Proyecto de ley le apuesta a la creación de una Jurisdicción Especial para la Mujer

Crear jueces especiales para atender casos de violencia de género, entre otros aspectos, hacen parte de una iniciativa que busca fortalecer los mecanismos de justicia para agilizar la resolución de casos en los que haya mujeres afectadas. 

Por: Lyz Osorio Rodríguez. 

 

Un pañuelo morado atado en la muñeca o como pañoleta en el cuello, fue el símbolo con el que toda la bancada de mujeres de la Cámara, se manifestó en un nuevo propósito que no tiene colores partidistas, pero sí intenciones colectivas en pro de la garantía y protección de los derechos del género femenino en Colombia.

Se trata del proyecto de acto legislativo que tiene como objetivo lograr una justicia especial y efectiva para las mujeres a través de la creación de la Jurisdicción Especial para la Mujer – JEM. La iniciativa, liderada por la representante del Partido Cambio Radical por Bogotá, Carolina Arbeláez, en coautoría con la representante del Pacto Histórico por Cundinamarca, Alexandra Vásquez, y más de 50 congresistas mujeres de varias regiones y partidos del país, busca el acceso efectivo de las niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y mujeres de la tercera edad a la justicia para garantizar el derecho que tienen de vivir libres de violencia y de ser atendidas en estos escenarios con un mejor entendimiento, prioridad y capacitación de los y las funcionarias y del sistema judicial en sí.

El texto modificará la Constitución para que incluya a la JEM entre los órganos que administran la justicia en Colombia. Con esta jurisdicción especial, las mujeres y niñas víctimas de violencia basada en género, podrán tener una justicia especializada para investigar, sancionar y reparar todo tipo de violencia, permitiéndoles un acceso efectivo y oportuno. “Será una jurisdicción con competencia exclusiva en delitos contra las mujeres y conocerá de manera prioritaria todo tipo de conductas que ocasionen daño, directa o indirectamente, por razones de género y así buscar poner fin a la impunidad. Esta jurisdicción tendrá jueces o juezas especializadas en administrar justicia para las mujeres”, detalla su articulado.

Al ser de carácter especial, significa que se concentrará en un solo tipo de casos: aquellos en los que las mujeres hayan sido víctimas de conductas que les ocasionen daño, directa o indirectamente, por razones de género. Según la propuesta, esta deberá entrar a funcionar en un término no superior a dos años, los cuales comenzarán a correr después de su aprobación.

Para la autora de esta iniciativa, la representante Carolina Arbeláez, “la creación de una Jurisdicción Especial para las Mujeres, representa un avance significativo en la lucha contra este flagelo a lo largo de la historia humana, ya que esta jurisdicción permitirá una atención más especializada y sensible a las necesidades de las mujeres afectadas, contribuyendo así a la erradicación de la violencia de género y a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.”

Así está el panorama en Colombia

Hace pocos días, las noticias reportaban el caso de un nuevo feminicidio en la ciudad de Neiva, Katherine Caviedes de 35 años fue asesinada por su expareja sentimental, quien según las autoridades ya está plenamente identificado, pero al dolor de su familia se suma la impotencia de no saber cuándo podrá hacerse justicia, pues ni siquiera conocen cuál es el proceso o a quién acudir para pedir ayuda. Por casos como este y cientos más, nace la urgencia por avanzar en esta iniciativa.

En el país es alarmante la cantidad de casos de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. Un reciente reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, refleja que, solo en el año 2023 se reportaron 20.774 casos de presunto delito sexual contra mujeres. Además, frente al delito de feminicidio, para los años que comprenden desde enero del 2020 a diciembre del 2023 se presentaron un aproximado de 329 presuntos feminicidios, de los cuales cerca del 73% de los victimarios son la pareja o expareja de las mujeres, donde la vivienda es el principal lugar del delito con un 63% seguido por el espacio público con un 12%. Cifras lamentables que dejan en evidencia que la violencia de género en sus diversas formas, sigue siendo un grave problema en la sociedad colombiana, afectando a mujeres de todas las edades.

Frente a esta realidad, la representante a la Cámara por el departamento de Santander, Erika Tatiana Sánchez, afirmó que la falta de denuncia y la impunidad son factores que perpetúan la violencia de género en el país. “Muchas mujeres no denuncian sus casos por miedo, vergüenza, falta de confianza en las autoridades o desconocimiento de los mecanismos de protección disponibles, así como la sensación de impunidad, que tristemente envía un mensaje de permisividad hacia los agresores, por esto es urgente que tengamos esta jurisdicción especial, pues así se construye una conciencia colectiva y una cultura de denuncia con la certeza que seremos atendidas por la justicia a tiempo”, dijo Sánchez.

Ahora bien, para comprender mejor la necesidad de este proyecto de acto legislativo, vale la pena conocer el estado de las políticas que amparan a la mujer en las dimensiones de su participación en la sociedad en el país. El marco legal vigente es amplio, la aprobación de normativas como los lineamientos de la Política Pública para la Equidad de Género, el plan integral para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Ley 1257 contra la violencia y discriminación hacia las mujeres, y la Ley 1719, han servido como garantía del acceso a la justicia de las víctimas de violencia, en especial la relacionada con violencia sexual.

Dentro del desarrollo normativo en Colombia, encontramos también leyes que sirven como faro frente a las sanciones penales y la protección de la mujer, las niñas, jóvenes y mujeres, como lo es la Ley 1761 de 2015, que establece el tipo penal de feminicidio, teniendo como objetivo tipificar esta figura como un delito autónomo, así como la Ley 2326 de 2023, o mejor conocida como «Ley Alerta Rosa», que es un paso crucial en la lucha contra la violencia de género y en la búsqueda, localización y ubicación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres desaparecidas.

Asimismo, el artículo 11 de la Ley de Feminicidio, establece la obligación de proporcionar formación en género, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a los servidores públicos de la Rama Ejecutiva o Judicial, que tengan funciones relacionadas con la prevención, investigación, judicialización, sanción y reparación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

Esto demuestra que Colombia, como otros países de Latinoamérica, no ha sido ajena al momento de abordar temas vitales relacionados con la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres, pero aún hay mucho por hacer.

La representante Alexandra Vásquez afirma que “a través de esta ley se busca brindar a las autoridades jurisdiccionales competentes, las herramientas para que actúen con la debida diligencia en todas las actuaciones judiciales relacionadas con violencias de género, pues para lograr la eliminación de estas, se requiere un enfoque multidimensional y un compromiso firme de todas las instancias de la sociedad, para crear un entorno seguro y libre de violencia para todas las mujeres y niñas en Colombia.”

El proyecto superó su primer debate como acto legislativo que busca crear la Jurisdicción Especial para la Mujer, esto para garantizar un acceso eficiente a la justicia ante casos de violencia basada en el género. Desde su radicación el proyecto contó con un amplio respaldo, pues fue firmado por mujeres congresistas de distintas bancadas, por lo que algunos anticipan un resultado favorable en su segundo debate en la plenaria de la Cámara, el cual fue presentado por más de 50 mujeres congresistas, y cuenta con el apoyo del ministro de Justicia, Néstor Osuna, así como de otras entidades nacionales en materia de acceso a la justicia, violencia intrafamiliar y abuso, entre otras.  El proyecto deberá superar 7 debates más para convertirse en ley de la República.