Los campesinos de Colombia por fin serán considerados sujetos políticos de derechos y especial protección constitucional

Parece un milagro, pero en pocos días, el Congreso de la República ha despejado lo que se estancó durante casi un siglo para el campesinado colombiano.

Por: Jaime Rodríguez Torres

María Inés no lo podía creer. La Cámara de Representantes, por unanimidad, había aprobado la ley, y ella no supo más que brincar y brincar de la alegría y dejar que sus lágrimas escapen en libertad.

“Cuántos años dando esta pelea. Cuántas marchas, cuántas asambleas, fueron casi 30 años de luchas, siete veces presentado y siete veces hundido el acto legislativo; cuantos compañeros y compañeras quedaron en el camino esperando este día”. Con estas palabras la líder campesina resumía el viacrucis de una enmienda a la Constitución para que los campesinos de Colombia sean considerados sujetos políticos de derechos con especial protección constitucional.

“Se pagó una deuda histórica (…), esto es en favor de la paz”, ha dicho a la prensa Diógenes Quintero, coordinador ponente del proyecto desde la Cámara de Representantes. Por su parte, el ministro del Interior, emocionado ante este logro, exclamó: “Este proceso comenzó cuando los campesinos aclararon sus derechos y lucharon por ellos”; mientras que Jhénifer Mojica, ministra de Agricultura, dijo al celebrar este suceso: “Dos generaciones de ‘agrodescendientes’ esperaron este día para que la agricultura tenga un tratamiento digno”.

Un ‘olvido’ fatal

En 1991 la “ley suprema” olvidó que los campesinos debían tener trato especial dado su papel estratégico en la producción de alimentos y el cuidado del medio ambiente. Algunos expertos interpretan que el olvido no fue casual, sino que obedeció a que por esos días caminaba en pleno furor y en medio de aplausos la filosofía neoliberal que, para el caso colombiano, considera a los campesinos un estorbo para la globalización y los tratados de libre comercio. Al secular abandono de los agricultores en Colombia (una de las causas de la infame violencia contra las vidas campesinas) se sumaba ahora, por omisión constitucional, el desamparo ante las desiguales y asimétricas guerras desatadas por la economía de mercado.

La crisis del campo se profundizó

El desastre no se hizo esperar. Las cifras del DANE lo dicen todo. De cada diez hogares campesinos, ocho trabajan en la informalidad. Una tercera parte del total de las familias sufre pobreza multidimensional, carece de propiedad en sus viviendas y sus hijos desertan de la escuela. 501 predios concentran más del 44 % de la tierra disponible en el país. Apenas el 0,5 % del área se distribuye entre el 48 % de los predios campesinos.

“Todo tiene su final” canta Héctor Lavoe

Y así fue. Llegó el final de la sufridera y la corrección de tremendo error. Para eso se necesitó que se juntaran: la persistente resistencia campesina con la voluntad y conciencia de un Congreso que se considera “admirable”, en palabras de Héctor Riveros, columnista de La Silla Vacía, quien en una sesuda columna examina la cantidad y calidad de leyes discutidas y aprobadas tan solo en el primer año legislativo en dirección al cambio y en favor del reconocimiento de derechos ciudadanos.

De este Congreso hacen parte curtidos líderes de origen campesino como César Pachón y Robert Daza, y dirigentes de estas luchas como el representante Erick Velasco, quien presidirá la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La Reforma Agraria toma cuerpo

La Reforma agraria ha sido uno de los peores karmas de la sociedad colombiana. Mientras la mayoría de naciones del mundo democratizaron la propiedad de la tierra hace siglos, en Colombia persisten poderosos rasgos feudales. Se necesitó el fin de una de tantas guerras (la guerra con las FARC) para que el Estado aceptara esta reforma. Y ahí va caminando en medio del saboteo del mundo feudal que no acepta cambiar hacia la modernidad.

El reconocimiento al campesino como sujeto político de derechos complementa las herramientas que edifican la Reforma Agraria. También lo hace otra reforma constitucional aprobada casi simultáneamente, después de 18 años de presentada: la Jurisdicción Agraria y Rural para la resolución de conflictos en tierras rurales. El Plan Nacional de Desarrollo ha creado un marco altamente propicio para el avance de la Reforma agraria. Así mismo, la Ley de Paz Total y el Acuerdo de Escazú. Parece un milagro, pero en pocos días, se ha despejado lo que se estancó durante casi un siglo. El cumplimiento de la promesa de campaña de Petro y Francia para hacer realidad la Reforma Agraria ha recibido un nuevo aire.

Los derechos campesinos resucitan desde el sepulcro neoliberal

María Inés lideró durante tantos años las luchas para que más de 6 millones de cultivadores sean reconocidos como sujeto de derechos y fue porque sabía que a partir de este Acto Legislativo, con su reglamentación, con la asignación de presupuesto, la creación de nueva institucionalidad y nuevas políticas públicas, se harán posibles derechos como: el reconocimiento a la tierra y la territorialidad y las disposiciones sobre las consultas populares.

Se trata de hacer realidad el acceso progresivo a la tierra, a servicios básicos como educación, conectividad, salud, vivienda, seguridad social y crédito.

El impulso a tecnologías de transformación y estrategias de comercialización como los mercados agroecológicos campesinos mejorará la productividad agrícola. Así se garantiza la seguridad y soberanía alimentaria y la protección del medio ambiente, así como la economía del cuidado, la preservación y fortalecimiento de las tradiciones campesinas y su organización y participación política.

También se trata de garantizar los derechos individuales y colectivos, y que por fin se cumpla con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que trabajan en las Zonas Rurales.