Voces sobre la Reforma a la Justicia

La modernización del sistema penal avanza en el Congreso de la República. Es uno de los grandes retos que el Gobierno Petro anunció desde su campaña.

Para el Gobierno el objetivo es “humanizar la política criminal y penitenciaria en el país”, sistema que desde hace décadas no se ha modificado y que el ejecutivo cree que merece un “cambio extremo”, el cual permita convertir a los centros de reclusión en verdaderos espacios de resocialización.

Según los autores de la iniciativa, si la reforma es sancionada como ley de la República, los ciudadanos, que de una u otra forma han cometido “errores” incurriendo en delitos, podrían volver a ser personas que pueden convivir en sociedad y tener una ‘segunda oportunidad’ en sus vidas.

 “En la actualidad estamos con un sistema netamente carcelario, corrupto y que termina siendo una escuela delincuencial para los presos”, señaló el ministro de justicia Néstor Osuna al momento de la radicación de la Reforma a la Justicia.

Para el gobierno, el sistema actual solo ofrece penas y las reformas que se le han realizado solo aumentan las condenas, lo que solo ha conllevado a endurecer los comportamientos más terribles e indeseables en la sociedad.

Según la Defensoría del Pueblo, ante el histórico hacinamiento de los centros carcelarios, la saturación del sistema judicial ha pasado a las estaciones de Policía y las URI.  Actualmente, las estaciones de Policía mantienen cifras alarmantes de sobrecupo ante la imposibilidad de trasladar los capturados a establecimientos carcelarios; por ejemplo, la estación de Policía de Santa Fe, en Bogotá, mantiene un 370 % de hacinamiento, Usaquén 745 %, Bosa 660 % y Teusaquillo 620 %. En 2021, según la misma entidad, el caso más difícil fue el de Kennedy, en donde la estación mantuvo, por varios meses, más del 1.016 % de hacinamiento.

Se evidencian cifras preocupantes en otras ciudades: Bucaramanga (835,6 %), Santa Marta (553,4 %) y Bogotá (553 %), son las tres ciudades con mayores cifras de hacinamiento carcelario en el país. Le siguen Cúcuta (491,4 %) y Riohacha (333,7 %).

La Procuraduría advierte que en toda Colombia hay un hacinamiento de 240 % en los sitios de detención. Entre estaciones de Policía y las URI hay capacidad para 9.583 detenidos, pero actualmente hay una población de 22.960 personas.

Según el ministro del Interior, Alfonso Prada, nuestro país debe estar llegando, lo más pronto posible a una modernización de la justicia a través de un modelo restaurativo y reparador. Para el ministro, las cárceles no están cumpliendo con su objetivo: “lo importante no es humillar a una persona al someterla, sino lograr su resocialización efectiva y la reparación de la víctima, que ha sufrido un atentado a su integridad, de alguna manera, por la comisión del delito”.

Frente a la misma problemática el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, señaló: “Aquellos que una vez ingresan a las cárceles, salen con especialización, maestría y hasta doctorado, pero en criminalidad y no se cumple el papel que debería jugar el sistema penitenciario, el de la resocialización”.

Agmeth Escaf, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, señala que el hacinamiento en las cárceles supera todos los límites: “que la gente tenga una segunda oportunidad, hay muchas personas que están detenidas de manera injusta”.

La reforma propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro pretende descongestionar al sistema judicial, eliminando varios delitos como la inasistencia alimentaria, los que van en contra del sentimiento religioso, la injuria, la calumnia y el incesto, del cual dice que no puede ser tratado como una conducta punitiva algo que puede ser visto como una conducta inmoral, y que, en casos en los que se produzca la presencia de un menor, ya está tipificado por otro tipo de delitos.

Según los anuncios del Gobierno, en su propuesta, habría beneficios penales por buena conducta como la casa por cárcel, así como la posibilidad de que los privados de la libertad puedan laborar de día, al exterior de los centros penitenciarios, para regresar todas las noches, entre otros.

Pero esto no ha caído muy bien en algunos sectores políticos del país. Erika Tatiana Sánchez, segunda vicepresidenta de la Cámara, no ve con buenos ojos algunas de estas ideas: “no puede ser que se esté poniendo en riesgo la garantía plena y el goce efectivo de los derechos de nuestros niños y niñas, es inadmisible que se despenalicen los delitos de inasistencia alimentaria e incesto, es inadmisible que juguemos con la protección de la infancia y adolescencia”.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a través de sus redes sociales, invitó a los ciudadanos de la capital a firmar una petición que se enviaría al Presidente y al ministro de Justicia, con el fin de evitar que se haga efectiva la propuesta de excarcelar delincuentes o darles casa por cárcel:  “Voy a enviarles esta carta y les voy a pedir que se la hagamos llegar no solo al ministro de Justicia y al Presidente, sino, también a los congresistas, rogándoles que no les den impunidad a los delincuentes y que cuiden a los ciudadanos como es su obligación”, dijo la alcaldesa.

Mientras la polémica continúa, en el Congreso también lo hace la Reforma a la Justicia. Para la representante a la Cámara por el Partido Liberal, Piedad Correal,

la ley puede contribuir a que se busque que las cárceles sean espacios donde se pueda resocializar a quienes han cometido delitos, pero cree que hay tener cuidado. “Vamos a analizar, vamos a escuchar al Consejo Nacional de Política Criminal para tener en cuenta todos los criterios y de esta forma contribuir a quitar el hacinamiento de las cárceles, humanizar las penas, a que exista la verdadera resocialización del privado de la libertad, pero también a que no se impacte la seguridad ciudadana”.

Para el congresista Alirio Uribe, quien se ha caracterizado por ser uno de los líderes de la Reforma a la Justicia desde el Legislativo como representante a la Cámara del Pacto Histórico, esta ley pone el énfasis en lo que debe ser la función de los centros penitenciarios. “La propuesta del ministro de Justicia para humanizar la política criminal y el sistema penitenciario, es adecuada en entender que la pena no es una mera venganza, sino que es un mecanismo de rehabilitación y resocialización de los delincuentes, para que estos vuelvan a la sociedad y no sigan cometiendo delitos”. Además, cree que uno de los puntos fuertes de este articulado, está en el tema de la justicia restaurativa: “Permitiría que las victimas hagan ejercer su derecho a ser reparadas o a ser restituidas, lo mejor posible, por quien les cometió el delito”.

Sobre la reparación a las víctimas el Gobierno plantea que es la posibilidad de resarcir los daños a quienes fueron víctimas de las conductas delictivas, aclarando que no habrá excepciones con los delitos sexuales.

Según el ministro de Justicia, hay desconocimiento generalizado sobre el enfoque restaurativo y las ventajas de su aplicación, tanto en el marco de la justicia ordinaria, como en los procesos de justicia transicional: “Las propuestas del actual Gobierno para desarrollar y aplicar este enfoque en la administración de justicia, resultan ser acertadas en la medida en que intentan dar respuesta a los problemas de fondo de la política criminal, la resolución pacífica de conflictos, la resocialización de los transgresores de la ley, así como a la reconciliación”.

En total, son 41 páginas y más de 83 artículos; la reforma iniciará su trámite con mensaje de urgencia por las Comisiones Primeras de Senado y Cámara y deberá someterse a intensos debates en las plenarias.