Proyecto de ley Jorge Pizano inicia su trámite en la Cámara

El texto que busca proteger a denunciantes de corrupción, abre camino en la Comisión I de Cámara.

Por: Argemiro Piñeros Moreno

A seis meses de que se cumplan seis años de la muerte del ingeniero civil Jorge Enrique Pizano, testigo clave en uno de los escándalos de corrupción de mayor magnitud en la historia reciente colombiana, el caso de Odebrecht, el Congreso de la República analiza un proyecto de ley que busca proteger a los denunciantes de corrupción.

Ahora, ¿qué relación tiene el fallecimiento, en extrañas circunstancias, del ingeniero con la iniciativa? Pues el proyecto de ley fue radicado en noviembre pasado precisamente en su honor por parte del Gobierno Nacional, específicamente por parte del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien cree firmemente en la intención de cambio de dicha realidad. “La delación no puede ser estigmatizada, no es una maldad. Al contrario, los colombianos debemos comenzar a verla como una virtud, porque el delator está ayudando a que se haga justicia”, comentó.

El jefe de la cartera ministerial indicó que es importante cambiar la cultura de la sociedad colombiana para fomentar las denuncias cuando se tengan pruebas de actividades ilegales, por lo que el texto “considera medidas de urgencia para garantizar la seguridad de los familiares de los denunciantes hasta el segundo grado de consanguinidad”.

La coordinadora ponente del Partido Alianza Verde, Catherine Juvinao, quien ha instado a la mesa directiva para agendar como uno de los primeros puntos en el orden del día este proyecto, recordó que junto con su equipo se reunieron con la Secretaría de Transparencia para construir y presentar el proyecto de forma conjunta: “Radicamos ponencia unificada el pasado 14 de marzo, con la firma de 11 de 12 ponentes”.

Recordó que en el país denunciar a los corruptos no es causal de sentencia de muerte, “yo misma he sido denunciante de corrupción desde la ciudadanía y doy fe de la urgencia de brindar las garantías necesarias para investigar y denunciar. Además, como país integrante de la OCDE, Colombia debe cumplir con la legislación internacional en la materia, esto es, implementar las medidas necesarias para salvaguardar la vida de quienes denuncian a criminales y corruptos en este país”.

Para el representante del Pacto Histórico, David Racero, este proyecto de ley no se limita a honrar la memoria del ingeniero Pizano, sino también de líderes como Wilder Córdoba, Rafael Moreno, Eudaldo Díaz “y todos a quienes el Estado no ha protegido, por mostrarnos que la integridad del servicio público y el respeto al presupuesto público es lo principal, pero la ética y valores no debe costar la vida. El Estado Colombiano tiene la responsabilidad de cuidar a quienes cuidan lo público”.

Alternativa en observaciones

Una de las críticas surgidas en torno a esta iniciativa provino de la senadora del Pacto Histórico, Gloria Flórez quien señaló que la iniciativa fue construida por varios congresistas y que la representante Juvinao no es la autora de la misma.

“El proyecto de ley Pizano fue una iniciativa de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y María del Mar Pizarro, a la que nos unimos como autores otros congresistas como David Racero, Andrés Calle, Armando Zabarain, Catherine Juvinao y yo. Todos los congresistas autores nos reunimos con la Secretaría de Transparencia durante meses para construir el proyecto. Repito TODOS. 3. Radicamos el proyecto en noviembre del año pasado. Juvinao fue designada ponente y radicó la ponencia 3 meses después, el 14 de marzo”, sostuvo la senadora Flórez.

Ante ello, la representante Juvinao desmintió dicha versión al decir que “yo ya tenía este proyecto construido con mi equipo, era una promesa de campaña que yo hice porque yo fui veedores anticorrupción antes de ser congresista de manera que uno de los primeros proyectos que empecé a trabajar sola con mi equipo cuando llegué al Congreso fue ese de denunciantes de corrupción”.

Más allá de las versiones, es importante destacar que el proyecto propone crear el Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC), que funcionaría como una instancia interinstitucional de carácter independiente. Dicha entidad estaría encargada de coordinar, adoptar decisiones y orientar las actividades relacionadas con la implementación y el seguimiento del mecanismo de protección a denunciantes. También realizará recomendaciones para el fortalecimiento de los sistemas y canales de denuncia en el país.

Los derechos laborales, económicos, políticos y demás conexos de los denunciantes, no quedan por fuera del texto que se enfoca en establecer normas, procedimientos y mecanismos “para garantizar la protección de los derechos fundamentales a la vida, integridad, seguridad personal y al libre desarrollo de la personalidad”.

El SUPRAC “deberá garantizar, mediante su página web, el seguimiento a las solicitudes de protección que presenten los denunciantes. Este sistema de seguimiento a las solicitudes de protección deberá garantizar medidas de seguridad y confidencialidad para los denunciantes”, se lee en el texto.

De igual manera específica que el SUPRAC deberá estar conformado por un delegado de la Secretaría Transparencia de la Presidencia, de la Fiscalía General, de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, de la Unidad Nacional de Protección, del Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Interior.

Algunas de las principales medidas que establece es la protección para personas en situación de extrema urgencia, protección a la vida y seguridad personal, protección laboral y protección especial a periodistas. Lo anterior sin dejar de lado las medidas para garantizar la seguridad de los familiares de los denunciantes hasta el segundo grado de parentesco.

En ese sentido, la Corporación Transparencia por Colombia (TPC) entregó una serie de recomendaciones para tener en cuenta en el momento del debate, dentro de las que se cuentan el incluir medidas de apoyo sicosocial y asistencia asesoría jurídica de manera transversal para los denunciantes.

También sugieren “incorporar sanciones más severas, multas de mayor cuantía a las que actualmente están en la ley de acoso laboral, para los empleadores y/o compañeros de trabajo que tomen retaliaciones en relación laboral”.

En lo que respecta al SUPRAC, la Corporación considera que la multiplicidad de actores incrementa el riesgo de filtración o manejo inadecuado (de manera voluntaria o no) de la información sensible de los denunciantes, “por lo que sugerimos que una sola entidad sea la responsable de gestionar la información sensible de los denunciantes. Resultaría estratégico fortalecer una entidad ya existente como la Defensoría del Pueblo para liderar actividades propias del comité rector del SUPRAC”.

Asimismo, la Fiscalía también ha manifestado su interés en fortalecer los mecanismos de protección a la ciudadanía en la materia y, por ejemplo, con relación a los delitos asociados a corrupción administrativa, “de acuerdo con la información consignada en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General, entre el año 2010 a 2023, se ha reportado un total de 19.537 víctimas de las tipologías asociadas a la corrupción administrativa”.

A su turno, la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) también resaltó la importancia de avanzar con este tipo de iniciativas. La Alianza es una iniciativa multilateral integrada por más de 70 países del mundo “comprometidos con los principios de la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, tecnología e innovación”. Colombia forma parte de OGP desde 2011, “la cual es liderada en el país por el Comité de Estado Abierto, foro multi actor integrado por las organizaciones de la sociedad civil suscritas y entidades públicas del orden nacional y subnacional”.

Es así que el Comité De Estado Abierto, en carta enviada al presidente de la Comisión Primera, el representante Óscar Hernán Sánchez, solicitó que se incluya en la agenda legislativa este proyecto de ley Jorge Pizano. “La adopción de esta ley no solo creará un entorno de confianza entre el Estado y la ciudadanía, sino que también será esencial para salvaguardar vidas y asegurar la garantía de los derechos humanos”, indica el escrito.

Por el momento, la iniciativa gubernamental está en la agenda de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes este lunes, esperando cursar satisfactoriamente su trámite para avanzar en la agenda antes de que culmine el periodo legislativo.

 “La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República liderará y establecerá los lineamientos para la articulación y el cumplimiento de las funciones a cargo de la Secretaría Técnica del SUPRAC”.

 “El tratamiento de los datos que suministren los reportantes/denunciantes de presuntos hechos de corrupción, deberán ser manejados en virtud del principio de responsabilidad demostrada y necesidad de los datos”.

Representante Catherine Juvinao, partido Alianza Verde, ponente del proyecto que busca proteger a denunciantes de la corrupción. Foto Cámara de Representantes.

Ministro de Justicia, Néstor Osuna, autor del proyecto denominado Ley Jorge Enrique Pizano. Foto Ministerio de Justicia

Comisión Primera de la Cámara estudiará el proyecto de ley para proteger a denunciantes de la corrupción.