Un ambientalismo con enfoque popular: entrevista a David Uribe

David Uribe Laverde es abogado y especialista en derecho contencioso administrativo. Ha estado al frente de diferentes pleitos desde la defensa jurídica de comunidades que se enfrentan a empresas mineras que afectan, con los proyectos extractivos, su hábitat y ecosistemas.

Por: Sergio Segura

El abogado ambientalista y agrarista detalló, para la presente edición de la revista Poder Legislativo, los puntos neurálgicos de los conflictos socioambientales y los retos que estas problemáticas representan para el Gobierno Nacional.

Revista Poder Legislativo: ¿Cuál es la situación actual de las licencias de exploración y explotación petrolera, teniendo en cuenta los conflictos socioambientales con las comunidades?

David Uribe: El nuevo Gobierno se ha planteado la superación de la matriz extractiva en el modelo de desarrollo. El punto de partida es reconocer que la exploración y explotación de minerales es una de las principales fuentes de conflictividad socioambiental en el país.

La llegada del Pacto Histórico a la cabeza del Ejecutivo coincidió con la Sentencia del 4 de agosto de 2022, hito del Consejo de Estado en materia de ordenamiento ambiental y minero. Este fallo de acción popular es conocido como “La Ventanilla Minera”. El máximo tribunal administrativo ordenó al Ministerio de Ambiente identificar y cartografiar todas las áreas de protección, las del sistema de áreas protegidas y otras estrategias de conservación como los humedales Ramsar y los páramos, así como avanzar en la formulación de sus instrumentos de manejo con el objeto de contar con información actualizada de las zonas excluidas o restringidas para la actividad minera.

Igualmente, exhortó a los Ministerios de Ambiente y de Minas y Energía a formular proyectos de ley y reglamentarios para llenar vacíos normativos en asuntos como la evaluación de títulos mineros, las figuras de conservación de la biodiversidad, la regulación de pasivos ambientales y la exigibilidad de licenciamiento ambiental para proyectos de exploración.

De esta forma, el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado se ha presentado como una oportunidad para que el Gobierno propicie un debate en torno al modelo extractivo que venía operando y que se propone reemplazar por una economía productiva, descarbonizada y con transición energética. Esto no implica dejar de explotar minerales e hidrocarburos, pero sí implica desbancar su prioridad por sobre la protección del ambiente y la biodiversidad, el derecho al agua y al ambiente sano, los derechos bioculturales y territoriales de las comunidades étnicas, y la producción campesina. Este debate tendrá su epicentro en el trámite del nuevo Código de Minas que el Gobierno espera presentar en el segundo semestre de este año y que también es auspiciado por la sentencia.

El Gobierno también ha identificado que, los conflictos socioambientales, se generan en el sector minas y energía al momento en que se firman o adjudican los contratos o concesiones, pero se agudizan o manifiestan en el sector ambiente, cuando se tramita la licencia de los proyectos. Esto obedece a la ausencia de mecanismos de participación en las etapas contractuales, asunto que fue advertido por la Corte Constitucional en su Sentencia SU-095 de 2018 y que el Congreso está en mora de reglamentar.

R.P.L.: Desde las Audiencias Públicas Ambientales (APA) fueron expuestos los errores de los Estudios de Impacto Ambiental realizados por la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA), ¿cuáles fueron las conclusiones de este proceso?

D.U.: Además de la inexistencia de mecanismos de participación ciudadana en las etapas contractuales y precontractuales para las concesiones mineras y de hidrocarburos, la Corte Constitucional también ha advertido su insuficiencia durante la etapa de licenciamiento ambiental. Actualmente, las APA, y la Constitución como tercero interviniente, son los únicos mecanismos de participación en el marco del licenciamiento, con abiertas limitaciones.

Las APA se plantean como escenarios meramente informativos, proscribiendo explícitamente la deliberación y la toma de decisiones. Su utilización durante la ejecución de los proyectos es marginal, toda vez que se condiciona a una violación “manifiesta” de las normas ambientales o de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la licencia (Ley 99/93, art. 72). El sector ambiente tiene en la mira un proyecto de reforma a la Ley 99 de 1993 y al Sistema Nacional Ambiental que, entre otros temas, plantea una revisión de los alcances y obstáculos de estos mecanismos de participación, con el interrogante de si debe tramitarlo como ley ordinaria o estatutaria, al involucrar un derecho fundamental.

Mientras tanto, la nueva dirección de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se ha propuesto fortalecer estos mecanismos bajo el marco reglamentario vigente, fortaleciendo la posición de las comunidades en la audiencia y cualificando su participación en espacios previos, como las reuniones informativas, a través de mejores herramientas pedagógicas.

R.P.L.: ¿Cuál es su balance de los pronunciamientos del Consejo de Estado con respecto al principio de precaución en materia ambiental, y sobre “el lado oscuro” de la medida cautelar para los Proyectos Piloto Integrales de Investigación para los yacimientos no convencionales o “fracking”?

D.U.: Así como el Fallo de la Ventanilla Minera le dio oxígeno a la posición ambientalista del nuevo Gobierno, mediante la Sentencia del 7 de julio de 2020 el Consejo de Estado denegó la nulidad del marco normativo para el desarrollo de yacimientos no convencionales o “fracking” (Decreto 3004 de 2013 y Resolución 90341 de 2014), lo que es un duro revés para la aplicación del principio de precaución ambiental en Colombia.

La Sección Tercera desvirtúa dicho principio señalando que no se trata de una regla para solucionar casos concretos sino un “mandato de optimización”, que no tiene un carácter prohibitivo, sino que convoca a la acción regulatoria del Estado.

De esta forma, el Consejo de Estado pasó de una decisión garantista que en 2018 suspendió, vía medida cautelar, todos los proyectos de fracking en el país ante la incertidumbre de los efectos adversos sobre el ambiente y la salud humana, a una decisión de fondo en la que subvirtió la naturaleza del principio de precaución, haciendo recaer en el demandante la obligación de demostrar que la regulación era “arbitraria, irracional o desproporcionada”, cuando la sola demostración de los riesgos potenciales del fracking debió llevar al Estado a demostrar que la regulación técnica era idónea, suficiente y adecuada para evitar, controlar o superar dichos riesgos.

Así, el Consejo de Estado declaró la legalidad de las normas demandadas, aún en contra de los conceptos entregados por la Universidad Nacional de Colombia en su peritaje, en los que se recomendaba nulitar las normas por ser insuficientes para precaver los riesgos identificados por la literatura científica.

Esta decisión fue publicada un mes antes de la llegada del gobierno de Gustavo Petro, que había prometido en campaña la prohibición del fracking y que a la postre suspendería los denominados “proyectos piloto” de común acuerdo con las dos empresas involucradas: Exxon Mobil y Ecopetrol. Si el fallo hubiera declarado la nulidad del marco normativo del fracking, la responsabilidad política del Gobierno en suspender los pilotos y prohibir la actividad hubiese sido menor.

Actualmente, hace tránsito el Proyecto de Ley 413 de 2023 en Cámara y 114 de 2022 en Senado, que no solo prohíbe la técnica, sino la exploración y explotación de yacimientos no convencionales como las lutitas, los hidratos de metano, las arenas bituminosas y el gas asociado en mantos de carbón, este último que acapara las discusiones al tratarse de una actividad que ya se viene desarrollando en el país, específicamente en el departamento del Cesar a través de la multinacional Drummond. El Proyecto de Ley ha superado sus dos primeros debates, lo que constituye su mayor avance en comparación con sus versiones anteriores.

R.P.L.: ¿Cuáles considera que son los principales retos del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio de Ambiente, y cómo valora la gestión del Gobierno en temas como el calentamiento global, el cambio climático y la deforestación de la Amazonía?

D.U.: La lucha contra la crisis climática ha estado en el centro del discurso de Petro como candidato y como Presidente. A nivel doméstico, con mucha resistencia, se ha posicionado el debate de la transición energética, de la necesidad de revaluar el dogma de explotar hasta que se agote y dejar enterrada una parte de los combustibles fósiles para evitar alteraciones irreversibles en la biósfera. Allí hay un gran reto para el Gobierno Nacional, consistente en demostrar que la transición es posible sin poner en riesgo la economía o la suficiencia energética, con la aspiración de hacer de Ecopetrol una empresa pionera en energías renovables.

En otra perspectiva, la mitigación y adaptación al cambio climático está estrechamente relacionada con la protección de la biodiversidad y las áreas de especial importancia ecosistémica. Allí se observa una decisión política clara por parte del Gobierno, que ubicó como su primera transformación estratégica en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 al ordenamiento territorial alrededor del agua con justicia ambiental.

A este concepto aún le falta perfilarse, pero ya se ha visto reflejado en acciones concretas como la inclusión del artículo 32 de la Ley 2293 de 2023, que adoptó el Plan donde se fijaron las determinantes ambientales dentro del primer orden de prevalencia para ordenar el territorio.

La opción de proteger el agua y la naturaleza se complementa con un enfoque de ambientalismo popular, en el que se apela a la gobernanza para la gestión de los conflictos, procurando decisiones con la gente. Ese es el principal cambio en la estrategia de control de la deforestación que pasó de un enfoque militar, donde se criminalizaba a las comunidades, a un enfoque comunitario basado en los acuerdos sociales con campesinos e indígenas para contener la deforestación.

A nivel internacional, el presidente Petro y la ministra Susana Muhamad han logrado protagonismo en la acción climática y confianza en su gestión. Resalta que el presidente Joe Biden se haya mostrado interesado en la audaz propuesta de intercambiar deuda externa por acción climática que, además de cuadrar en los números, articula una problemática vigente como lo es el cambio climático con una demanda histórica de la autodeterminación de los pueblos: el fin de la deuda externa en los países del sur global.

Foto de portada: Colectivo Agrario Abya Yala