El porte de armas vuelve a la escena legislativa

De acuerdo con el artículo 223 de la Constitución de 1991 el porte de armas de
fuego es una excepción y no un derecho, pero un proyecto de ley busca que
quienes cuentan con los permisos de ley las puedan portar en todo momento y
lugar.

Por: Eduardo López Hooker

La tenencia y el porte de armas de fuego hoy está restringido en Colombia por
cuenta de un decreto presidencial, sin embargo, en múltiples oportunidades
quienes las poseen han exigido el reconocimiento como derecho poder cargarlas
en todo tiempo y lugar, por razones de seguridad.

De acuerdo con el artículo 223 de la Constitución Política, solo el gobierno puede
introducir armas, municiones y explosivos y nadie podrá poseerlos ni portarlos sin
permiso de la autoridad competente, es decir, el portar un arma no es un derecho
sino una excepción, concepto con el que discrepan algunos sectores de la
sociedad.

De acuerdo con el representante conservador Juan Carlos Wills, en su lectura del
texto constitucional, la tenencia y el porte de armas está permitido y en su criterio
la excepción es restringirlos o prohibirlos, razón por la cual ha presentado un
proyecto de ley que les permita a los tenedores de armas legales su porte sin
restricciones.

“Lo que hay que recalcarle a los colombianos es que hoy el porte y la tenencia de armas de fuego está permitida en el país, lamentablemente lo que ha ocurrido es que mediante un decreto presidencial del año 2015 se prohibió por un año el porte y la tenencia, pero año tras año se ha venido prorrogando, es decir, convirtieron la
excepcionalidad en norma y eso no puede suceder”, explica el representante Wills
al justificar la iniciativa legislativa.

El congresista bogotano señala, además, que la restricción al porte de armas
debe responder a circunstancias excepcionales como problemas de orden público,
certámenes electorales, reuniones de carácter político, es decir, que las
restricciones sean excepcionales y no la regla general.

“Lo que queremos con este proyecto de ley es que la restricción al porte de armas
se utilice como herramienta de control en momentos y situaciones excepcionales,
que la gente de bien que posee un permiso de tenencia y porte de armas pueda
llevarlas consigo ante los difíciles momentos de seguridad como mecanismo de
defensa ante los delincuentes”, insiste el congresista conservador.

De acuerdo con el Departamento de Control y Comercio de Armas del Comando
General de las Fuerzas Militares y el Centro Nacional de Información de Armas
(Ceniar), en el país 740.749 personas naturales hoy tienen permisos activos para poseer armas de fuego, de los cuales 440.325 son permisos de porte permanente
y 299.754 de tenencia, 734 con autorización de porte de carácter regional y 65 con
permisos de nivel nacional.

Desde 2016, con ocasión de la firma del acuerdo de paz, el gobierno de Juan
Manuel Santos decidió hacer permanente la restricción del porte de armas de
fuego a nivel nacional durante un año, lo que ha sido adoptado como norma
regular año tras año, posteriormente el Decreto 2267 de 2023, mantiene la restricción al porte de armas de fuego en todo el país, que en la actualidad está vigente.

Investigaciones y estudios comparados realizados por la Universidad de los
Andes, referenciados por la Fundación Ideas para la Paz, dan cuenta de la
efectividad de la restricción al porte de armas en la reducción de lesiones y
muertes ocasionadas por armas de fuego, lo que de entrada contradice el
argumento de la inseguridad como justificación para la eliminación de la restricción
a portar armas como mecanismo de defensa ante la delincuencia.

En el número 36 de la revista Notas de Política de la Universidad de los Andes,
bajo el título “La restricción permanente al porte de armas en Colombia: un análisis
normativo y desde la evidencia de una política pública efectiva para reducir la
violencia por armas de fuego en el país”, se señala, entre otras cosas, que la
evidencia, tanto nacional como internacional, muestra que la restricción al porte de
armas es efectiva en la reducción de los casos de lesiones por arma de fuego y,
particularmente, los homicidios.

De igual manera el análisis de los investigadores de Los Andes, sugiere que no
obstante los resultados positivos de la aplicación de la restricción al porte de
armas, esta medida debe formar parte de una estrategia integral de reducción de
la violencia, con programas que incluyan cambios en las normas sociales a nivel
local, así como el fortalecimiento de mecanismos que endurezcan los requisitos y
controles para obtener los permisos a través de sistema colegiado mixto
(compuesto por autoridades civiles y militares) que toma la decisión acerca de la
expedición de permisos y autorizaciones, lo que les permitió concluir que la
restricción al porte de armas se debe mantener a largo plazo, entre otras, a
través de legislación en el Congreso de la República y evitar la flexibilización de
las normas para su tenencia y porte.

Contrario a lo argumentado por el autor del proyecto de ley, Juan Carlos Wills, la
representante Olga Lucía Velásquez señala que la sensación de inseguridad y la
percepción ciudadana de permanente peligro no deben servir para que la gente
circule armada, al considerar que a mayor número de armas de fuego en
circulación, mayor es la probabilidad de que se presenten lesiones y homicidios
por este tipo de artefactos.

“El monopolio de las armas es del Estado, estas deben estar en poder de la Fuerza
Pública y los organismos de seguridad y protección, de acuerdo con la Ley de
Seguridad Ciudadana, cualquier persona que haya tramitado y obtenido su permiso
debería poder portar y usar su arma, lo que no puede ser posible y espero que no
suceda, es que cualquiera pueda utilizar armas de manera indiscriminada, porque
las armas pueden ocasionar muchos problemas, pueden cobrar muchas vidas, lo
que debemos tener es un estricto control de las armas de fuego y combatir con
contundencia su tráfico, el argumento de que los delincuentes están armados no
puede ser excusa para que las calles se llenen de armas”, señala la congresista del
Partido Verde.

Según Velásquez, es evidente la inseguridad, la comisión de hurtos a personas y
establecimientos de comercio con el uso de armas de fuego, la sensación de
impotencia de la ciudadanía frente a las acciones criminales, particularmente en
las ciudades capitales, sin embargo, cree que flexibilizar el porte es abrirle la
puerta a la justicia por mano propia, lo que de facto demostraría la incapacidad del
Estado para garantizar la vida, honra y bienes de sus asociados.
Radicado en la secretaría de Cámara el pasado 21 de febrero bajo el número 371-
2024 y con el supuesto de actualizar los registros y permisos para el porte de
armas de fuego, la iniciativa aún no ha sido agendada para su discusión.