Colombia es pionero en iniciativas para proteger la Selva Amazónica

Frenar la exploración minero-energética en esa región fue el llamado del gobierno colombiano en la Cumbre Amazónica, y desde El Congreso, un Proyecto de Acto Legislativo busca ratificar ese compromiso. 

Por: Lyz Osorio Rodríguez

La Cumbre Amazónica realizada en Brasil, en la ciudad Belém do Pará, tenía como fin renovar el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) y su Organización conexa (OTCA). El resultado esperado era el de articular esfuerzos, establecer prioridades, asignar financiamiento y proporcionar directrices estratégicas para la sostenibilidad y acción inmediata y futura de la Amazonía y el bienestar de sus habitantes.

Allí se adoptó la Declaración de Belém do Pará, texto que define los compromisos que deben asumir los Estados que comparten el bioma amazónico que son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, para afrontar los desafíos comunes que enfrenta esta importante región. 

Dentro de las prioridades manifestadas por Colombia, están los esfuerzos por detener la deforestación, la extracción ilegal de minerales y la ampliación de territorios en donde se extraen recursos naturales, entre otros temas. 

Precisamente, y como alineado al propósito de este importante evento, en el Congreso de la República , fue radicado un proyecto de Acto Legislativo que busca prohibir la extracción de petróleo en la Amazonía. 

A través de esta iniciativa encabezada por el representante Juan Carlos Losada del Partido Liberal, se pretende modificar el artículo 360 de la Constitución Política añadiendo un parágrafo en el cual se expresa claramente que, en los departamentos de la Región Amazónica, “no se realizarán actividades de exploración ni explotación de hidrocarburos”, y que el Gobierno Nacional entraría a regular la materia. 

Así mismo, mediante un parágrafo transitorio, explica que esto aplicaría sin perjuicio de los derechos adquiridos por quienes ya se encuentran desarrollando actividades de exploración de hidrocarburos en la región a la fecha de expedición del Acto Legislativo y que cuando se trate de contratos o actos administrativos que autoricen la explotación, y que estén vigentes a la fecha en que sea aprobada esta modificación constitucional, estos podrán continuar surtiendo efectos hasta la fecha de terminación prevista, pero sin opción de obtener una renovación o prórroga.

Panorama en la Amazonía

Según un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, la Amazonía colombiana está compuesta por 476.000 km2 ubicados en el confín noroccidental de la Gran Cuenca, lo cual representa el 6,4% del total del bioma amazónico y el 41,8% del territorio nacional. Está compuesta por los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés. 

La región amazónica colombiana comprende casi 48 millones de hectáreas en las que predominan tres figuras de ordenamiento territorial; la zona conservada ocupa 38 millones, de las cuales, 178 resguardos indígenas se sitúan en 25 millones, y 12 parques nacionales naturales en cerca de 8 millones; existen, asimismo, 8 millones de hectáreas bajo la figura de zonas de reserva forestal (Ley 2 de 1959), 8 millones más componen zonas ya intervenidas, y hay aproximadamente 4 millones de hectáreas que se comparten entre dichos grupos.

Según un informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en 2019, sobre cuál era el potencial de hidrocarburos en la Amazonía colombiana, se estableció que “…en las cuencas Vaupés-Amazonas es muy pobre debido al poco espesor de la secuencia sedimentaria existente en el subsuelo y la no presencia de roca generadora” y explica que “… más al occidente en las cuencas Caguán – Putumayo, allí si se considera el potencial de hidrocarburos alto y con producción comercial. En estas cuencas si se estima la existencia de una gran secuencia sedimentaria. El estimado de recursos prospectivos recuperables en ambas cuencas Caguán – Putumayo es de 254 millones de barriles de petróleo…”. 

Según los datos recolectados por la ONG Ambiente y Sociedad en el 2022, se estima que en la región amazónica colombiana hay 52 bloques petroleros, 1 en evaluación técnica, 39 en exploración y 12 en producción. La operación de estos bloques o contratos de hidrocarburos es efectuada por 10 empresas, y 36 de estos contratos están en territorios indígenas.

Precisamente para conocer de primera mano los impactos de esos proyectos que ya avanzan en el territorio amazónico, Poder Legislativo habló con otro de los autores de esta iniciativa; se trata del representante por el Putumayo, Andrés Cancimance del Pacto Histórico, quien puso como referencia a su departamento, que es uno de los que históricamente más ha concentrado proyectos de explotación petrolera, para explicar que “los daños a los ecosistemas se producen en todas las fases, prospección, perforación, extracción, transporte, y está demostrado que son irreversibles” 

El representante señala que la diversidad geográfica que tiene su departamento, al contar con páramos, bosques y selva, conformando la transición entre Los Andes y La Amazonía, hace que sea un territorio inmensamente rico en agua y biodiversidad, por lo cual las amenazas asociadas a la extracción de hidrocarburos, explotación minería, así como deforestación causada por diferentes intereses, deben ser tratadas con urgencia para impedir que se siga afectando el ecosistema. 

Añade que “según el último reporte de CorpoAmazonía que es la autoridad ambiental en la región, en sus cerca de 25 mil kilómetros cuadrados, Putumayo tiene 353 pozos petroleros que pertenecen a empresas como AmeriSur, Emerald, Ecopetrol, Vetra y GranTierra. De esos pozos 163 se encuentran activos y el resto inactivos o abandonados, y todos sin importar su estado, generan contaminación ambiental y han generado, lo que se conoce en el ámbito de la extracción como vacíos ambientales, por derrames de crudo, erosión de los suelos, deforestación, residuos contaminantes que llegan a fuentes hídricas, se ocasiona el desplazamiento o pérdida de la fauna que está presente en este territorio, etc, esos vacíos ambientales no están resueltos tras el cese de operaciones”. 

Escenario jurídico actual

Según lo expuesto en el proyecto por el representante Juan Carlos Losada, en el ámbito internacional han surgido variados instrumentos y pronunciamientos legales y jurisprudenciales a lo largo de la historia que constituyen lo que se ha llamado “un orden público ecológico mundial” que sirve de criterio orientador para resolver jurídicamente los conflictos y denuncias por la destrucción de nuestro hábitat. 

Dentro de estos instrumentos jurídicos que buscan “establecer una alianza mundial y de cooperación entre los Estados, en interés de todos los países, para proteger la integridad ambiental, responder al fenómeno de la degradación y garantizar un desarrollo sostenible para las generaciones presentes y futuras”, hay por lo menos siete pactos, declaraciones, convenciones y conferencias, destacándose por ejemplo la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, la Convención Marco sobre el Cambio Climático de Paris de 2015 en dónde Colombia particularmente, entre otras responsabilidades, adquirió la de reducir la deforestación en la Amazonía Colombiana, y el Acuerdo de Escazú, entre otros. 

A nivel nacional el Proyecto de Acto Legislativo reconoce que la Corte Constitucional ha diseñado una línea jurisprudencial acogiendo los conceptos y avances surgidos sobre la temática en el escenario internacional y académico; ha analizado los postulados constitucionales desde una perspectiva verde, catalogando a la Carta Política como una “Constitución Ecológica” y elevando el “ambiente” a la categoría de derecho fundamental a través de numerosos artículos que fijaron varios preceptos sobre la materia, tales como: la prevalencia del “interés general” del artículo 1, el deber de proteger las “riquezas naturales de la Nación” expreso en el artículo 8, entre otros.

Precisamente en ese sentido, el representante Luis Alberto Albán Urbano del Partido Comunes quien hace parte de esta iniciativa legislativa, recalca el papel que debe cumplir el Congreso pues dice que “…es obligación del Estado velar por la protección de la diversidad, integridad y salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, siendo importante especialmente la Amazonía, más ahora que estamos viendo que además de los combustibles fósiles, están apareciendo nuevas alternativas de energías limpias que permiten el progreso y desarrollo pero que de igual forma pueden afectar el medio ambiente, así que es importante ir estableciendo estos límites”.

Así mismo, la congresista por el departamento del Amazonas, Yenica Acosta del Centro Democrático dijo que, su departamento, por Ley 2 de 1959, “está prácticamente un 90% protegido a través de figuras territoriales como resguardos indígenas, Parques Nacionales, allí está prohibida la exploración de hidrocarburos y seguimos protegiendo el departamento … también avanzaremos con un Proyecto de Acto Legislativo para preservación de la Amazonía pues requerimos un enfoque diferencial, poblacional, manejo ambiental, económico, de igual manera un enfoque diferencial en los programas sociales que tiene el gobierno.”  

En su exposición, señala que las tasas de deforestación en su departamento son menores en comparación con sus vecinos, pero que es sabido que este gran daño ambiental en la región lo está generando la minería ilegal y la expansión de cultivos de Coca. 

Sin duda desde el legislativo, el tema de preservación del Amazonas ha estado y continuará vigente desde las diferentes visiones, que en general, le apuntan al objetivo común de cuidar tan importante riqueza natural no solo nacional sino de la humanidad, y tras el importante impulso que representa para esta causa la Cumbre Amazónica realizada en Brasil, en donde los Países que comparten el Bioma Amazónico acordaron unir esfuerzos para preservarlo, seguramente este tipo de propuestas serán prioridad en el análisis y debate que tengan por delante en el Congreso.