Promoviendo un entorno de crianza respetuoso y libre de violencia en Colombia
Por: Julián Peinado Ramírez
Representante a la Cámara, Partido Liberal
Abril, mes de la niñez, nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre las medidas que estamos tomando para garantizar el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes en Colombia. Este año, quiero resaltar una normativa crucial que marca un avance significativo en nuestra responsabilidad colectiva de proteger a la infancia: la Ley 2089 de 2021, que prohíbe el uso del castigo físico y de cualquier forma de violencia como una forma de corrección.
La Ley 2089, sancionada en 2021, establece un hito en la política de protección infantil al erradicar el castigo físico y otros tratos crueles, humillantes o degradantes como formas de corrección hacia los menores de edad. Este cambio legislativo no solo cumple con nuestras obligaciones internacionales bajo la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que también posiciona a Colombia junto a otros países que lideran la protección de los derechos de la infancia a nivel global.
Sin embargo, y de forma desafortunada, la ley ha presentado una problemática entre su potencial y su aplicación en las regiones. Lo explico más a detalle a continuación: en diciembre de 2021 el Gobierno, encabezado en este tema por el ICBF, publicó la ‘Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención del Castigo Físico, los Tratos Crueles, Humillantes o Degradantes’, “la cual tiene como objetivo transformar los imaginarios, creencias y comportamientos que social y culturalmente han sido utilizados para naturalizar y normalizar el castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes contra la niñez y la adolescencia en Colombia”.
Allí se especificó que el Gobierno tenía un plazo de 6 meses, a partir de la creación de la estrategia, para implementar la ley en los territorios. El problema radica en que el Gobierno se ha concentrado desde entonces en presentar informes donde reportan que la estrategia ha sido socializada y recibida por 940 municipios, hasta el momento, lo cual no es suficiente para la implementación de la ley, que es realmente lo importante para cambiar imaginarios en Colombia.
La implementación de la ley requiere más trabajo y compromiso con el propósito de la iniciativa. Necesita de la creación de políticas públicas a nivel territorial, la asignación de recursos presupuestales, la capacitación de funcionarios públicos y la creación de mecanismos de seguimiento y evaluación. Por esto es importante no confundir la firma de un trámite de una ley con el verdadero sentido de transformación de un país, que es hacerla realidad.
Esto necesita de un esfuerzo nacional, de todos y a todos los niveles, que implica una transformación profunda en cómo concebimos la disciplina y la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. A través de la educación y la sensibilización, buscamos erradicar la normalización social del castigo físico, apoyando a padres, madres y cuidadores con herramientas y conocimientos para incorporar métodos de crianza constructivos y amorosos.
Como representantes del pueblo y garantes de sus derechos, debemos seguir promoviendo y apoyando estas iniciativas, asegurando su implementación efectiva en cada rincón de nuestro país. La erradicación del castigo físico y la promoción de una crianza respetuosa son fundamentales para el desarrollo integral de nuestra infancia y para la construcción de una sociedad más justa y pacífica.
Con cada acción en este frente, reafirmamos nuestro compromiso no solo con los niños, niñas y adolescentes de Colombia, sino con el futuro de nuestra nación. La Ley 2089 no es solo un mandato legal, es un llamado a cultivar la bondad, el respeto y la empatía que cada niño y niña merecen. En este mes de la niñez, renovamos nuestro compromiso con nuestra infancia, garantizando un futuro en el que todos puedan prosperar.
Julián Peinado Ramírez
Representante a la Cámara. Partido Liberal Colombiano
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