La justicia pasa al tablero de las reformas

¿Cómo garantizar la justicia para que quienes se han equivocado por medio de conductas delictivas puedan resarcir no solo a sus víctimas sino a la sociedad en su conjunto? ¿Cómo lograr que quién ha cometido un error vuelva a ser parte de la sociedad? ¿Qué hacer para que los centros penitenciarios no se conviertan en escuelas del delito?

Por: Heurdek Gutiérrez Mendoza

 

Estas preguntas, que bien podrían dar para una tesis de doctorado, hacen parte de grandes dilemas que saltan al debate público ante la propuesta del actual Gobierno para humanizar la política penitenciaria en el país.

En su intervención principal, durante el conversatorio organizado por el Programa de Derecho y el Semillero de Investigación de “Derecho penal y Derechos Humanos”, de la Facultad de Ciencias Sociales de Universidad Jorge Tadeo Lozano, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, señaló: “es necesario llevar la educación a las cárceles, que un individuo que no sepa leer ni escribir salga de allá haciéndolo y que además aprenda un oficio, esto hará que no reincida, algo que en un alto porcentaje ocurre en este momento”.

Por su parte, el rector de la Universidad Tadeo, Carlos Sánchez Gaitán, aseveró que este es un tema que debe movilizar la deliberación en toda la sociedad: “esto no solo debe interesarles a los abogados, debe haber un gran debate cultural y social mucho más amplio”.

Según Manuel Iturrade, experto penalista de la Universidad de los Andes, los colombianos deben saber sobre el impacto fiscal de la reforma: “Este tipo de proyectos tendrán que contar con muchos recursos económicos y tienen que redirigir los recursos con los que ya cuenta el sistema penal y penitenciario, pero nos gustaría que nos explicaran cómo lo van a hacer para que los resultados sean efectivos y cómo se va a generar la tranquilidad de que esos resultados sí se pueden alcanzar”.

Las opiniones de diferentes académicos en las redes sociales apuntan a que es la primera vez que un Gobierno piensa en realizar un modelo complementario entre la justicia punitiva y la restaurativa.

Diana Britto Ruíz, exdirectora de Conocimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, señala que la propuesta es “histórica”, siendo la primera vez que se entiende que el delito es un asunto humano y que quienes los cometen continúan en su condición.

Johanna Bahamón, presidenta de la reconocida Fundación Acción Interna, la cual ha logrado volver a darle una ‘segunda oportunidad’ a varios reclusos, señaló: “En los lugares de reclusión debe haber apoyo psicosocial y jurídico. Se debe dejar que, entre el arte y la cultura, todos estos elementos deben estar enfocados a una actividad productiva. Entre sus iniciativas se destaca la creación del primer restaurante en un centro de reclusión, “Interno”, inaugurado en la cárcel de mujeres de San Diego, en Cartagena. Hoy dicha iniciativa se trasladó a Bogotá y emplea a personas que en algún momento fueron privadas de la libertad. Además, en 2018, fue escogido por la revista TIME dentro de los mejores cien sitios del mundo”.

Ante la propuesta de despenalizar varios delitos como el incesto, la calumnia, la prisión para los padres que no responden por sus hijos, entre otros, algunos creen que de implementarse dichas medidas, serían un retroceso en la administración de justicia: “he trabajado con diferentes madres cabeza de hogar y desde ellas puedo dar fe que la única opción de que se castigue a los padres que no responden por sus hijos es la demanda por alimentos, esta es una de las alternativas más eficaces para generar este compromiso”, señaló María Camila Correa, docente universitaria de leyes y derecho.

El debate legislativo

Mientras en la academia los debates se generan abordando minuciosamente los detalles de la reforma, en el Congreso las bancadas debaten la propuesta liderada por la cartera de Justicia. Allí la agenda se mueve en torno a las sentencias de la Corte Constitucional, que indican que habría presuntas violaciones a los derechos humanos al interior de las cárceles en Colombia.

 

Alirio Uribe, representante a la Cámara de la coalición de Gobierno, quien acompaña la reforma desde sus inicios, señala que, mientras en las cárceles los niveles de hacinamiento desbordan cualquier razón, el Congreso únicamente ha eliminado subrogados penales, a pesar de que ha modificado en más setenta oportunidades el sistema judicial: “Es importante entender que la cárcel no es necesariamente la salida a los problemas de un país. Es primordial cumplir varios fallos que desde 1998 la Corte Constitucional ha expresado, donde dice que hay una situación de indignidad, de violación de los derechos humanos frente a la población privada de la libertad”.

 Según el congresista, el 26 % de quienes están en las cárceles son reincidentes, la resocialización no se cumple y los centros carcelarios se convierten en ‘escuelas del delito’: “Hay gente detenida en las URI, que deberían ser centros transitorios, donde el hacinamiento es del 176 %. De tal suerte que, para atender la dignidad de los internos, lo que obliga la Corte es invertir en infraestructura para que se garantice las condiciones de dignidad humana de la población carcelaria en Colombia”.

Para Julio Cesar Triana, representante a la Cámara del partido Cambio Radical, el proyecto no es la solución para tratar los problemas del sistema penitenciario: “yo creo que este proyecto ni humaniza al sistema carcelario ni atiende el estado de cosas inconstitucionales. Tenemos que cambiar en Colombia el concepto de nuestros centros de detención y reclusión. Necesitamos ‘cárceles fábricas’ en las grandes ciudades, donde los internos puedan aprender un oficio y no a cometer otros delitos, pero también necesitamos penitenciarías agrícolas”.

 Según Triana, el actual proyecto de humanización presentado por el Gobierno no atiende el hacinamiento: “¿En las ciudades intermedias donde se puede explorar y explotar el campo, sabe cuántas penitenciarías agrícolas tiene el país? Una sola. Las infraestructuras carcelarias de Colombia, en algunas ciudades, no tienen ni siquiera servicios públicos, no tienen la posibilidad de mantener con dignidad a los internos”.

Ante esta problemática, el representante Uribe señala que la reforma permitirá que algunos presos trabajen y en las noches regresen a los centros de detención: “El proyecto contempla varios puntos que pueden contribuir, precisamente, a la descongestión de las de las cárceles aprovechando los subrogados penales, (medidas sustitutivas de la prisión) como el que deja salir a algunos presos a trabajar y a volver en la noche. Esto se puede aplicar para ciertos delitos, que no sean de lesa humanidad”.

Pero, ante la eliminación de varios delitos como la injuria y la calumnia, además de la inasistencia alimentaria, el representante Triana señaló que despenalizar estas conductas solo tendría que ver con el 0.6 % del número de internos en Colombia, y que, por el contrario, sí abriría un ‘boquete’: “no se trata de ser una fábrica de condenas, permanentemente un Estado leguleyo, pero tampoco podemos abrir puertas y ventanas a que, al no tener la herramienta judicial para la injuria y la calumnia, algunos recurran a la justicia por mano propia”.

 El congresista Uribe, del Pacto Histórico, sostiene que, solo de enero a marzo han llegado a la Fiscalía a más de 18 mil denuncias por inasistencia alimentaria: “¿qué solución hay si una persona que no tiene empleo no le da de comer a los hijos y nos gastamos 3 salarios mínimos mensuales para mantenerlo preso, en vez de generar empleo para que pueda mantener los hijos? Después termina la esposa llevándole la comida”.

Para el representante Uribe la reforma no beneficia a los narcotraficantes como en algunos medios se ha señalado, por el contrario, afirma que se les dará garantías y oportunidades a los ciudadanos para que, a pesar de haber cometido delitos en sus vidas, puedan cambiar el rumbo y resocializarse de una forma oportuna: “El presidente acaba de sancionar una ley que permite que las mujeres víctimas del narcotráfico, que son aquellas mujeres que están en el microtráfico, puedan obtener la libertad. (…) Hay que meter a la cárcel es a los mafiosos, a los narcotraficantes, a los que lavan activos, y no a la mamita que sale con su bebé a expender cocaína, marihuana o bazuco porque no tiene oportunidades”. Según el congresista, cada preso le cuesta al país la suma de 36 millones de pesos al año, por lo que la solución no es crear más cupos sino reformar la política criminal.

Por ahora, lo único cierto es que el acalorado debate en la Comisión Primera continuará, las bancadas buscarán la forma de cumplir con los objetivos de su colectividad y el Gobierno buscará la forma de que su propuesta sea aprobada. Detrás está de fondo  un tema clave en la sociedad, cómo hacer una política carcelaria que permita disminuir al máximo posible los delitos y que los espacios carcelarios sean lugares que conserven la dignidad del ser humano.