Infancia vulnerable: ley dirigida hacia una protección justa e integral

Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el año 2023 se reportaron 12.899 exámenes médicos legales por presunto delito sexual en la primera infancia y adolescencia en Colombia

Por: Laura Vanessa Ramírez Manjarrés

En el Congreso de la República los representantes a la Cámara Katherine Miranda y Juan Diego Muñoz presentaron un proyecto de ley destinado a proteger y asistir a niños, niñas y adolescentes nacidos como resultado de la violencia sexual ejercida sobre sus madres, ofreciendo medidas integrales de apoyo y prevención.

El proyecto presenta una serie de medidas integrales para salvaguardar a esta población vulnerable y también busca proporcionar asistencia legal, económica, psicosocial, educativa y de salud tanto a las madres como a sus hijos, garantizando así una atención completa y sostenida.

Uno de los problemas claves identificado por los promotores del proyecto, es la falta de datos consolidados sobre la cantidad de niños nacidos como resultado de la violencia sexual, lo cual dificulta la visibilización y el abordaje efectivo de este asunto. Según los ponentes, no hay números consolidados que permitan medir la problemática, esta ausencia de datos impide el diseño de políticas públicas adecuadas y la implementación de medidas específicas.   Además, se destacó la ausencia de cooperación interestatal para articular medidas de protección a la mujer violentada sexualmente y al niño, niña o adolescente nacido de este suceso. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio de Salud y Protección Social manifestaron no contar con programas coordinados para asistir a estas víctimas, funcionando de manera aislada.

Definición y alcance de la ley

El proyecto de ley define a los niños y adolescentes nacidos por la violencia sexual como aquellos que son concebidos a través del acceso carnal violento, o cuando la madre no pudo resistir debido a incapacidades físicas o psíquicas. Esta precisión es crucial para identificar y proteger a los afectados por estas circunstancias.

En entrevista para la revista Poder Legislativo, la representante Katherine Miranda resaltó la necesidad de declarar a estos menores como sujetos de especial protección constitucional, lo que garantizaría un amparo reforzado de sus derechos en aras de lograr una igualdad real y efectiva. Esta declaración es vital para que el Estado asuma un rol activo y prioritario en la protección y el apoyo a estas víctimas.

Las cifras de violencia sexual en Colombia son alarmantes. A septiembre de 2022, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró 19.116 lesiones por presunto delito sexual, de los cuales el 80% correspondió a menores de 18 años. Este contexto subraya la urgencia de medidas protectoras, robustas y coordinadas. El 52% de los ingresos registrados correspondieron a actos de abuso, acoso y acceso sexual destacó el ICBF.

Además, en 2018, se reportó que 9.545 menores de 18 años resultaron embarazadas producto de Violencia sexual, con un alarmante
60% de estas niñas tiene entre 10 y 13 años. Entre las medidas que se tomarán de esta política pública destaca la disminución de la violencia sexual en el territorio nacional, con especial énfasis en la protección de mujeres y personas gestantes. La atención prioritaria y protección para las víctimas de violencia sexual y sus hijos es otro de los pilares de esta propuesta, buscando prevenir cualquier forma de violencia posterior. Además, el acceso a atención psicosocial para las madres y sus hijos, facilitando el desarrollo de su proyecto de vida de manera eficiente, y la asistencia económica para las madres víctimas en situación de vulnerabilidad, son aspectos esenciales de la iniciativa.

El proyecto establece que el ICBF deberá emitir un protocolo integral de atención dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de la ley. Este protocolo se enfocará en el cuidado, atención y prevención del abuso de los menores nacidos por violencia sexual. Además, el Ministerio de Salud tendrá un plazo similar para reglamentar la atención médica y psicológica prioritaria para las víctimas y sus hijos. Estas medidas son fundamentales para asegurar que las víctimas reciban la atención necesaria en tiempo y forma, y que se les ofrezca un acompañamiento adecuado durante todo el proceso.

Realidad del problema y protocolos de atención

La psicóloga y analista clínica en temas familiares de niños y adolescentes, Carmen Dorante, enfatizó la importancia de programas de atención integral que incluyan terapias continuas y un enfoque familiar para prevenir la transmisión intergeneracional del trauma. “Debemos crear un programa de atención integral enfocado en el abordaje de terapias psicológicas, pero que tengan continuidad y seguimiento” afirmó Dorante destacando la necesidad de evitar la revictimización. Para la profesional en salud mental es crucial que los programas de atención sean diseñados desde las necesidades individuales de cada víctima, evaluando sus habilidades y fortalezas para ofrecer un soporte efectivo y adaptado.

La implementación de este proyecto de ley también requiere un enfoque integral en la educación y la sensibilización para prevenir la revictimización de los niños en entornos escolares y sociales. La psicóloga Dorante destacó que la educación como tal debe ir dirigida a fortalecer y potenciar elementos de conciencia social, donde impere el respeto hacia el otro, subrayando la necesidad de un cambio en la forma en que la sociedad aborda y comprende el respeto y la empatía hacia las víctimas de violencia sexual.

Por su parte la periodista y defensora de derechos infantiles, Alexandra Correa, abogó por un soporte emocional constante tanto para la madre como para el hijo, y por una justicia que no revictimice a los menores. “Nacer producto de violencia sexual requiere todo el soporte emocional a ambos, tanto para la madre, como para el hijo”, señaló Correa insistiendo en que el Estado debe brindar todo el apoyo psicológico a la madre víctima durante el embarazo. Enfatizó, además, sobre la necesidad de una respuesta judicial y efectiva, asegurando que los agresores sean llevados ante la justicia de manera contundente y oportuna.

Propuestas y cooperación interestatal

En cuanto a los desafíos que enfrenta el sistema legal y social para proteger y apoyar a estos niños, se resalta la importancia de la confidencialidad y la privacidad de las familias afectadas. El parágrafo 2° del artículo 5° del informe de ponencia para primer debate establece que toda la información que se recopile y se publique al respecto, debe garantizar el derecho de habeas data e intimidad de las víctimas y de los niños, niñas y adolescentes, asegurando que sus datos personales sean tratados conforme a las disposiciones de protección de datos, así explicó la representante Miranda. Este enfoque es esencial para proteger la dignidad y los derechos de las víctimas, evitando cualquier forma de exposición o estigmatización pública.

El trabajo en colaboración con organizaciones especializadas en abuso sexual y protección infantil es otro componente crítico del proyecto. Miranda señaló que se ha “consultado y trabajado con personas y organizaciones sobre el tema, lo cual es fundamental para asegurar que las medidas propuestas estén bien fundamentadas y sean efectivas en la práctica”, dijo. Así las cosas, la integración de la experiencia y el conocimiento de estas organizaciones puede contribuir significativamente a la implementación de programas de atención más efectivos y sensibles a las necesidades de las víctimas.

En conclusión, para varios ponentes y organizaciones nacionales, el proyecto de ley presentado en el Congreso de la República representa un paso significativo hacia la protección y el apoyo integral de los niños, niñas y adolescentes nacidos como resultado de la violencia sexual. La implementación de medidas coordinadas y sostenidas, basadas en datos precisos y en la cooperación entre diferentes sectores, es crucial para abordar esta problemática de manera efectiva.

La declaración de estos menores como sujetos de especial protección constitucional, junto con el desarrollo de programas de atención integral y un enfoque educativo basado en el respeto y la empatía, son pasos fundamentales para garantizar una vida digna y segura para estas víctimas y sus familias.