Ley Sara Sofía: un avance en la protección de los menores en Colombia con grandes retos por delante

Por: Nicolás Collazos Guzmán

En Colombia la desaparición de menores ha sido una problemática persistente y preocupante. Cada año, numerosos casos de niños, niñas y adolescentes perdidos conmueven a la sociedad, lo que ha generado angustia y desesperación entre familias y comunidades. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en Colombia 42.000 menores fueron agregados como personas desaparecidas en 2023, de los cuales el 56% aún se reportaban en esta condición a la fecha de esta consulta. Ante esta situación, surgió una iniciativa legislativa diseñada para fortalecer los mecanismos de búsqueda y localización inmediata de menores desaparecidos a través de un sistema de alertas tempranas.

El proyecto de ley “Sara Sofía”, o “Alerta Colombia”, propone la creación de un sistema integral que activa alertas en dispositivos móviles y otros canales de comunicación para informar sobre la desaparición de menores en tiempo real. La ley lleva el nombre de Sara Sofía Galván, una niña cuya desaparición hace tres años en el sur de Bogotá conmovió al país y expuso las deficiencias en los protocolos existentes​. Su autor y ponente, el senador Alejandro Chacón, del Partido Liberal, afirmó que “esta norma lo que hace es crear un mecanismo más ágil, veloz, efectivo, rápido, eficaz, que active una alerta que utilice telefonía celular.” Por su parte, el representante a la Cámara, Carlos Ardila, de la misma bancada, manifestó que “La ley consagra herramientas importantes para que en el menor tiempo posible se encuentren a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren desaparecidos, lo que se traduce en la tecnología al servicio de la integridad y la vida de los niños colombianos”.

La implementación de la ley incluye la difusión de información crucial como la descripción física del menor, la última ubicación conocida y una fotografía actual. Internacionalmente, iniciativas similares han demostrado ser muy efectivas. Por ejemplo, la Alerta Amber, implementada en Estados Unidos y otros países, ha sido crucial para la recuperación segura de menores desaparecidos. Tan solo en el último año, Amber reporta la recuperación de 1.200 niños, de los cuales 180 de estos casos son atribuidos directamente a las alertas emitidas por dispositivos inalámbricos de emergencia y a la articulación con un sistema de respuesta rápida.

Precisamente, la implementación de la ley Sara Sofía en Colombia enfrentaría varios desafíos en ese sentido. Uno de los principales obstáculos es la gestión y protección de los datos personales de los menores, que deben manejarse con estricta confidencialidad para evitar mal uso o explotación. Otro reto es la colaboración y articulación en tiempo real entre diferentes entidades gubernamentales y proveedores de servicios de telecomunicaciones para garantizar una respuesta rápida y efectiva​.

La iniciativa establece un sistema de respuesta integrado en Colombia que involucra múltiples instituciones nacionales para asegurar una acción rápida y coordinada en casos de menores desaparecidos. Por ejemplo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, proveería la infraestructura tecnológica necesaria para la difusión de alertas a través de dispositivos móviles y otros canales de comunicación digital, mientras que la Policía Nacional de Colombia tendría el papel de liderar las operaciones de búsqueda y rescate de menores desaparecidos.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, trabajría en coordinación con la Policía Nacional y otras entidades para asegurar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes afectados, activando protocolos de atención inmediata. El Ministerio de Relaciones Exteriores intervendría en la gestión de alertas transfronterizas, asegurando la comunicación y coordinación con otros países y organismos internacionales para prevenir la salida del menor del país. Las empresas de telefonía móvil por su parte tendrían la responsabilidad de enviar las alertas a todos los teléfonos móviles dentro del área de desaparición reportada. Estas empresas juegan un papel crucial para asegurar que la alerta alcance el mayor número posible de personas, aumentando así las probabilidades de localizar al menor desaparecido rápidamente.

De aprobarse, la ley representará una oportunidad significativa para mejorar los mecanismos de protección infantil en el país, ayudados por la tecnología, su implementación exitosa en los próximos años depende de un compromiso institucional permanente, que involucra tanto a los gobiernos de turno como al Estado, así como un Congreso atento a ejercer el control político pertinente para garantizar su correcta implementación y disposición de recursos por parte del ejecutivo.

Además de los desafíos técnicos y logísticos, la ley Sara Sofía enfrentará obstáculos significativos en la sensibilización y educación de la sociedad colombiana sobre la importancia de la pronta denuncia y cooperación en casos de desaparición de menores. La efectividad de la ley no solo dependerá de la capacidad del sistema para emitir alertas rápidamente, sino también de la respuesta inmediata y coordinada de la comunidad. La colaboración ciudadana es crucial para el éxito de las alertas, ya que los ciudadanos deben estar informados y motivados para actuar cuando reciban una notificación. Las campañas educativas y de sensibilización deben ser una prioridad para asegurar que la población entienda su papel en la protección de los menores y en la búsqueda activa de aquellos que han desaparecido.

En perspectiva, la “ley Sara Sofía” podrá beneficiarse de la integración con tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el análisis de big data. Estas herramientas pueden mejorar la precisión y rapidez en la localización de menores desaparecidos, analizando patrones y proporcionando datos críticos a las autoridades en tiempo real.

En conclusión, la iniciativa representa un avance significativo en la protección de menores en Colombia, su éxito depende de varios factores, entre ellos el uso correcto de la tecnología, y el compromiso de las instituciones para garantizar la efectividad y sostenibilidad de la misma.