La apuesta del presidente Petro por empoderar a la economía popular

En Colombia hay una palabra muy común entre los ciudadanos de a pie que quieren ganarse la vida y que a diario hacen su mejor esfuerzo para poder llevar un plato de comida a la mesa. Esta es: el “rebusque”, una actividad a la que acuden millones de colombianos para salir adelante.

Por: Sandra Zuluaga

En el llamado rebusque se encuentran personas de todo tipo, desde profesionales que no han tenido oportunidades de empleo, hasta ciudadanos que nunca han podido estar en una institución educativa, pero que gozan y están dotados de talentos y capacidades para que el rebusque se convierta en su principal actividad económica. Empoderar a quienes se dedican al rebusque es uno de los anhelos del gobierno del cambio.

Precisamente, una de las apuestas que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro, es potenciar la economía popular a través de varios lineamientos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que está tramitándose en el Congreso de la República.

En el discurso del mandatario el día de su radicación fue enfático: “Hemos apostado en un proyecto de ley que se discutirá en unos días en el Congreso de la República (…), que a través del crédito que salga del Presupuesto Nacional, irrigará eso que llamamos economía popular, que es la de San Victorino, la que llega a las calles, la del campesino, la de la señora microempresaria, la del cooperativista, que es la del rebusque”, anotó.

“¿Y qué significa la economía popular para el gobierno del cambio?, pues, la mitad de la población colombiana conducida, casi que obligada, al rebusque. Es ahí donde creemos que podemos construir una potencialidad económica de Colombia si la empoderamos, si le damos poder, poder en términos de capital de crédito, poder en términos de espacio, de tierra. Tierra para el campesino, sí, pero fibra óptica para toda la población que es la nueva tierra del siglo XXI. Si le damos poder en los saberes, en la educación, es así como podemos reactivarnos económicamente y de manera permanente. Al combinar, como en un sancocho, ese capital que se puede entregar, esos espacios y esos saberes, es que sale una sociedad rica”, reiteró el presidente.

Este planteamiento suena bien para los millones de colombianos que hoy hacen parte de la economía popular, que esperan un “empujoncito” por parte del Gobierno para lograr potenciar sus actividades y lograr un cambio, tanto en sus vidas como en el aporte que le hacen al país mediante sus actividades.

Carlos Ramírez, un colombiano que se dedica a la venta de celulares, asegura que si pudiera tener apoyo por parte del Gobierno podría ampliar más su negocio y mejorar sus ventas: “Uno a veces necesita tan solo un empujoncito para lograr sacar adelante ideas que uno tiene pero que muchas veces no las saca adelante por falta de plata”.

Camilo Hernández tiene una microempresa de venta de alitas de pollo, genera empleo y asegura que si lograra apalancarse con mayores recursos podría hacer que su empresa crezca.

Testimonios como los Carlos y Camilo reflejan el anhelo de millones de colombianos que emprenden en el campo, en las calles, y que necesitan de apoyo para salir adelante y así contribuir de mejor forma en la economía del país. Este anhelado apoyo quedará establecido en el PND.

La economía popular es definida en el PND como los oficios y ocupaciones desarrolladas por unidades económicas de baja escala; personales, familiares, micronegocios o microempresas en cualquier sector económico. En el texto se plantea una estrategia dirigida a que este tipo de negocios crezcan y sean productivos a través de: una política pública para la economía popular (EP); sostenibilidad y crecimiento de las unidades económicas y formas asociativas de la EP; fomento y fortalecimiento de la comercialización, los circuitos cortos y los mercados locales de la EP; apoyos para la formación, financiamiento y sostenibilidad de las unidades económicas de la EP; EP en el campo colombiano y consolidar la productividad y sostenibilidad del sector artesanal.

Una entidad que jugará un papel importante en toda esta apuesta es Colombia Compra Eficiente, ya que desde allí se buscará impulsar la economía popular regional.  Su director, Stalin Antonio Ballesteros, habló acerca de lo que se viene haciendo desde allí: “El presidente nos encargó una tarea fundamental, la cual consiste en democratizar la contratación estatal, implementar mecanismos de compra que permitan impulsar una economía regional dedicada a la alimentación y fomentar la industrialización liviana a través de la vinculación de la economía popular al sistema de compra pública”, dijo el funcionario.

Según Ballesteros, la idea es posicionar un nuevo enfoque de la contratación que permita tener una compra pública inclusiva, socialmente responsable, sostenible con el ambiente, transparente y que promueva la participación de los actores de la economía popular en la contratación estatal.

“Para estos efectos, esta norma se estructuró bajo cinco ejes temáticos: habilitación a las entidades públicas para que incorporen criterios sociales y ambientales en los procesos de selección, fomento de la participación de las MiPymes en el mercado de compra pública, celebración de los Convenios Solidarios con actores de la economía popular para la democratización de la contratación pública, implementación de mecanismos para la superación de barreras de acceso al sistema de compras públicas para promover la participación de actores de la economía popular, diseño de instrumentos por parte de Colombia Compra Eficiente que garanticen la participación de actores de la economía popular en el sistema de compras públicas, como lo son el catálogo de Mipymes y los catálogos inclusivos”.

Agregó que, en lo que respecta al PND, desde la entidad se quiere impulsar la creación de instrumentos dinámicos de adquisición que permitan que los actores de la economía popular participen sin que se exija el RUP y la de incorporar catálogos de proveedores que no se cierre durante el tiempo de su vigencia, como ocurre actualmente con los acuerdos marco de precios, permitiendo de esta manera que no se cierre el mercado y garantizando de esta manera la democratización de la compra pública.

“De igual manera, desde la Agencia se quiere impulsar la creación de las asociaciones público-populares como un mecanismo a través del cual las entidades públicas suscriben convenios con organismos de acción comunal u otras formas de organización social, así como con grupos y comunidades étnicas, con el propósito de vincular a la comunidad en los proyectos que de manera directa les beneficia o iniciativas para satisfacer sus propias necesidades. Estos esquemas asociativos serán de gran relevancia para la materialización de los objetivos trazados por el Gobierno Nacional en el programa de hambre cero, y se enfocarán en programas o políticas sociales, de alimentación, cultura, desarrollo y mejoramiento de proyectos de infraestructura social, vivienda rural, vías terciarias y caminos vecinales, infraestructura productiva local, proyectos de eficiencia energética, gestión comunitaria del agua, saneamiento básico y fortalecimiento ambiental y comunitario”.

Desde la Cámara de Representantes hay opiniones divididas sobre esta apuesta. Para el representante Elkin Ospina, del partido Alianza Verde, esta iniciativa es loable. “La economía popular necesita oportunidades, necesita crecimiento y desarrollo organizado. En el plan de desarrollo nuestra propuesta debe enfocarse en el apoyo a los emprendimientos, el fomento a la innovación y al desarrollo tecnológico. Los créditos, los incentivos y la correcta reglamentación de las economías populares deben marcar el eje de la propuesta. Una reglamentación que escuche las necesidades de los comerciantes a baja escala, que tienen por profesión la economía del sustento y que seguramente no serán grandes empresarios, no puede convertirse en la puerta de entrada para que la informalidad sea el común denominador en un país que también está necesitando empleo para la gente y oportunidades para las industrias”, dijo el congresista.

La asesoría, el acompañamiento permanente, una línea blanda de créditos y la correcta y asertiva reglamentación pueden ser la forma en que muchas personas encuentran su sustento dentro de la legalidad y ayudan a jalonar una economía que ha venido siendo golpeada en los últimos años.

Por su parte, desde la oposición se hicieron reparos a lo que se pretende hacer, por ejemplo, el representante a la Cámara, Hernán Cadavid, dijo: “Las alianzas público populares que denomina el PND tiene en el fondo la intención de burlar la Ley 80 y permitir la contratación estatal con grupos afines a la ideología de Petro, sectores que se denominan minoritarios, indígenas, negritudes, entre otros que no tienen la capacidad técnica de adelantar obra pública, le pueden permitir condiciones en otras posibilidades, pero esto puede terminar siendo el instrumento de direccionamiento de la contratación estatal en favor de los sectores que han apoyado a Gustavo Petro políticamente en los últimos años, ese es uno de los grandes riesgos del PND; concentración de poder y direccionamiento a fortalecer grupos de afinidad política petrista”.

Lo cierto es que luego del debate en el Congreso quedará lista la hoja de ruta con la que gobernará el presidente Petro los próximos cuatro años, allí quedarán las políticas, programas y proyectos que serán financiados con recursos de la nación.