Justicia restaurativa, el tratamiento penal alternativo que busca aplicarse en Colombia

Un proyecto en tal sentido se tramita en la Cámara de Representantes, el cual busca la modificación e implementación de este régimen para sancionar las conductas que afectan el desarrollo y la convivencia ciudadana.

Por: Argemiro Piñeros

En Colombia han sido diversas las ocasiones en las que se ha querido transformar el modelo del tratamiento penal y la judicialización de los diferentes delitos contemplados en el Código Penal de Colombia.

Una particularidad del sistema judicial del país es la poca atención que se le ha dado al castigo o real tratamiento de delitos menores que, a pesar de tener judicialización en la mayoría de los casos, no se les impone el correctivo que corresponde.

En ese sentido, para modificar el tratamiento judicial, los representantes Olga Lucía Velásquez, Juan Sebastián Gómez y Katherine Miranda, por la bancada de la Alianza Verde, presentaron el Proyecto de Ley No. 108 de 2022, que permite la creación del régimen de tratamiento penal alternativo para la seguridad y la convivencia ciudadana.

El objetivo de este proyecto es lograr la implementación de este régimen para sancionar las conductas que afectan el desarrollo y la convivencia social, pero al ser hechos menores no están siendo realmente judicializados.

“El proyecto de régimen de tratamiento penal alternativo y sanciones efectivas para la seguridad y la convivencia propone la creación de un sistema diferencial para aquellas conductas que afectan la seguridad ciudadana pero que, por su cuantía, en la actualidad no están siendo realmente judicializados”, expresó la representante y primer vicepresidente de la Cámara, Olga Lucía Velásquez.

Según un ‘ranking’ del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), de 2022, los delitos que más se cometen en Colombia son el homicidio, el hurto y el concierto para delinquir.

Entre los hechos que se contempla tratar en el régimen son los delitos por lesiones personales inferiores a 90 días de incapacidad, el hurto inferior a 4 salarios mínimos legales vigentes y estafa inferior a 10.

La aprobación del proyecto garantizará la aplicación de sanciones efectivas, el tratamiento de un procedimiento rápido y eficiente, la plena implementación de mecanismos que permitan reparar y restaurar a la víctima y la utilización de herramientas y acciones que realmente incurran en la no repetición de dichas conductas.

“Las medidas que tiene el proyecto de ley, tanto en el plano restaurativo como transformador, pueden ser de gran utilidad para reducir estos índices de impunidad y, por tanto, lograr que haya una verdadera efectividad de las penas”, expresa la representante Velásquez.

Una de las ventajas que tendría la ley es el tratamiento que llegarían a tener los delitos más comunes como el hurto, la estafa y las lesiones personales, los cuales tienen alta reincidencia e índices de impunidad y son por los que más se quejan los ciudadanos.

“El proceso propuesto en este proyecto de ley se basa en el reconocimiento de su responsabilidad y en la realización de acciones que le permitan enmendar el daño. Es decir, no se le recluye y aísla, sino que se le da la oportunidad de reconocer un error y de resarcirlo”, explicó.

Finalmente, el proyecto busca “comprender algunos de los delitos que lesionan con menor gravedad los bienes jurídicos tutelados como contravenciones y darles un tratamiento de justicia restaurativa y transformadora. En este sentido, tanto se están desestimando acciones como delitos, como se están proponiendo medidas diferentes a la prisión”.

Foto de portada: Legal concept