En el marco de la Paz Total, habrá garantías de seguridad para los actores del conflicto.

Por: Juan Sebastián de la Ossa Romero

La culminación del conflicto armado en Colombia, ha sido el norte en el camino que emprendió el gobierno del presidente Gustavo Petro, desde su llegada a la Casa de Nariño. Prueba de esto, es la sanción donde se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de la Paz Total, la cual define la política de la Nación, resguardando y legitimando la seguridad humana a través de una solución definitiva de la guerra en el país.

Por medio de este estatuto, no solo se consagran instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia a través de normas, sino que tienen por objetivo dotar al país de enseres eficaces para asegurar la vigencia de un Nación social, democrática que garantice la plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la constitución política.

Negociaciones con los diferentes grupos armados que han formado parte del conflicto en décadas, y el  establecimiento de regiones de paz en presencia de todas las autoridades, donde se adelanten diálogos con los actores armados sin que eso conlleve a zonas de despeje, hacen parte de la ruta establecida en el que se unge de facultades al Presidente de la República y el Alto Comisionado de Paz, para adelantar tratados entre dichos actores y demás grupos ilegales que operan en el país, con el fin de someterlos a la justicia, y  que esto conlleve a la reconciliación y la consolidación de una verdadera paz estable y duradera.

Sobre esta ambiciosa propuesta del presidente Petro, por negociar con todos los grupos armados, dialogamos con diferentes sectores políticos que, desde la Cámara de Representantes, no solo elevan una voz por sus regiones, sino que expresaron diversas visiones de paz y país, sobre todo, en las garantías que a la fecha existen para los firmantes.

Para la representante a la Cámara Saray Roballo, del Partido de la U, si bien es una propuesta que todos los colombianos anhelan con el propósito poner fin a la interminable violencia, en la actualidad, es un proceso que no se materializa ningún compromiso por parte de los grupos implicados, como disidencias de las FARC, ELN, Bacrim, narcotraficantes y paramilitares.

La congresista oriunda del departamento de Córdoba, hizo un llamado para que este asunto que hoy se adelanta, no se convierta en otra frustración. “el Gobierno ha venido adelantando una causa a través de la puesta en marcha de protocolos con las fuerzas armadas, en el que se han suspendido órdenes de captura que hoy pesan sobre algunos actores del conflicto, y así dar las garantías necesarias, sin embargo, estos no han correspondido y continúan practicando el secuestro y ataques en contra de la fuerza pública”.

Desde otra posición, su colega Marelen Castillo, del Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, señaló que no veía cerca la materialización de la “Paz Total” ya que existían cifras alarmantes en masacres, violencia, delincuencia, que van en aumento en las diferentes regiones azotadas por la criminalidad, por lo que sostuvo  “no está pasando nada, es un discurso y lo diré siempre, de un libro de superación personal, donde solamente hay palabras que nunca van a las acciones concretas, hay que castigar el crimen, es un proceso de años donde hay que formar a los nuevos ciudadanos de Colombia, buscarles nuevas opciones y oportunidades ya que la criminalidad va de la mano de plata fácil”.

La congresista concluyó señalando que no existían garantías, ya que solo preexisten intereses de cada uno de los actores, por lo que era necesario un cambio de cultura en el territorio, que implicaba generar nuevas actividades económicas en el que no todos estarían de acuerdo “aquí lo que domina es el poder económico sobre el territorio sin importar la calidad de vida de las personas en las regiones”.

Caso contrario expone el legislador James Mosquera Torres, de las curules de paz, por los departamentos de Chocó y Antioquia, quien expresó, le apostaba a la Paz Total del presidente, e invitó a los colombianos a tener paciencia en el camino para conseguir el propósito. Sin embargo, animó al Gobierno Nacional, a tener una mayor presencia de la fuerza pública en los territorios que así lo requerían.

Para Mosquera, no se pueden seguir tomando decisiones desde Bogotá, obviando a las autoridades territoriales, ya que, a su juicio, esta paz se consigue con una adecuada e inmediata inversión social. Según cuenta el chocoano, los lugares que él representa, carecen de educación, salud y empleo, lo que aviva la conflictividad. “El Gobierno del ex presidente Duque se propuso hacer trizas los acuerdos y lo cumplió, vemos a unos firmantes desprotegidos, pero en estos momentos se está redoblando la seguridad de los líderes y lideresas que se encuentran en los territorios, y aunque siguen siendo objeto de ataques, se han reducido bastante los crímenes”, anotó el congresista de las circunscripciones de paz.

Por su parte, el representante a la Cámara por el departamento de Nariño, Juan Daniel Peñuela, del Partido Conservador, instó al Gobierno Nacional a no tolerar el secuestro, o cualquier tipo de hostilidad en contra de la población, e invitó a los grupos ilegales como el ELN, a ser coherentes y demostrar actos de paz que conlleven a dar las garantías para la justicia y reparación.

El conservador nariñense lamentó que en su departamento hayan aumentado las cifras de violencia, argumentando “en el caso de Nariño, el 2022 ha sido el año en que más desplazamientos hemos tenido y en 2023 continuaron siendo altas, esto se presenta debido a que existen una serie de actores que se disputan las rutas del narcotráfico, y no existe por parte del Gobierno, una política clara y contundente que les haga exigencia sobre actos de buena voluntad” puntualizó, haciendo énfasis en el alarmante orden público y seguridad que padece  su departamento.

De otra parte, el Representante del Partido Centro Democrático, Juan Felipe Corzo, de Norte de Santander, increpó la manera en que el actual gobierno ha enfocado el proceso, argumentando que es totalmente errado puesto que según él, se está enviando un mensaje equivocado a la juventud y a Colombia en general. El nortesantandereano insistió que, para lograr la paz, no se debe premiar a los delincuentes ni negociar en las cárceles, señalando lo siguiente: “el enfoque que se les está dando a los gestores, es incorrecto. La Corte le dio vía libre a la paz total, sin embargo, le puso un “pero” y es que los gestores de paz no podían salir de las cárceles, para los delincuentes debe haber algunas restricciones, se requiere autoridad. Aplicarles todo el peso de la ley”.

En cuanto a las garantías dadas a los actores, fue enfático al condenar los hechos lamentables que enlutan a los implicados, e hizo un llamado a la unidad nacional de protección, para que se le garantice la integridad de vida a los firmantes de paz, líderes sociales y ambientales.

Al finalizar, destacó la amistad que sostiene con el firmante de paz, por el Partido Comunes German Gómez, de quien sostuvo: “con él dialogamos, no solo en la plenaria, sino en la comisión séptima, de la que hacemos parte, sobre cómo son perseguidos, mayormente por parte de las disidencias de las Farc, eso es lamentable y les corresponde a las instituciones del gobierno nacional protegerlos a todos”.