Colombia en busca de una transición energética total

La preocupación del Gobierno Nacional gira en torno a la necesidad de ampliar los espacios libres de emisiones de dióxido de carbono, así como combatir el calentamiento global y el cambio climático a través de la implementación de energías limpias que permitan un desarrollo económico y social amigable con el medio ambiente.

Por: Catalina Cadena

Esta transición consiste en un cambio en la forma de producir energía, en donde se reemplazan combustibles fósiles como el carbón o el petróleo por fuentes de energía renovable como son la energía eólica o solar.

Aunque el 70 % de la energía de nuestro país proviene de hidroeléctricas, buena parte de los ingresos son producto de la explotación del petróleo y el carbón. Uno de los principales propósitos del presidente Gustavo Petro es cambiar esta dependencia energética sin que se vea afectada la economía productiva del país, por lo que presenta varias medidas para lograr este objetivo incluido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Para el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Jorge Andrés Cancimance, uno de los puntos importantes en el tema de la transición energética es la creación del programa de sustitución de leña, carbón y residuos por energéticos de transición, en donde se crean distritos mineros especiales para la diversificación productiva: “a través de estas líneas estratégicas el Gobierno Nacional busca integrar el desarrollo económico en armonía con el ambiente a través de mecanismos de transición energética, por medio de los cuales se fomenta la producción y consumo de combustibles alternativos a fines con la protección medioambiental”.

Por su parte, la Fundación Ideas para la Paz manifiesta que el Gobierno tiene aciertos dentro del PND, los cuales están enfocados con las expectativas respecto al cambio climático, dentro de lo que se cuenta la capacidad de tecnologías renovables para generar de energía, también sobre la participación de las comunidades para que disfruten de los beneficios del sector energético dentro de sus territorios con la creación de las ‘comunidades energéticas’: “los  mecanismos de justicia social y ambiental necesarios para una transición energética justa como el trabajo decente, la formación de las comunidades, la reconversión laboral enfocada en modelos productivos sostenibles, el fomento de centros de investigación y tecnología y la implementación del acuerdo de Escazú”.

Para que en el país se asegure la transición energética se deben reducir emisiones y asegurar el acceso a energía limpia para todos, maximizar los beneficios ambientales, económicos y sociales para las comunidades y actores económicos en los territorios, minimizar los impactos negativos sobre personas y el medio ambiente y fortalecer la capacidad adaptativa de las personas, grupos y comunidades frente a los efectos del cambio climático. También debe existir confianza entre el Estado, la sociedad civil y las empresas de distintos sectores para diseñar los planes y acciones de acuerdo con las necesidades de los territorios.

Pero también el plan tiene desaciertos. Según Luisa Fernanda Umaña, profesional del área de energía y justicia climática de la organización ambientalista Censat Agua viva, la flexibilización de medidas de transición energética que se habían anunciado no se vieron reflejadas en el PND que se aprobó y pareciera que no hay una prohibición para nuevos proyectos de minería de carbón a cielo abierto, cuando se supone que es de los primeros fósiles que se debe abandonar. Con el petróleo sucede igual donde se prohibía las exploraciones de yacimientos, pero el PND habla de una menor promoción de estos proyectos y mayor promoción de economías alternativas, sin avanzar en la disminución de combustibles fósiles.

Otro punto a revisar dentro del PND es la falta de indicadores que den cuenta de la adaptación a la fuerza laboral, empleabilidad y los ingresos para que la población no tenga que depender de los sectores extractivos y aprendan a sostenerse a través de las energías renovables, tampoco está presente la contribución y la colaboración con las grandes empresas en el diseño e implementación de esta transición y no se está integrando un enfoque de derechos humanos para una transición justa en materia de empresas y derechos de los trabajadores y adaptación a la reconversión productiva.

La Cámara de Representantes está discutiendo estas temáticas para llegar a acuerdos que beneficien el medio ambiente y el bienestar de las poblaciones. Según la representante del Nuevo Liberalismo, Julia Miranda, se ha venido trabajando en acciones frente a la explotación de minerales y petróleo, como la prohibición del ‘fracking’ o la suspensión de exploración y explotación de hidrocarburos que son de largo plazo, porque se estima que el consumo de petróleo no caerá sino hasta después de 2030, según un estudio de International Energy Agency IEA; este mismo estudio estima que las demandas de gas aumentarán para 2030.

La representante puntualizó: “Debemos encontrar cómo hacer más sostenible la matriz energética de Colombia mientras logramos capturar recursos que provienen de los hidrocarburos, así logramos articular objetivos ambientales, económicos, y sociales”. El aporte de Colombia a la emisión de gases de efecto invernadero está en la deforestación, ese es uno de los retos que no da espera en una transición energética. Parar la deforestación es un reto a corto plazo y es uno de los asuntos de más relevancia en la coyuntura actual.

Actualmente, se están abanderando iniciativas para contribuir a la transición energética del país; una de estas es la ley de economía del hidrógeno, en donde su autor, el representante Nicolás Barguil, explica que es un proyecto basado en cuatro pilares: reducción del impacto ambiental ocasionado por los combustibles fósiles como el petróleo o el carbón, el fortalecimiento de la seguridad y autosuficiencia energética, la promoción del uso de hidrógeno en beneficio de la seguridad y soberanía alimentaria y la protección de las fuentes hídricas. El hidrógeno verde se genera sin emisiones contaminantes y es un combustible que ya se postula como clave para alcanzar la descarbonización.

Los retos para lograr una transición energética justa como la propone el presidente Petro están en modificar la estructura económica, tomar decisiones para una política minera conciliando con las comunidades y creando políticas públicas que busquen construir una infraestructura que permita el uso de las energías renovables en las comunidades y el aprovechamiento y la protección de terrenos como la Amazonía, que son el eje principal para combatir el cambio climático.

Foto de portada: Enel