusión social, de los cuales 5 billones se direccionan al programa de Transferencias Monetarias Condicionadas en el marco de la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. Por otro lado, 200 mil millones de pesos estarían dirigidos para la reparación e indemnización a las víctimas del conflicto armado.

Acuerdo de paz y sujetos rurales

El PND contiene tres páginas donde el Gobierno presenta su compromiso con el cumplimiento de cada punto del Acuerdo de La Habana, confirmando un crecimiento del 16 % en los recursos del Plan Plurianual de Inversiones para este fin. No obstante, frente al punto 4 referido a la reparación de las víctimas, el presupuesto se redujo de 4 billones a 1,6 billones.

Ahora bien, frente al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), se pasa de contar con los 46 mil millones de pesos destinados en el gobierno de Iván Duque a 1,4 billones. A su vez, se incrementaron en 130 % los recursos para el ordenamiento social de la propiedad rural y el uso del suelo. Cabe señalar que el 83 % del total de los recursos están destinados para la Reforma Rural Integral.

En este aspecto persisten preocupaciones urgentes que significan un reto en la respuesta del Gobierno: el dilema sobre la implementación y sostenibilidad de los proyectos productivos liderados por excombatientes o familias que firmaron acuerdos de sustitución, la ejecución de recursos priorizando a los municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), entre otros.

Sobre este aspecto, cabe destacar la creación del Fondo del Buen Vivir administrado por el Ministerio del Interior, que tiene como fin administrar el presupuesto de proyectos y programas con las organizaciones indígenas presentes en la Mesa Permanente de Concertación, así como la proyección de 20 billones de pesos destinados al cumplimiento de los acuerdos de Consulta Previa con estas comunidades.

Macroeconomía y economía popular

El gobierno de Gustavo Petro ha participado en espacios de interlocución junto entidades del sector financiero colombiano. En el marco de estas discusiones, Jorge Iván González, director del DNP, resalta que el PND promueve la banca abierta y la interoperabilidad de pagos, lo que es una medida de inclusión financiera donde “se masificarán los servicios bancarios” y los usuarios se verán beneficiados de un sistema moderno con mayor disponibilidad de información, innovación en productos financieros y créditos con bajas tasas de interés.

Esto también permitiría una mayor caracterización de las Pymes, los actores de la economía popular y el fortalecimiento del sector cooperativo. El funcionario también ha hecho énfasis en que el estimado de las inversiones públicas identificadas en el Plan Plurianual de Inversiones puede apalancar la inversión privada entre 2023 y 2026 por un valor de 949,7 billones.

Ahora bien, el PND esboza una definición de economía popular que dista de lo que se conoce comúnmente como “sectores formales o informales”, precisando los instrumentos para la inclusión financiera. En el documento se define al Departamento Nacional de Estadística (DANE) como la entidad encargada del diseño e implementación de la política pública con relación a la economía popular, donde también se ampliaría el acceso de los trabajadores a contratación y compras públicas, beneficiando tanto a empresarios como emprendedores y asociaciones comunitarias.

Finalmente, en el articulado se puntualiza la creación de una instancia de planificación y gobernanza intersectorial llamada Consejo Nacional de la Economía Popular, con el objetivo de formular la política pública para la economía popular y de coordinar las acciones interinstitucionales lideradas por el Ministerio del Trabajo.

Educación superior gratuita

Durante 2023, el sector educativo alcanzó un presupuesto histórico de 54,4 billones de pesos, un crecimiento del 10 % con respecto a 2022. En el PND se trazan siete líneas estratégicas de ejecución: aumento de cobertura de la educación inicial, resignificación de la jornada escolar para la formación integral, crecimiento de recursos del Sistema General de Participaciones para garantizar en condiciones de calidad la educación preescolar, básica y media, dignificación de la labor docente, fortalecimiento de las instituciones de educación superior públicas, gratuidad de la matrícula en la educación superior pública y el Nuevo Plan de Espacios Educativos para promover la equidad territorial.

Sobresale la aprobación de la “matrícula cero” para las personas de todos los estratos sociales que quieran acceder a la educación superior financiada totalmente por el Estado, una lucha de décadas que tuvo como protagonista al movimiento estudiantil y que hoy se convierte en realidad.

Salud

Con la adición presupuestal, el sector salud recibiría 3.5 billones de pesos, recursos que se transfieren a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social (Adres) con el objetivo de cubrir el impacto de la inflación sobre los costos del aseguramiento y la prestación de servicios de salud. Así, 231 mil millones van para la inversión en las necesidades de la infraestructura hospitalaria y en el mejoramiento de la capacidad territorial.

Tecnologías de la información y la comunicación

En el PND, 10 artículos están relacionados con la tecnología como motor del cambio: “Nuestras prioridades son llevar conectividad a los no conectados, ampliar los ecosistemas de innovación y fortalecer la educación digital«, afirmó el ministro de Tecnologías de la Información y Ias Comunicaciones, Mauricio Lizcano.

Así, se promueve un despliegue de tecnologías para la conectividad digital de zonas aún sin servicio o con servicio de mala calidad, así como para territorios vulnerables donde se requiere mejorar la cobertura. También se habilita al MinTic, con apoyo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, a desplegar redes e infraestructura para que la conectividad llegue efectivamente a las comunidades

Del mismo modo, se proponen acuerdos con empresas prestadoras del servicio de Internet para que sean aliados de las metas de conectividad en zonas donde no existe competencia de mercado. Cabe destacar que, el presupuesto actual de esta cartera, es de 115.020 millones de pesos.

Justicia climática y ambiental

Para que Colombia pueda cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible alrededor de la lucha contra el cambio climático debe modificar la matriz tecnológica con la que se genera energía.

El sector petrolero, indica que es clave generar una transición energética que no afecte la economía del país, donde se desarrollen energías alternativas sin que eso implique dejar de producir gas y petróleo, ya que repercute en los ingresos del Estado. Según el documento final de la Reforma Tributaria, las sobretasas al sector pasarán de 5 % o 10 % para la extracción de carbón y de 5 %, 10 % o 15 % para el petróleo. Asimismo, el documento defendió la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta, aunque con modificaciones en la valoración pagadas en especie por parte de las empresas.

Por su parte, el sector minas y energía cuenta con 1,5 billones para la financiación de los subsidios eléctricos y de gas y 1,3 billones para focalizar la atención en los municipios que integran el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Igualmente, el Ministerio de Minas y Energía cuenta con un plan de inversiones para 70 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le otorgó para impulsar una transición energética justa, que logre avanzar de una economía dependiente de los recursos fósiles a una productiva, basada en el respeto a la naturaleza y la democratización del uso y la generación de energías limpias.

Reindustrialización del país

Esta política busca sustituir la concepción de competitividad y desarrollo productivo que ha sido mal orientada por décadas, debido a las políticas económicas que no han propuestos cambios tecnológicos ni de orden estructural en materia productiva. Se propone cambiar el nombre del Consejo Nacional de Productividad e Innovación, teniendo en cuenta que la competitividad depende de los sectores minero-energéticos.

Para financiar la reindustrialización, que es un objetivo a largo plazo, Colombia debe impulsar la exportación de alta tecnología para que en un par de décadas la dependencia del petróleo y el carbón sea un asunto del pasado. La proyección es que el recaudo sea de alrededor de 100 mil millones de dólares para el año 2100.

En el texto del PND se esbozan puntos clave para el proceso de reindustrialización: los sectores de la vanguardia productiva y transformadora son el aeronáutico, el naval, industrias de salud, electrónica, entre otros; y, por otro lado, está la invitación a comprender la economía popular como una realidad significativa que va más allá formalizar a los “trabajadores informales”.