Colombia afronta ocho conflictos armados en la actualidad

Pese a todos los esfuerzos, Colombia registra su octavo conflicto armado interno según informe del CICR. Sectores reclaman atender con mayor celeridad las comunidades afectadas y avanzar en los acuerdos de paz territorial. 

Por: Maricela Londoño C.

Escenario

En una reciente sesión de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, el jefe de la Delegación para Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR, Lorenzo Caraffi, aseveró que ya son ocho los conflictos en se están viviendo en el territorio nacional, los datos preocupan a algunos sectores, pues se registra un aumento significativo en la violencia hacia a las comunidades en regiones apartadas.

De acuerdo al Balance Humanitario 2024, la oficina documentó en el último año, cerca de 444 presuntas violaciones del Derecho Internacional Humanitario en Colombia, identificando además un nuevo conflicto. “Los ocho conflictos armados clasificados por el CICR en Colombia afectaron en 2023 a miles de civiles, con consecuencias humanitarias como la desaparición, el desplazamiento, la violencia sexual, el confinamiento, la afectación por artefactos explosivos, y la asociación de niños, niñas y adolescentes con actores armados”. La disputa territorial entre diversos actores armados ha generado dinámicas diversas en varias regiones del país, lo que plantea nuevos desafíos humanitarios.

En 2023, según cifras oficiales, al menos 145 mil personas se desplazaron individualmente, lo que supone un aumento del 18% respecto al año anterior, mientras que el desplazamiento masivo se redujo en un 13%. Las regiones más afectadas han sido Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Cauca, Santanderes, Chocó y Antioquia.

De acuerdo al informe, son múltiples las afectaciones que viven las comunidades; el confinamiento como consecuencia del recrudecimiento de las acciones armadas y la presencia de artefactos explosivos aumentó a nivel nacional en un 19 % en comparación con el año anterior. Preocupa la desaparición de personas, el reclutamiento de niños y niñas, el aumento en minado de los territorios, los actos violentos contra la misión médica, los homicidios y la presencia de los actores armados en medio de regiones donde antes no había presencia armada.

En las regiones

Los resultados del informe son corroborados por las y los representantes de la Comisión de Paz presentes como James Mosquera, representante de las Curules de Paz, quien afirma que “en el Chocó estamos viviendo un problema de conflictividad tremendo, porque se han sumado a los constantes confinamientos, desplazamientos y paros armados en los municipios de Sipí, Novita, Istmina del litoral, San Juan y medio San Juan, el tema de las minas antipersonales. Eso no puede ser, estos territorios son de vocación agrícola y minera, las comunidades están en muy alto riesgo, cuando ocurren estos hechos las comunidades se llenan de miedo e incertidumbre”.

No es un secreto las afectaciones que dejan para un país un conflicto armado interno tan largo y profundo como el vivido en Colombia, así lo enfatiza el representante José Jaime Uscátegui del Centro Democrático, para quien “ha habido un debilitamiento del estado de derecho en Colombia”, razón por la que cuestiona la implementación de los acuerdos de paz y su efectividad para detener la violencia y el asesinato de las y los líderes sociales, “justamente cuando se habla de paz, incrementan las afectaciones a los derechos humanos”, aseveró.

Las circunstancias son complejas, en algunas regiones aumenta el conflicto, en otras disminuye, el conflicto es cambiante, y se da en diversas dinámicas, como afirmó la CICR, hay un nuevo conflicto entre el EMC y las AGC, una realidad compleja que requiere atención particular de acuerdo a las necesidades de cada territorio. De acuerdo a lo expuesto en la sesión, las comunidades, las y los líderes sociales, los periodistas, la Fuerza Pública, así como otros actores que intervienen de manera directa o indirecta en el conflicto, son víctimas a mediano y largo plazo de medidas que afectan el tejido social y la confianza en la capacidad de respuesta del Estado.

Así lo ratificó el representante Juan Sebastián Gómez del Nuevo Liberalismo, del departamento de Caldas, donde el desplazamiento, la pobreza, y el asesinato a líderes sociales y políticos dan cuenta de la necesidad urgente de avanzar en el desmantelamiento de los actores armados en los territorios. Circunstancias que no se alejan de los hechos que también están pasando en Putumayo donde las víctimas de desplazamiento forzado, violencias sexuales y reclutamiento forzado son el pan de cada día, como lo enuncia el representante Andrés Cancimance.

Una realidad que se repite en los más de 300 municipios donde se encuentran presentes los distintos actores armados a quienes Caraffi hizo un llamado urgente, en igual medida extendió la solicitud al Gobierno Nacional para avanzar en la adopción de acuerdos humanitarios especiales en el marco de las negociaciones y diálogos. “Hay que tener una perspectiva histórica, reconocer los avances de la paz en Colombia y fortalecer en el marco del camino, andado los nuevos escenarios donde las comunidades participen activamente y jueguen un papel determinante en la finalización del conflicto y la superación de la violencia. La reconciliación es fundamental para avanzar como sociedad en un proyecto de país posible para todas y todos”, dijo.

Los presentes concluyeron en que los desafíos del Gobierno para consolidar la paz en los territorios, pasan por la implementación del Plan Nacional de Desarrollo en los ejes de paz, la aplicación de la Paz Total a grupos armados, el avance de la nueva política de drogas y la materialización de la política de “seguridad humana”, como afirmó al cierre de la sesión el representante Alirio Uribe Muñoz.