“El Congreso debe estar a la altura del momento histórico”: Alberto Vidal, víctima del conflicto

Representantes de las víctimas alertan que grandes terratenientes y despojadores de tierras serian favorecidos de aprobarse el Proyecto de Ley 005. El proyecto  abre la puerta a segundos ocupantes y terratenientes que contribuyeron al despojo, varios de ellos obligaron por la violencia a vender tierras que hoy son reclamadas por campesinos.

Por: Jaime Rodríguez Torres

Desde que tiene uso de razón, Alberto Vidal es víctima del conflicto armado. En la vereda Alto del Palo, departamento del Cauca, sufrió su primer desplazamiento siendo un niño. Ahora, a sus 27 años, es un emblemático líder afro con una profunda formación en el conocimiento de los derechos de las víctimas.

Alberto también es un artista que aplica la cultura, el arte, la música y la danza para sanar a comunidades de los dolores del conflicto armado e  impedir que niños y jóvenes sean reclutados por grupos violentos. Por estos días, lo vemos moverse en la atmósfera de la Cámara de Representantes buscando ser escuchado para que no se produzca una nueva revictimizacion, esta vez a los campesinos reclamantes de tierras.

Desde  la Revista Poder Legislativo lo abordamos para que haga visibles sus preocupaciones.

Jaime Rodríguez Torres: Alberto, te hemos visto muy activo en redes sociales haciendo un reclamo específico por un proyecto de ley que esta cursando en el Congreso de la República: el 005. ¿Cuáles son sus preocupaciones como víctimas con respecto al proyecto?

Alberto Vidal: Lo primero que hay que decir es que el proyecto se ha intentado presentar varias veces en el Congreso por parte de la senadora María Fernanda Cabal y es un proyecto que cambia sustancialmente el tema de la restitución de tierras que hace parte de la Ley de Víctimas, la 1448.

J.R.T.: ¿Qué es lo que contiene en esencia ese proyecto?

A.V.: Este proyecto lo que hace es cambiar la carga de la prueba de las víctimas para los segundos ocupantes; la Corte constitucional ha dicho que hay campesinos que son segundos ocupantes de buena fe que cumplen algunos requisitos que el Gobierno tiene que tratar; el primero es que sean vulnerables, que tengan grado de vulnerabilidad, el segundo es que no hayan tenido nada que ver con el despojo de tierras.

J.R.T.: ¿Por qué su temor al proyecto?

A.V.: Porque el proyecto abre la puerta a que grandes terratenientes y grandes despojadores de tierras puedan tener la calidad de segundos ocupantes y esto lo que genera es que los reclamantes no vayan a poder acceder a sus tierras en el momento de hacer la reclamación porque se va a presumir, “de buena fe”, que los segundos ocupantes llegaron a esos territorios.

Muchos de ellos contribuyeron al despojo financiando grupos al margen de la ley o a sus aliados, obligando a vender a los campesinos las tierras que hoy se están reclamando.

J.R.T.: ¿Es decir, se estaría vulnerando uno de los cinco principios de la Ley de Víctimas, el de la restitución?

A.V.: Correcto, se vulneran los derechos territoriales. Y recordemos algo que es fundamental en el  conflicto armado: muchas de las violencias que hoy tenemos en Colombia nacen por el conflicto de tierras. Una de las cifras alarmantes que tenemos es que el 1 % de la sociedad más rica de Colombia tiene el 99 % de las tierras productivas.

J.R.T.: Hablemos de otro principio: el de la rehabilitación. ¿Cómo juega la cultura en la  formación de los infantes, de los jóvenes y de las comunidades para rehabilitarlos de los impactos del conflicto armado?

A.V.: Por ejemplo, en la fundación Funarca, lo que hemos hecho es ocupar el tiempo libre de los niños y jóvenes para evitar el reclutamiento forzado que tanto se ve en nuestro departamento. Con esto, le damos una oportunidad a que los jóvenes tengan otras perspectivas de vida. Además, tenemos un lema dentro de la Fundación que dice “es mejor empuñar un instrumento que un arma”, para que ellos vean que la violencia no es opción en este país. Hoy tenemos jóvenes que nacieron y crecieron en nuestra asociación y fundación y que son estudiantes universitarios de música.

J.R.T.: Hay otras estrategias como las del Papsivi (Programa de atención psicológica a víctimas). Pero el arte, cuéntame, ¿el arte es superior a eso?

A.V.: El Papsivi tiene críticas. Es una herramienta psicosocial que se utiliza para sanar el tema del conflicto. Pero te abre una, dos, tres sesiones con una familia, te deja la herida abierta y se va porque tiene que ir a otros territorios, y eso ha generado más conflicto por ser muy superficial. En cambio, la cultura, la música, la danza, que son más permanentes, que unen, que fortalecen la identidad, que trabajan comunidades, eso sí nos ha permitido rehabilitar a muchas personas.

J.R.T.: Vamos al tema de la reparación y las indemnizaciones para tantas víctimas en Colombia. Tanto la administrativa como la judicial. En ese campo, ¿cuál es tu mirada? Después de tantos años, ¿a los 6 años ya fuiste víctima?

A.V.: Correcto, ya tengo 27.

J.R.T.: Ya vas para 21 años de ser víctima ¿Cómo has visto ese punto? ¿El Estado colombiano ha cumplido, está cumpliendo, y el futuro cómo lo ven?

A.V.: El avance ha sido muy poco. La ley se construyó en el marco de la justicia transicional y tenia una vigencia de diez años. A raíz de nuestra incidencia como víctimas fue prolongada por diez años más, ya que el Estado reconoció que, efectivamente, se había quedado corto en temas de indemnización. De los 9 millones de víctimas que hoy estamos en el Registro Único de Víctimas, han indemnizado solamente el 10 %, cerca del millón de víctimas. Entonces, si lo ves a diez años, efectivamente han indemnizado muy pocas personas.

La indemnización es parte de la reparación integral pero no es toda la reparación integral.

J.R.T.: ¿Entonces, cuál es la salida?

A.V.: En lo que tenemos que enfocarnos es en llevar al Congreso la propuesta de reformar la Ley de Víctimas en el componente de estabilización socioeconómica para que las entidades encargadas de estabilizar socioeconómicamente a las víctimas se comprometan. En este momento, por ejemplo, no hay en el Ministerio de Vivienda una política pública de vivienda para víctimas de desplazamiento forzado.

J.R.T.: De acuerdo con tu último relato, ¿qué esperarían ustedes de la Cámara de Representantes?

A.V.: En la Cámara nosotros tenemos 16 representantes que se eligieron por las Curules Especiales. Lo que le hemos dicho tanto a ellos como a la Cámara hace muchos años, es que se debe reformar la Ley de Víctimas en el componente de estabilización socioeconómica, dándole un rango a la coordinadora del sistema que es la Unidad para las Víctimas: bien sea meterla como viceministerio dentro del nuevo Ministerio de la Igualdad o darle un rango para que pueda dar órdenes a los demás ministerios.

La Unidad de Víctimas depende del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), y el DPS es una entidad que depende de un Ministerio, entonces, por ejemplo, la Unidad cómo le va a decir al Ministerio de Vivienda “haga su política pública de vivienda para víctimas” si no tiene el rango constitucional para dar ese tipo de órdenes. Dependemos siempre de la voluntad de los Ministerios o del ministro de turno. Lo que queremos es elevar el rango de la Unidad o cambiar la coordinación del sistema.

J.R.T.: ¿Cómo ves al gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez frente a las víctimas del conflicto armado?

A.V.: Bueno, voy a empezar diciendo que Francia es víctima del conflicto, ahí tenemos la gran esperanza de que ella ponga también en su agenda el tema de víctimas. Nosotros guardamos la esperanza de que la política pública de víctimas cambie en este Gobierno, sabemos y entendemos los tiempos y lo difícil que es manejar el tema del Congreso, pero ahí está la expectativa.

J.R.T.: Por último, ¿con qué acciones tanto del Congreso como del Gobierno se sentirían satisfechos?

A.V.: El Congreso debe estar a la altura del momento histórico, generar las condiciones para que los proyectos de cambio que se han planteado en el país, que fueron detonantes del Estallido Social que protagonizamos en 2021, sean realidad para bien de las comunidades; ese es el mensaje para el Congreso, que se porte a la altura de lo que hoy está viviendo la historia de Colombia. Y para el Gobierno, seguir insistiendo en el proceso de cambio, concertándolo con todos, en especial con las comunidades que están en el territorio.

Nosotros tenemos muchas propuestas para dar, tenemos toda la historia que nos permite poseer el conocimiento para plantearlo al Gobierno. Y un mensaje para el Gobierno es que se rodee más de la comunidad, a veces las oficinas en Bogotá nos alejan del territorio.

 

Foto de portada: Las2orillas