Paz Total, diálogos y transición democrática

Conversamos con Helberth Choachí sobre la perspectiva que tiene alrededor de la Paz Total, uno de los principales derroteros del Gobierno Nacional. A su vez, se aborda un análisis sobre el presente de los diálogos de paz que se adelantan con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Por: Sergio Segura

Helberth Choachí es abogado, integrante de Ciudadanías para la Paz, docente investigador de la Universidad Pedagógica Nacional y candidato a la rectoría de la universidad para el periodo 2022-2024. También es fundador del Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos (CEPAZ-UPN) y del Observatorio de Derechos Humanos de la misma institución. Actualmente es candidato a doctor en Ciencia Jurídica y Política de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España.

Revista Poder Legislativo: El Proyecto de Ley de Paz Total fue radicado en el Congreso desde agosto de 2022, ¿en qué se ha avanzado y cuáles son los principales debates?

Helberth Choachí: En agosto de 2022 el ministro del Interior, Alfonso Prada, radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley “Por medio del cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, se define la política de paz de Estado, y se dictan otras disposiciones”.

Posteriormente, las Comisiones Primera del Senado y la Cámara aprobaron el proyecto de Ley 181 del Senado y 160 de la Cámara donde se habla de la Paz Total, que en términos técnico-jurídicos es una modificación parcial a la Ley 418 de 1997 creada bajo el mandato del expresidente Ernesto Samper (1994-1998).

En cuanto a lo aprobado en el texto final considero que, en materia normativa, se avanzó en temas como la creación del gabinete de la paz, se establecieron los tipos de acercamientos, diálogos, negociaciones y sometimientos con actores armados, se facilita la entrega de armas de particulares y se abre el camino para las alternativas al servicio militar obligatorio.

No obstante, preciso algunas preocupaciones: al ser un proyecto de ley que modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, de entrada, no definió la política de paz del Estado, por lo que puede ser posteriormente modificada o derogada.

Pensar en la paz como política de Estado desde la perspectiva normativa debió contemplar la presentación de un proyecto de acto legislativo que modificara el artículo 22 de la Constitución Política que permitiera darle contenido material al derecho a la paz, precisando su alcance en materia de garantía, protección y exigibilidad. Nuestro deber es buscar cómo otras miradas-lecturas críticas de realidad pueden ser escuchadas para fortalecer las propuestas que lidera el presidente Gustavo Petro.

También me preocupa que el proyecto de ley eliminó el carácter político y el estatus de beligerancia de algunas organizaciones como se contemplaba en la Ley 418 de 1997, lo que ha significado que organizaciones insurgentes como el ELN tendrían la misma condición y estatus que grupos armados de crimen organizado como La Oficina o el Clan del Golfo, asunto que se ha ajustado en el discurso, pero no en la ley.

De lo anterior, siguen algunas preguntas sin responder: ¿qué sucede con los actores transnacionales (Estados y carteles) que dirigen y financian la guerra en Colombia?; ¿qué va a suceder con sectores de las fuerzas militares señalados de tener relación estrecha con estructuras criminales, ellos también serían llamados a negociar?

R.P.L.: Continúan los combates entre grupos armados ilegales y no ha cesado el asesinato de líderes sociales y firmantes de paz. Además, según la ONG Indepaz, en lo que va corrido del año se registran 14 masacres con 44 víctimas, ¿cómo ve el escenario de la paz total en medio de la violencia que no cesa en algunas regiones?

H.CH.: El gobierno está haciendo ingentes esfuerzos para parar la guerra. Esto tiene una complejidad mayor por la abundancia de actores armados ilegales presentes en el país. Otro elemento es que estos grupos armados viven de una economía de guerra, lo que garantiza que existan dinámicas de guerra para el control territorial donde se desarrollan esas economías ilegales.

Los líderes y lideresas sociales quedan en medio de la confrontación, defendiendo el territorio, situación que ha repercutido en un genocidio político instalado en contra de los liderazgos sociales para silenciar sus voces.

Mientras existan las economías de guerra y se contemple darle al narcoparamilitarismo un estatus similar que al de la insurgencia, va a ser difícil la actuación del Estado especialmente en la lucha contra las drogas, y en combatir grupos que tienen intereses eminentemente económicos y que históricamente han cooptado la institucionalidad del Estado para su beneficio.

R.P.L.: La Ley 418 de Paz Total establece Regiones de Paz para adelantar diálogos con grupos armados: ¿cuáles son estas zonas y cómo se proyecta su funcionamiento?

H.CH.: Es importante empezar aclarar que las Regiones de Paz no son “zonas de despeje”, figura que en su momento usó el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002) en los diálogos del Caguán; son zonas donde no habrá ni despeje temporal ni definitivo de la Fuerza Pública. Las Regiones de Paz buscan propiciar la participación de la sociedad utilizando instancias que vienen funcionando en los territorios como los Comités de Justicia Transicional y los Consejos Territoriales de Paz, donde se vinculan las organizaciones de derechos humanos, de víctimas y el sector productivo interesado en participar. El Ministerio del Interior indicó que son seis regiones priorizadas para la paz total: Eje Cafetero, Pacífico y Caribe, Centro Oriente, Centro Sur y los Llanos Orientales.

Lo que plantea la ley en la constitución de las Regiones de Paz es reconocer lo acordado entre el Estado y las FARC-EP, por ejemplo, sobre los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y los municipios categorizados en el ZOMAC (Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado), los territorios étnicos y comunidades con alto grado de vulnerabilidad.

Los municipios del PDET son 170, los cuales fueron caracterizados por el Estado como los más afectados por las economías ilícitas, baja presencia institucional y por el nivel de pobreza multidimensional. Los ZOMAC están conformados por 344 municipios determinados como los más afectados por el conflicto armado conforme a la Dirección Nacional de Planeación.

R.P.L.: ¿Cómo funcionarán los “Puestos de Mando Unificado por la Vida (PMU)” bajo el enfoque de la seguridad humana?

H.CH.: Se propone superar la concepción de seguridad como derecho individual por la categoría de “seguridad humana”, y en la ley se reconoce la interrelación que existe entre la paz, el desarrollo y los derechos humanos.

Los PMU son un ejercicio de protección del derecho a la vida, la seguridad personal y la integridad, donde de manera interinstitucional los ministerios del Interior y de Defensa han pedido que gobernadores y alcaldes cuenten con facultades para solicitar acompañamiento, atención inmediata y articulación con la Fuerza Pública con la finalidad de garantizar el orden público, la seguridad y la convivencia.

Es un mecanismo interesante porque tiene como elemento central la prevención para reducir al máximo el riesgo que existe actualmente para los firmantes de paz, defensores de derechos humanos y líderes sociales, buscando diseñar planes de trabajo que permitan materializar la prevención y protección del derecho fundamental a la vida. Los PMU tienen una coordinación entre la Fuerza Pública, Defensoría del Pueblo, Personerías y autoridades locales, a su vez, pueden vincularse organizaciones internacionales para su verificación.

R.P.L.: Inició la segunda fase de diálogos entre el Gobierno y el ELN en Ciudad de México, ¿en qué puntos hay acuerdos sustanciales?

H.CH.: Es importante situar que esta organización cumple 59 años y ha participado en conversaciones con los gobiernos de César Gaviria, Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos e Iván Duque. Esta experiencia implica tener unos mayores niveles de comprensión de lo que es el ELN y lo que buscan en una agenda de transformación.

En la mesa se trabaja sobre los puntos pactados en el gobierno de Santos: sociedad civil en la construcción de paz, transformaciones para la paz, fin del conflicto armado y la implementación. En el primer ciclo, finalizado en diciembre pasado, se llegó a cuatro acuerdos: mantener los seis puntos acordados con el gobierno de Santos, establecer mecanismos para la institucionalización de la mesa, acciones humanitarias y pedagogía y comunicación de cara a la participación.

En México se planteó ajustar tres puntos sustanciales: cómo será la participación de la sociedad en la mesa; trabajar en el cese bilateral al fuego, definiendo los mecanismos de verificación; y examinar los logros y dificultades presentadas en el primer ciclo. Adicionalmente, iniciado el segundo ciclo, se confirma que Alemania, España, Suecia y Suiza se reactivan como grupo de países garantes de acompañamiento y cooperación, lo que blinda el proceso para un mejor ambiente de negociación.

R.P.L.: Existe una disyuntiva por la posible no aplicación del Derecho Internacional Humanitario a grupos armados ilegales de alto impacto que no tienen un estatus político, ¿cómo se manejará esta exigencia internacional?

H.CH.: La modificación de la Ley 418 está propiciando este debate y estamos en vísperas de conocer cómo será la propuesta del gobierno para el sometimiento a la justicia, ya que hasta el momento estas estructuras multicrimen están haciendo negociaciones de carácter económico para mantener los ingresos que se despliegan de la economía de la guerra. En estos momentos hay una negociación con un actor beligerante y pocos avances respecto del proyecto de sometimiento a la justicia de bandas criminales.

En todo caso, el Alto Comisionado para la Paz aplica la tesis de la Cruz Roja donde se reconoce la existencia de cinco conflictos armados en Colombia, por lo que debe reconocerse que el conflicto interno tiene unos actores determinados. Esto puede generar no solo confusiones en el plano teórico sino también dificultades prácticas al momento de buscar el sometimiento a la justicia del narcoparamilitarismo, así como para la investigación, captura y judicialización de capos vinculados con estructuras criminales entre México y Colombia.

Es importante ir corrigiendo estos aspectos de cara al escenario de Paz Total y trabajar para desmontar las causas que hacen que estos grupos pervivan y se mantengan las dinámicas de violencia en los territorios.