Comunes y el PND: proposiciones sobre el Acuerdo de Paz

La bancada del partido Comunes radicó ante el Senado de la República 27 proposiciones sobre el Acuerdo de Paz de La Habana, con el objetivo de que sean especificadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Por: Sergio Segura

Como integrantes de las comisiones económicas (Tercera y Cuarta de Senado y Cámara) donde se discute el PND, el partido Comunes convocó el pasado 8 de marzo una rueda de prensa donde los representantes Carlos Carreño, Luis Albán y Jairo Cala, así como Manuela Marín como integrante del Comité de Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz, dieron a conocer tanto las opiniones positivas como los reparos frente al articulado del PND con respecto al Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las FARC-EP en noviembre de 2016.

Inicialmente, reconocen que el documento marca los derroteros para que en el próximo cuatrienio los esfuerzos por la justicia social y la paz total sean una realidad, generando las condiciones y garantías para construir los cambios que la sociedad colombiana requiere. En ese sentido, el representante Carlos Carreño aseguró que no son posibles los cambios sin la implementación efectiva del Acuerdo, por lo que esbozaron las proposiciones de lo que, a su juicio, son elementos esenciales que deben incluirse en el PND.

Frente al balance de varios años de implementación, el representante detalla las dificultades que se han tenido, en especial las que fueron producto de los obstáculos propiciados por el gobierno de Iván Duque, quienes, según el congresista, “quisieron hacer trizas la paz, pero no lo lograron”.

Así, hizo referencia a las deudas que se tienen con los territorios más afectados por los cultivos ilícitos y la guerra, así como con los firmantes de paz y las víctimas del conflicto. A su vez, hizo un llamado para tener en cuenta en la Reforma Política a los sectores sociales que han sido históricamente excluidos de la participación.

Ahora bien, las proposiciones están divididas en dos partes: primero, sobre la reincorporación de los firmantes de paz: acceso a tierras, renta básica y condiciones de acceso a vivienda. Segundo, se busca que en la redacción del PND sea más explícito el cumplimiento de los seis puntos acordados: reforma rural integral, reforma política, solución al problema de las drogas, reparación a las víctimas, implementación del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y el fin del conflicto.

Ya que este plan ha sido construido a partir de un “diálogo constructivo y provechoso”, los integrantes de Comunes esperan que la respuesta del Gobierno Nacional sea más allá del acompañamiento, sino que también destine presupuesto para las necesidades de los territorios priorizados, “elemento que en la práctica impulsaría la paz total del Gobierno”.

Los representantes hicieron énfasis en lo provechoso que han sido las conversaciones con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, por lo que anticipan su deseo de aportar para que se apruebe el documento en el marco de los debates legislativos.

Por su parte, el representante Jairo Cala, señaló que la implementación del Acuerdo de Paz es la puerta de entrada para la Paz Total y que el actual PND es una oportunidad histórica para materializar las demandas, por lo que se requiere un programa nacional para la implementación del Acuerdo donde se recojan los avances institucionales y se articulen las entidades “para ponerlas en función de transformaciones efectivas”. Igualmente, considera que deben afianzarse las instancias creadas a partir del Acuerdo con relación a la sustitución de cultivos ilícitos y la protección ambiental, para que no se reproduzca la represión hacia las comunidades inmersas en estas dinámicas, proponiendo que hagan parte del Consejo Nacional contra la Deforestación.

Por otro lado, Manuela Marín recordó que en el documento firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP se concertó que los dos gobiernos posteriores tendrían que contemplar los puntos acordados en su planeación estratégica, condición que, en su opinión, fue incumplida por el Gobierno anterior: “se presentaron desviaciones de recursos, desvirtuación del Acuerdo y falta de planeación y de indicadores de cumplimiento para un balance real”, agregó.

Diferentes medios de comunicación realizaron preguntas alrededor del proyecto de sometimiento a la justicia para grupos armados sin estatus político, así como sobre el balance de la “reincorporación económica” para los excombatientes y la situación actual de las mujeres firmantes de paz.

Los integrantes de Comunes resaltan la tragedia que significa el asesinato de 350 firmantes de paz, situación que, además, repercute en los proyectos productivos de los excombatientes, los cuales “han sido un fracaso”.

El asesinato de firmantes de paz, la visión fragmentada sobre los proyectos productivos, así como la falta de vías terciarias y circuitos de comercialización, arrojan un resultado de por lo menos un 70 % de los proyectos productivos quebrados. Señalan que, aunque son acompañados de algún desembolso económico, no contiene una asociatividad productiva, estrategias de mercadeo, subsidios, acceso a créditos u otras formas de financiación, lo que ocasiona que los productos o servicios de estas formas organizativas no tengan un encadenamiento a mediano plazo.

La bancada considera que esta población puede ser beneficiaria de la iniciativa  contenida en el PND sobre la economía popular, pero para lograrlo, aclaran, se requiere de garantías: “En algunas regiones los problemas de seguridad hacia los firmantes no dejan empezar el proyecto o tienen que irse por las amenazas”.

Con relación al enfoque de género contenido en el Acuerdo, se dijo que el 35 % de las mujeres firmantes están dedicadas a las labores del hogar, lo que les ha impedido llevar a cabo su liderazgo político, por lo que “(…) hay que retomar la letra del Acuerdo y la corresponsabilidad de las entidades para responder de manera integral”.

Frente al proyecto de sometimiento a la justicia manifestaron que apoyan su intencionalidad y de que este sea parte integral de la Paz Total, aunque no creen que avanzar en la implementación del Acuerdo deba depender de los esfuerzos actuales del Gobierno con relación al cese de actividades armadas de otras organizaciones.

Manuela Marín culminó asegurando que la reincorporación urbana, aunque no estaba contemplada, es una realidad, por lo que el PND puede transmitir instrumentos claros de ejecución y políticas públicas con las instituciones articuladas, lo que apoyarían no solo los firmantes de paz sino las organizaciones sociales y partidos políticos que mantienen el espíritu de la paz.