La inteligencia y contrainteligencia, un tema de mayor interés para la Cámara

Crear un Consejo General de Inspectores Generales, una Comisión Civil de Ciudadanos y propender por la protección efectiva de los DD.HH. para evitar interceptaciones ilegales, son algunos de los ejes centrales de una iniciativa radicada en la Corporación.

Por: Argemiro Piñeros Moreno

 

Con el fin de fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las actividades legales de inteligencia y contrainteligencia salvaguardando los Derechos Humanos en beneficio de la ciudadanía, la Cámara de Representantes iniciará la discusión de un proyecto de ley estatutaria que dará garantías en la labor legal y constitucional del Estado.

Se trata del proyecto radicado recientemente por el representante del Pacto Histórico, Alirio Uribe quien, en compañía de la representante wayuú Carmen Felisa Ramírez (la misma coalición) y las senadoras Jahel Quiroga y Gloria Flórez, lideró la intención de modernizar y coordinar las instituciones de inteligencia “para evitar que vuelvan a ocurrir hechos que han pasado en Colombia. Donde se han interceptado en actividades ilegales de inteligencia a movimientos sociales, a defensores de DDHH, a periodistas, a magistrados, a partidos de oposición. Ellos no pueden ser blanco de inteligencia”, comentó Uribe.

El representante aseguró que con este proyecto de ley estatutaria se pretende tener más controles y más garantías para los Derechos Humanos, y en ese sentido se muestra el articulado que pide añadir parágrafos a la Ley 1621 de 2013, como el que especifica que “las actividades asociadas a la labor periodística, en ningún caso podrán ser considerados una amenaza y, por tanto, no serán objeto de actividades de inteligencia y contrainteligencia”.

También se propone la prohibición del uso de tecnologías de la información e inteligencias artificiales para la clasificación de personas en razón de su origen racial o étnico, “la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, estudiantiles, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que versen sobre los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, en lo relativo a su salud, a la vida sexual”.

Precisamente, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano ha resaltado la intención de enfocarse en el sentido humano en lo que respecta al uso de inteligencia artificial, por lo que desde el Gobierno “estamos trabajando en promover, entender y ayudar en temas de tecnología, educativos y regulatorios, de manera responsable. Estamos comprometidos con combinar la tecnología con los principios de la revolución del ser humano”.

Esa responsabilidad abarca todos los ángulos y Lizcano ha sido enfático en que “se sigue trabajando por la ciberseguridad y que sabe que este es uno de los principios fundamentales de la transformación digital”. Palabras que se dieron en un contexto de crisis cibernética reciente en la que 20 entidades del Estado y 78 privadas fueron atacadas por hackers de manera directa e indirecta durante varios días, ataque que fue de tipo ‘ransomware’, es decir, una encriptación de los datos de las entidades sin que hubiese fuga de datos, ellos “porque estaban en la nube del proveedor de soluciones tecnológicas IFX Networks”, quiere decir que los datos de las personas estuvieron seguros y no fueron divulgados.

El jefe de la cartera ministerial expresó en su momento que el problema fue totalmente solucionado: “Le podemos dar la tranquilidad a los colombianos que hoy más del 96% de las entidades ya están recuperando sus servicios y pronto estaremos al 100%. Nunca los datos salieron de la nube en la que estaban”.

Propuestas 

De otro lado, el texto también plantea la creación del Consejo Nacional de Inspectores Generales, pensada como una instancia colegiada y que sería liderada por el Inspector General de la Comunidad de Inteligencia. Esta persona comandará a los Inspectores de los organismos de inteligencia y al jefe de Control Interno de la Unidad de Análisis Financiero (UIAF). Los integrantes de dicho consejo tendrán reuniones de seguimiento y planeación cada tres meses.

El inspector general realizará, entre otras cosas, un seguimiento a la implementación de la política institucional de respeto, garantía y protección a los Derechos Humanos de las actividades de inteligencia y contrainteligencia por parte de la Comunidad de Inteligencia y presentará dos informes al año al presidente de la República. También podrá solicitar apertura de inspecciones o auditorías que realicen los organismos de inteligencia, “cuando existan indicios de graves de violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario”.

Otro punto clave es que el mandato de reserva “no vincula a los periodistas ni a los medios de comunicación cuando ejerzan su función periodística de control del poder público, en el marco de la autorregulación periodística y la jurisprudencia constitucional, quienes en cualquier caso estarán obligados a garantizar la reserva respecto de sus fuentes”.

Como dato adicional, la iniciativa traza la firme intención de que cualquier persona tenga derecho a saber si figura en los archivos de inteligencia y contrainteligencia del Estado y podrá entablar acciones legales en caso de sospecha de ello, por lo que podrá solicitar al Inspector General de la Comunidad de Inteligencia dicha información.

De igual manera expone que todas las entidades del Estado y los organismos de Inteligencia y Contrainteligencia deberán colaborar con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y brindarán toda la información que tengan a su disposición en lo relacionado con el conflicto armado.

Se formula que la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia podrá solicitar al presidente de la República levantar la reserva total o parcial de una información o la desclasificación de la misma por motivos de interés general “y cuando exista una base creíble de que se han cometido violaciones a los Derechos Humanos como consecuencia del uso de tal información o cuando en su consideración, no constituya una amenaza contra la vigencia del régimen constitucional, ni la seguridad nacional”.

Adicionalmente, se crea la Comisión Civil de Ciudadanos para las actividades de inteligencia que fungirá como órgano consultivo de la Comunidad de Inteligencia. Para ello, no podrán pertenecer a la Comisión quienes estén incursas dentro del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, por varias razones, como el haber desempeñado cargos dentro de los organismos de inteligencia o sus familiares (con grado de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil), “igualmente aquellas personas que tengan antecedentes judiciales por violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario”.