La CIDH destacó el interés de la Cámara por la paz

Roberta Clarke, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluirá los aportes de los y las representantes a la Cámara en un informe sobre su visita al país. 

Por: Eduardo López Hooker

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, entre el 15 y el 19 de abril, realizó una visita in loco, o visita in situ, un mecanismo de protección de derechos humanos, con el propósito de verificar los avances en la implementación de los Acuerdos de Paz y las medidas adoptadas por el Gobierno y el Estado para garantizar la promoción, respeto y defensa de los derechos humanos en el territorio nacional.

Durante su permanencia en el país, seis de los siete integrantes de la CIDH recorrieron las regiones con mayor afectación por la violencia y sostuvieron reuniones de trabajo con el Gobierno Nacional, gobiernos regionales y locales, así como organizaciones de la sociedad civil, víctimas y líderes sociales, recopilando información para, en un informe oficial, emitir recomendaciones que permitan, faciliten y garanticen los derechos humanos de todos los habitantes, particularmente, en aquellas zonas azotadas por la violencia y los efectos del conflicto.

En su recorrido, encabezada por su presidenta Roberta Clarke, los miembros de la CIDH estuvieron en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes al considerar que en esta célula legislativa se encuentra representada gran parte de la ciudadanía colombiana, especialmente aquella que vive el flagelo de la violencia, el abandono y el desconocimiento de sus derechos.

Noventa minutos, escuchando y tomando apuntes, fueron suficientes para que Roberta Clarke entendiera la complejidad, las dificultades y los desafíos que enfrenta cada región del país con sus particularidades, para la implementación efectiva de los acuerdos y la eficiente materialización de los derechos humanos en cada rincón de la geografía nacional.

“El objeto de esta visita es focalizar y tratar de tener un mejor entendimiento de la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016 y, también, para ver cómo el Gobierno está tomando las medidas para resolver los problemas de inequidad históricos que hay en el país. Estoy aquí para escuchar a la Comisión Segunda, para tener sus perspectivas sobre la implementación de los Acuerdos de Paz y de la Paz Total, para escuchar y tener sus recomendaciones que nos permitan en la Comisión Interamericana ayudar en estos temas”, dijo la presidenta de la Comisión Interamericana al inicio de la sesión especial de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.

William Aljure, representante de la curul de paz del departamento del Meta, haciendo uso de los modismos y vocablos de su región, le pidió a Roberta Clarke y a Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la CIDH, abrir canales de diálogo directo con las víctimas: “parienta Roberta y parienta Tania, a este servidor le mataron 11 familiares, seis por parte del Ejército, dos por parte de la guerrilla y tres por parte de los paramilitares, escuchen la voz de las víctimas, he vivido la guerra en carne propia y cuando uno quiere luchar por la paz no es bien visto, ni en el Congreso ni en los territorios, por eso sería bueno tener una reunión privada con ustedes, para que conozcan de primera mano los sufrimientos de las víctimas en los territorios”.

Por su parte, el representante de la circunscripción de paz de los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena, Jorge Rodrigo Tovar Vélez, solicitó que la lupa de la CIDH sea puesta en las difíciles condiciones que viven los pueblos de la sierra nevada de Santa Marta en donde, según señaló, los grupos armado ilegales ejercen control territorial y amenazan a los pueblos ancestrales.

“Les solicitamos poner la lupa en tres temas puntuales, el recrudecimiento de la violencia en todo el territorio nacional, especialmente en los más afectados por la violencia, la sierra nevada de Santa Marta y en la serranía del Perijá; segundo, la situación que están viviendo nuestros niños indígenas, quienes se están suicidando para evitar ser reclutados por los grupos al margen de la ley; y tercero, interceda e inste al Gobierno Nacional a iniciar mesas de diálogo con grupos como el ejército gaitanista y las autodefensas conquistadores de la sierra nevada, quienes operan en ese punto y en la serranía del Perijá”, remarcó el representante Tovar.

Erika Tatiana Sánchez, representante de Santander, llamó la atención del aumento del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, al punto de señalar que ni siquiera los menores indígenas están seguros en sus propios territorios. “El reclutamiento y la instrumentalización de los menores de edad para la guerra siguen en aumento, en 2023 se registraron 184 casos de reclutamiento forzado y en el 80% las víctimas son niños indígenas, desde mi bandera de defensa de la niñez les pedí que no dejen de lado las cifras aterradoras del reclutamiento forzado, la instrumentalización y el uso de menores en el conflicto es un delito cruel que no tiene ninguna justificación, deben prestar atención especial a los departamentos del Cauca, Nariño y Norte de Santander, donde los menores están en la mira de los grupos armados ilegales para desarrollar sus acciones criminales”, explicó la representante Sánchez.

Por su parte, la representante de los colombianos en el Exterior, Carmen Ramírez Boscán, pidió reconocer el exilio como hecho victimizante y trazar líneas de acción para garantizar el retorno de los exiliados en condiciones de seguridad: “por favor reciban y escuchen a la Colombia que está fuera de Colombia, es necesario reconocer que el exilio es un hecho victimizante, porque la gente tuvo que abandonar el país por culpa de la guerra, el exilio se produjo por cuenta de la violencia y debemos trabajar para generar políticas públicas de retorno”, expresó la representante.

Asombrada por los testimonios escuchados de voz de los congresistas en la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara, Roberta Clarke no dudó en señalar que cada voz era la representación viva del país y como conclusión preliminar aseguró: “vemos la necesidad de mayor presencia del Gobierno Central en los territorios, para avanzar en seguridad y neutralizar a las organizaciones criminales, se requieren actividades de desarrollo en los territorios; muchos nos hablaron de la necesidad de justicia y verdad, respecto de los asesinatos, homicidios, secuestros, desapariciones forzadas, escuchamos todos los datos que nos han dado sobre la violencia, particularmente el tema de mujeres y niños, y vemos la imperiosa necesidad que se adopten medidas de protección especial, para evitar su reclutamiento por parte de las organizaciones criminales, así como detener la explotación sexual de mujeres y niños en el marco del conflicto armado”.