Así es la propuesta para controlar tráfico y consumo de fentanilo
En la Cámara ya se tramita un proyecto que impone sanciones hasta de 30 años de prisión y multa de 50 mil salarios mínimos. Se exime el uso de naturaleza médica intrahospitalaria.
Por Argemiro Piñeros Moreno
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes tiene la misión de analizar y aprobar un proyecto de ley que se enfoca en fortalecer la capacidad del Estado para prevenir, controlar y sancionar el consumo, tráfico, fabricación y porte de fentanilo, así como de otras sustancias opioide que aquejan al país.
Precisamente, el representante conservador Mauricio Cuéllar, autor de la iniciativa, explica que es oportuno este tipo de proyectos “porque ya hay una advertencia de cerca de 1300 jóvenes adictos en el país a esta sustancia”. Sus palabras hacen referencia a los pasos de gigante que se sienten en algunas zonas del país como Cali, Bogotá, Medellín y Cartagena por donde, según algunos reportes periodísticos, estaría ingresando de manera ilegal este tipo de droga.
De acuerdo con informes periodísticos de septiembre pasado, la Policía Nacional ha descubierto encomiendas que han ingresado al país este año incumpliendo todos los protocolos de seguridad y que tendrían como destino zonas como Norte de Santander, Antioquia, Sucre, Bolívar, Risaralda y Valle del Cauca. De hecho, los primeros casos identificados por el Sistema de Alertas Tempranas se dieron en agosto del año pasado, cuando también se registraron cinco muertes asociadas al uso recreativo del mismo, según un reporte de Medicina Legal.
La justicia colombiana incluso avaló además la extradición a los Estados Unidos de Dabinson Niño Meyer, quien es el primer connacional en pagar una condena por el ingreso a ese país de sustancias sintéticas que se distribuyen en el mercado negro, entre ellas el fentanilo. En la investigación se estableció que pertenecía a una organización dedicada al tráfico de dicha droga sintética
Perspectiva
La preocupación no es menor puesto que algunas de las afectaciones más severas a la salud asociadas con el consumo de fentanilo son los efectos cardiovasculares, reducción en la frecuencia y profundidad de la respiración, dificultades cognitivas, problemas de memoria y alteraciones en la percepción sensorial, afectación en el funcionamiento del hígado y los riñones, sobredosis, entre otros.
“Hay una advertencia y no queremos que ocurra como pasa en Estados Unidos o en México donde los jóvenes y las familias se encuentran en riesgo por el consumo desmedido de esta sustancia”, indica el representante quien explica que a través de este proyecto de ley “se anticipa a una posible crisis de salud pública con el consumo de esta sustancia que está generando riesgo en los hogares colombiano”.
Esta sustancia, conocida mundialmente como la droga zombi, es 50 veces más potente que la heroína y tan solo en Estados Unidos, según un reporte de Los Ángeles Times, fueron más de 71.000 personas las que en 2021 perdieron la vida por sobredosis causadas por opioides sintéticos, primordialmente fentanilo.
Cabe aclarar que este tipo de sustancias se usan exclusivamente con fines médicos para calmar dolores intensos en los pacientes y es suministrada bajo estrictos controles de seguridad, sin embargo, hay quienes lo están utilizando de manera indiscriminada para “uso recreativo”.
Acciones
El proyecto que cursa su trámite en la Comisión Primera especifica que cualquier persona que sin permiso de autoridad competente “introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas incurrirá en prisión de 128 a 360 meses y multa de 1.334 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
También propone que las entidades territoriales desarrollen programas de prevención del consumo de fentanilo que vayan dirigidos especialmente a los jóvenes y adultos en situaciones de vulnerabilidad. “Estos programas deberán basarse en evidencia científica y buenas prácticas, promoviendo la información veraz, la educación y la sensibilización sobre los riesgos asociados al consumo de esta sustancia”.
Ahora, todo ello deberá ir de la mano con programas de formación y capacitación dirigidos a profesionales de la salud, así como a educadores, personal de seguridad, entre otros, para ello, as entidades territoriales “deberán facilitar el acceso a servicios de tratamiento y rehabilitación para las personas que presenten problemas relacionados con el consumo de fentanilo. Esto incluye la promoción de servicios de salud mental y adicciones, así como la colaboración con instituciones especializadas”.
Así las cosas, el congresista ha aclarado que los gastos que se generen “se deben entender como incluidos en los presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión al cual haya lugar” y que el análisis del impacto fiscal de las iniciativas parlamentarias que se presenten “no puede ser una barrera para establecer disposiciones normativas que requieran gastos fiscales”, según se presenta en el texto de la iniciativa.
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