Ajuste en salario de congresistas, una iniciativa que se mantiene

La iniciativa está en la agenda de la Comisión Primera de la Cámara para luego pasar a la plenaria.

Por: Argemiro Piñeros Moreno

Uno de los más controvertidos temas tanto de la agenda legislativa como de la coyuntura sociopolítica es el régimen salarial de los senadores y representantes, el cual ha tenido varios intentos de debate en el Legislativo sin mayores frutos, el más reciente, el proyecto de ley orgánica Nro. 194 de 2023 Cámara – 097 de 2022 Senado que busca reducir el ingreso de los congresistas, así como de otros altos funcionarios del país.

Tras su paso por el Senado, la iniciativa de autoría compresional, está ya en su trámite en la Cámara de Representantes, en donde comenzará por la Comisión Primera, a la espera que de ser aprobada llegue a la plenaria a su discusión final y así convertirse en ley de la República.

Entre sus ponentes en la Comisión están los representantes, Adriana Arbeláez, de Cambio Radical; Carlos Adolfo Ardila, del Partido Liberal y Hernán Cadavid, de Centro Democrático, entre otros.

De los más de 10 proyectos que se han presentado en la última década y de estar como uno de los principales puntos en la pasada Consulta Anticorrupción, este texto de ocho artículos parece avanzar un poco más.

El coordinador ponente es el representante de la Alianza Verde, Duvalier Sánchez, quien sostiene que si se realiza un equivalente con el salario mínimo que recibe cualquier colombiano promedio, “esto equivale a 34 veces. A este valor, hay que sumarle unos gastos adicionales que son pagados para el cumplimiento de las funciones de cada uno de los contratistas; gastos que se discriminan así y no son salario de la Unidad de Trabajo Legislativo conformada por máximo diez personas que tienen un valor de hasta 50 salarios mínimos”.

A ello se le suma el seguro de vida por más de $94 millones, los tiquetes aéreos (establecidos en el artículo 2.8.1.10.1 del Decreto 1068 de 2015), la asignación de vehículos: “Los congresistas tienen derecho a un vehículo, el cual podrá variar en cantidad dependiendo de su nivel de riesgo. La Prima de Navidad que corresponde a un mes de salario en el mes de diciembre de cada año y una Prima Especial de Servicios.

Análisis

En opinión del subdirector de Gobierno, Seguridad y Justicia del Ministerio de Hacienda, también subdirector encargado de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional, Carlos Zambrano, el impacto que representaría esta iniciativa es evidente. “En el Congreso su impacto sería $61 mil millones, la Rama Judicial tiene 1.333 funcionarios y su impacto sería $224 mil millones, la Fiscalía General con 157 cargos y su impacto sería $26 mil millones, la Jurisdicción Especial para la Paz con 118 cargos y su impacto sería $20 mil millones”, comentó el funcionario.

Al hablar de otras entidades, se tiene que, por ejemplo, en la Procuraduría con 495 cargos su impacto llegaría a $84 mil millones, en el Consejo Nacional Electoral con 10 cargos a los que le aplica dicha iniciativa y su impacto sería de $2.070 millones y tenemos en ciertas entidades del Estado: la Defensoría, la Registraduría, la Contraloría, la Auditoría que son las cabezas de su sector que tienen estos mismos niveles de remuneración y su efecto sería de $207 mil millones, entre otros.

El proyecto de ley orgánica fue una iniciativa radicada en agosto de 2022 por el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández y 124 congresistas más, tiene como objetivo establecer disposiciones para modificar los criterios con los que se fija la asignación mensual de los congresistas, ello con el fin de disminuir la brecha salarial entre los altos funcionarios de la República y los trabajadores de Colombia.

Dicho en otras palabras, se trata de eliminar la Prima Especial de Servicios, “la cual reemplazó la Prima de Salud, Vivienda y Localización, con el fin de disminuir los ingresos percibidos por los congresistas y que implica la reducción sistemática de asignación mensual de todos los altos cargos”, recordó el congresista Duvalier Sánchez.

Cabe recordar que el Congreso está conformado por 295 congresistas, de los cuales 108 son senadores y 187 son representantes a la Cámara, lo que representa un gasto mensual de más de $10 mil millones, como se explica en el documento.

Es entonces que para el 2022 el salario de los congresistas estaba compuesto por: Salario Básico: $8.321.993, primas: $11.301.480 y gastos de representación: $14.794.660.

Otras miradas

El congresista del Centro Democrático Hernán Cadavid cree que en general en todo el Congreso no se encontrará mucha oposición a la iniciativa puesto que “no solamente el Centro Democrático está de acuerdo, sino que hemos suscrito más

de siete proyectos desde el año 2014 para la reducción y/o congelación en algunos casos en el aumento del salario para los congresistas, sin embargo, todos han sido derrotados por las mayorías”.

Para el representante del Partido de La U, Jorge Tamayo, el salario de los congresistas está sobredimensionado, esto frente a las responsabilidades laborales “y a todo el tema de tiempo y movimiento del estudio técnico que tiene que hacerse en la función de un cargo, de un desempeño de un servidor.

Entonces, yo quiero que el Congreso haga una revisión técnica y si eso arroja que estamos sobredimensionados, abanderaré cualquier tipo de revisión”.

Considera que se deben hacer las respectivas mediciones buscando una reestructuración, “porque si nosotros estamos sobredimensionados frente a las responsabilidades, es posible que otro cargo que esté asociado a él tenga mayores responsabilidades, no sería justo también sacrificarlas por ese hecho”.

Para Edwin Barros, uno de los ciudadanos que se manifestó en una de las audiencias, el país entero quiere la reducción del salario de los congresistas, sin embargo, “más allá de eso deberíamos hacer un enfoque diferencial de los otros congresistas de circunscripción territorial, que vienen de las diferentes regiones del país bastante aisladas, que les cuesta más hacer su trabajo legislativo, ya que no están permanentemente acá en Bogotá y profundizar en ello, ya que a futuro no se convierta en una piedra al zapato, para que posiblemente algunos congresistas se escuden en eso”.

La intención de avanzar en la austeridad efectiva del gasto público se ve reflejado en el articulado que se enfoca en la eliminación de gastos de salud, primas de localización, vivienda y transporte a la rama legislativa. De igual manera busca la prohibición de reconocimiento de emolumentos o primas constitutivas de salario a los congresistas, así como que se busca que la asignación mensual estará compuesta por la asignación básica y los gastos de representación.

El texto también establece que ningún servidor público podrá percibir remuneración mensual superior a la de los congresistas. Adicional a ello establece que el Gobierno nacional podrá destinar el 50% de los recursos que se ahorre por esta ley en el financiamiento de proyectos de educación rural y bonificaciones para los miembros de la Fuerza Pública y que la entrada en vigencia será a partir del 20 de julio de 2026, esto “para no afectar los derechos de los actuales congresistas y funcionarios del Estado”.

Es de acotar que recientemente el salario de los congresistas fue ajustado por decreto nacional con un incremento del 10,88%, es decir que estarían devengando unos $47 millones de mensuales, 4 millones de pesos más que el año pasado.

Por el momento es la Comisión Primera de la Cámara la que tendrá la tarea de continuar con el trámite legislativo de este proyecto que ya ha tenido varias mesas técnicas y audiencias públicas.

Se trata de eliminar la Prima Especial de Servicios, “la cual reemplazó la Prima de Salud, Vivienda y Localización, con el fin de disminuir los ingresos percibidos por los congresistas y que implica la reducción sistemática de

asignación mensual de todos los altos cargos”: coordinador ponente, Duvalier Sánchez.

El texto establece que el Gobierno Nacional podrá destinar el 50%

de los recursos que se ahorre por esta ley en el financiamiento de proyectos de

educación rural y bonificaciones para los miembros de la fuerza pública.