Acabar el fraude al Sistema de Seguridad Social, un propósito de la Cámara

Así lo propone el proyecto de ley aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara y que establece la creación de una Comisión Nacional contra el fraude a la protección social, entre otros.

Por: Argemiro Piñeros Moreno.

 

Con la intención de ahorrarle al país un billón de pesos anuales producto del fraude al Sistema General de Seguridad Social, la Comisión VII de la Cámara de Representantes avanzó en la discusión de un proyecto de ley que así lo establece.

Se trata de una iniciativa parlamentaria radicada por los representantes Héctor Chaparro, Germán Rozo, Andrés Forero, Juan Camilo Londoño y Hugo Archila, la cual ya fue aprobada en primer debate y pasó ahora a discusión de la plenaria de la Cámara de Representantes.

El principal objetivo, según confirmó el coordinador ponente, Héctor Chaparro, es establecer una serie de medidas para luchar, prevenir y sancionar en todas las formas el fraude contra el Sistema de Seguridad Social Integral puesto que hay varios trabajadores de diferentes áreas que acuden a unas empresas, aparentemente legales, reciben la planilla de afiliación por un mes, pero son desafiliados al siguiente día mientras el empleador valida su supuesta vinculación mensual.

Y es que, según Chaparro, algunos trabajadores acuden a dicha práctica porque hay  “empresas que generan afiliaciones de un solo día cobrando de $50 a $80 mil y una vez la persona presenta dicha planilla, los desafilian. En los postes hay avisos que invitan a afiliarse a EPS y seguridad social, pero son ilegales. También pasa con los taxistas o con las mujeres embarazadas que las incorporan al sistema con salarios altos para que la licencia sea por valor alto, luego se reparten el dinero o estafan a las mujeres y las desafilian”.

El economista de la Universidad de los Andes, comentó la urgente necesidad de que los actores del sistema puedan bloquear a este tipo de empresas y sacarlas del sistema, por lo que ha surtido varias reuniones con muchos de ellos como representantes de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila), de las cajas de compensación familiar y las EPS, entre otros.

El principal objetivo es establecer una serie de medidas para luchar, prevenir y sancionar en todas las formas el fraude contra el Sistema de Seguridad Social Integral puesto que hay varios trabajadores de diferentes áreas que acuden a unas empresas, aparentemente legales, reciben la planilla de afiliación por un mes, pero son desafiliados al siguiente día mientras el empleador valida su supuesta vinculación mensual.

Solicitud de ajustes

El apoyo, prácticamente unánime por los demás congresistas de la comisión, trajo consigo peticiones concretas para el enriquecimiento de los siete artículos que conforman el proyecto, como lo hizo la representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, quien pidió que se incluyera a representantes de los sindicatos en dicha discusión.

Igualmente radicó una proposición “con el fin de eliminar un artículo que abría la puerta a la cotización a seguridad social por horas. Esta proposición fue avalada y aprobada por la Comisión Séptima, gracias a lo cual este peligro para las y los trabajadores fue desactivado. Estoy para defender los derechos de los y las trabajadoras de nuestro país”.

A su turno la representante de la Alianza Verde Martha Alfonso cuestionó la participación de dos congresistas elegidos por las comisiones séptimas del Congreso, tal como lo establece el artículo 3 de la iniciativa en la creación de la Comisión Nacional contra el fraude a la protección social, en la que se establece que el Gobierno Nacional estará a cargo de su coordinación y dirección y que estará integrado por unos miembros permanentes como los ministros de Trabajo, Salud, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de la Seguridad Social en Salud (ADRES), el Superintendente Financiero, el director de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP), el director de la DIAN y dos congresistas elegidos por las Comisiones Constitucionales Séptimas de Cámara y Senado, entre otros.

La tolimense solicitó aclaración en cuanto a la participación de los congresistas y su competencia, porque podrían ser juez y parte ya que “la comisión creada deberá presentar informe al legislativo, por lo que creo que hay un problema de diseño, competencia y conflicto de intereses, así las cosas, propongo que se elimine la participación parlamentaria”.

Su comentario obedece a que en el artículo 4, la Comisión Nacional contra el fraude remitirá al finalizar cada legislatura un informe a las Comisiones Constitucionales VII de Cámara y Senado sobre la ejecución, resultados y acciones adelantadas en virtud de esta ley.

De otro lado, en cuanto al parágrafo transitorio en el artículo 6 que estipula que dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, el Gobierno Nacional, junto con los integrantes de la Comisión contra el fraude, reglamentará la forma, el porcentaje “y demás cuestiones necesarias para que las personas con contrato laboral, los contratistas y los trabajadores independientes que devenguen menos un salario mínimo realicen los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en proporción a los ingresos o salarios percibidos; reglamentará un porcentaje menor escalonado de cotización cuando la persona tenga diferentes ingresos en un mismo mes, a fin de que no deba cotizar en igual porcentaje en cada uno de ellos”.

Para algunos expertos, esto genera una preocupación porque le abre un boquete a la cotización por horas y termina siendo regresivo, porque los pisos mínimos de cotización se han establecido incluso en coherencia con convenios internaciones de la OIT para que no se pueda cotizar por debajo de lo que ya el país tiene establecido como un mínimo vital.

Frente a dicho tema, el congresista de Partido de La U, Víctor Salcedo solicitó especificar los mecanismos que se establecen para que la comisión haga los ejercicios de verificación correspondientes, al tiempo que pidió involucrar al Ministerio de las TIC “para que ayude con la estrategia comunicativa y con RTVC”, esto ya que el texto plantea que la Comisión Nacional contra el fraude diseñará una estrategia para que a través de los medios masivos de comunicación se adelanten campañas para sensibilizar.

Difiriendo de su colega Martha Alfonso, está totalmente de acuerdo con el artículo 6 y “lo que debemos es hacer leyes de acuerdo a la realidad del país y no únicamente frente a lo dicho por la OIT”.

Para el antioqueño Camilo Londoño de la Alianza Verde, todo el proyecto se ajusta a la realidad del país y pidió fortalecer los mecanismos que permitan evitar dichos fraudes, por lo que “pido que sea la Fiscalía la que tome esto como prioridad pues es una problemática grande en todos los municipios de Colombia”

Se dará un tiempo de un año para que los certificados de aportes a seguridad social sean complemente digitales.

Otros detalles del texto

Cabe recordar que el articulado explica que el Gobierno Nacional deberá garantizar que todos los sistemas de consulta de la planilla PILA estén actualizados en tiempo real “y brinden información que permita verificar las condiciones reales de afiliación como mínimo la fecha de pago, el periodo cotizado y de afiliación, datos que el Gobierno Nacional reglamente”.

Además, que no podrá desvincularse o desafiliarse a la persona antes de cumplirse el tiempo inicialmente cotizado, tampoco se podrá modificar la actividad inicialmente reportada, ni el valor reportado de ingresos. “Cualquier modificación o error en la afiliación deberá ser reportada al contratante o empresa y al afiliado dentro de los 2 días siguientes de la detección, para que el afiliado pueda manifestarse u oponerse a dicha modificación o desafiliación”, reza el documento.

En lo que respecta a los aumentos significativos en los aportes de cotización, la iniciativa establece que se deberá revisar la veracidad y justificación de dichos aumentos, para ello, los operadores autorizados podrán bloquear en el sistema de planilla PILA las cédulas cuando sea persona natural o NIT “cuando se trate de persona jurídica, cuando se evidencian incrementos, datos o situaciones que puedan representar un riesgo de fraude”.

En cuanto a lo explicado en el artículo 3 de este proyecto 381 sobre la creación de la Comisión Nacional contra el fraude a la protección social, se especifica que será una instancia de coordinación, apoyo y asesoría “para generar acciones efectivas de atención y solución de los problemas de evasión y fraude en el Sistema de Seguridad Social Integral”. Esto será mediante la implementación de estrategias que busquen prevenir, gestionar y sancionar estos fenómenos. “Para esto, se deberá diseñar e implementar una política pública que cuente con la participación de actores públicos y privados, la cual deberá ser revisada y actualizada cada dos años de acuerdo al seguimiento de la ejecución que se haga de la misma”.

Se trata de una iniciativa parlamentaria radicada por los representantes Héctor Chaparro, Germán Rozo, Andrés Forero, Juan Camilo Londoño y Hugo Archila, la cual ya fue aprobada en primer debate y pasó ahora a discusión de la plenaria de la Cámara de Representantes.