Reforma al Código de Minas, transición energética y visiones de futuro

Las dinámicas sociales, ambientales, políticas y económicas obligan a la legislación colombiana a estar en permanente actualización, el asunto radica en la capacidad de consenso y en el futuro que los sectores involucrados quieren darle a la minería.

Por: Lyz Osorio

La más reciente versión de la Brújula Minera, encuesta elaborada por Jaime Arteaga & Asociados, la Andi y la Asociación Colombiana de Minería, reveló una fuerte caída en el optimismo del sector frente a los años venideros, puesto que la proyección de expansión cayó de 51 % en 2022 a solo 16 % para su visión de mediano plazo en 2023. La falta de apoyo del Gobierno (34 %) y la falta de estabilidad jurídica (23 %) hacen parte de las causales referidas.

La interpretación positiva o negativa de esa noticia depende del lente con el que se analice, pero vale la pena tener esta información presente para extraer conclusiones realistas al final del ejercicio.

Hablar de minería es excavar en terrenos muy amplios y difíciles, razón por la que en esta oportunidad nos concentraremos en conocer una propuesta legislativa que viene avanzando en el Congreso de la República, así como opiniones de algunos expertos en cuanto al impacto del sector en la transición energética.

Desde el Legislativo se exploran propuestas

Actualmente, avanza el Proyecto de Ley 405 de 2023 Cámara, que busca reformar integralmente el Código de Minas existente (Ley 685 de 2001). Sus autores son el representante a la Cámara, Andrés Felipe Jiménez, y el senador Nicolás Albeiro Echeverri, congresistas antioqueños del Partido Conservador. Aunque su iniciativa no alcanzó a debatirse en la Comisión Quinta durante este periodo legislativo, la temática minera resultará importante en la siguiente vigencia ya que se espera por parte del Gobierno Nacional un proyecto para el sector que, seguramente, generará diversidad de opiniones.

Sobre las motivaciones de la reforma propuesta al Código de Minas, los autores exponen que la política minera nacional está diseñada para que en el marco de la legalidad subsistan solo los empresarios fuertes de la gran minería. Esta situación no favorece al desarrollo de las labores mineras tradicionales, ancestrales y de pequeña escala, reduciéndolos a la categoría de ilegales, mezclando todo en un solo saco junto a las explotaciones mineras llevadas a cabo por grupos armados ilegales.

El representante Jiménez asegura que, a través de este, “Se busca dar respuesta a estas situaciones de bloqueo institucional en lo relacionado con el ordenamiento territorial, decretando la construcción de líneas de base geológicas, económicas, sociales y ambientales en escala suficiente para la planificación territorial con sus respectivas Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) (…); así como una real y adecuada delimitación de las áreas protegidas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), las zonas de reserva forestal y otras zonas de conservación como los humedales”.

Son 106 artículos a considerar, dentro de los que se destacan la creación de los Consejos de Competitividad y Sostenibilidad Minera como «órganos consultivos y de toma de decisiones» en los Distritos Mineros Especiales, así como la posibilidad de establecer, dentro de estos, unos «centros de desarrollo tecnológico y parques científicos, tecnológicos y de innovación», los cuales habían sido ya planteados en la Ley 2250 de 2022, Ley de Formalización y Legalización Minera.

La iniciativa legislativa señala la necesidad de elaborar un nuevo Plan Nacional de Ordenamiento Minero con una vigencia no inferior a 20 años, estableciendo bases para quienes quieran modificar su vocación y hacer reconversión de actividades mineras. A su vez, busca que las actividades de barequeo, guaqueo y recolección de mineras que se encuentren en desechos de explotaciones mineras sean vistas dentro del concepto de «minería de subsistencia».

Así mismo, plantea dos nuevas causales de caducidad de los títulos mineros: 1) la contratación de menores de edad para las actividades mineras; 2) no informar, al momento de presentar la propuesta de contrato de concesión minera, sobre la existencia de minería tradicional o informal en el área.

Uno de los temas que genera inquietud es la propuesta de que la caducidad de los títulos mineros podría ser solicitada por terceros interesados. Estos y otros puntos claves referentes a la formalización, regulación y fiscalización de la actividad hacen parte de la propuesta.

El futuro de la minería

La minería en Colombia data de la colonia, incluso hay la que se considera minería ancestral, por lo que ha sido motivo de grandes controversias que durante décadas ha condicionado y estigmatizado la extracción minera, entre las cuales predominan: el impacto ambiental, la seguridad física de los trabajadores y la participación y violencia de grupos armados ilegales.

Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP), Flover Rodríguez, afirma que es trascendental la caracterización del territorio para poder gestionar mejor sus recursos y optimizar el aprovechamiento del suelo de acuerdo a sus componentes, incluyendo una mejor gestión del agua. Mencionó también la responsabilidad y conocimientos con los que deben emitirse opiniones en ámbitos técnicos y científicos y, además, planteó una pregunta clave para que, desde el Gobierno Nacional, se tomen decisiones en materia minero energética y así convocar a la sociedad a construir consensos: “Imaginemos con lujo de detalle cómo queremos que se vea Colombia en el año 2050 en esos aspectos”.

El Gobierno le apuesta a la transición energética, por lo que desde el Ministerio de Minas y Energía la premisa es trabajar de manera coordinada en distintos aspectos estructurales como los desarrollos normativos, ambientales, competitividad, el relacionamiento con el territorio, la información y el desarrollo sostenible para lograr esa visión de país líder en el uso de energías limpias.

En concordancia con la hoja de ruta dispuesta por el Plan Nacional de Desarrollo, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño, expuso durante la presentación de resultados de la industria minera colombiana y su aporte al bienestar del país, que, para cumplir con las metas de reducción del déficit de vivienda, disminución de gases efecto invernadero, movilidad eléctrica, así como la generación de energía a partir de fuentes eólicas y solares, se necesitarán más minerales.

Estas visiones de futuro, entonces, conllevan a que la exploración y explotación minera siga existiendo, el asunto será definir y proyectar en detalle qué es lo que debemos explotar y mediante qué mecanismos. Así lo explica Laura Carrero desde la Sociedad Colombiana de Geología, y añade que: “En Colombia, encontramos ambientes geológicos adecuados para el hallazgo de recursos minerales que varían desde materiales de construcción como gravas, arcillas, metales preciosos como oro, plata, y otros tipos como el Uranio, Magnesio, Silicio y Litio, claves y necesarios para la transición energética, que nos pueden convertir en un competidor importante”.

A este punto no puede negarse la importancia de la minería para sacar adelante esa proyección de país, buscando el balance con otros actores. Así, partiendo de los aportes hechos por los expertos consultados, para eventuales reformas o nuevas leyes valdría la pena tener en cuenta las sugerencias de: caracterizar el territorio según cualidades y actividad para la que es apto, contar con expertos en conocimientos interdisciplinarios, vincular a las comunidades, promover más la formalización y capacitar en buenas prácticas y tecnologías a los pequeños mineros tradicionales. Igualmente, entender la seguridad como un tema transversal, así como buscar armonizar la conversación entre las instituciones y movimientos de carácter ambiental, agrario, entre otros, con el sector minero energético.

Foto de portada: Agencia Nacional de Minas