Reconocimiento y autonomía: la lucha de las comunidades negras en Colombia

Por: Nicolás Collazos Guzmán

Colombia es un mosaico de culturas y etnias, destacándose por su diversidad, donde las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras juegan un papel fundamental en el desarrollo cultural y económico del país. Sin embargo, estas comunidades han enfrentado desafíos históricos que limitan su participación en el ámbito nacional. A pesar de las políticas implementadas en el pasado, como la Ley 70 de 1993 que reconoce derechos territoriales específicos, las brechas en la inclusión y el desarrollo siguen siendo palpables.

En un esfuerzo por rectificar estas desigualdades históricas, se ha presentado el proyecto de Acto Legislativo No. 375 de 2024, que propone modificar los
artículos 286 y 356 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de garantizar una representación y participación más equitativa de las comunidades negras en
la organización territorial y política del país.

La iniciativa busca asegurar que la configuración territorial de Colombia refleje de manera justa la presencia de las comunidades negras. La modificación pretende que las divisiones territoriales del país incorporen a las comunidades negras como entidades reconocidas y autónomas, asegurando su representación política y administrativa. Mientras que el artículo 356 propone una revisión para garantizar que estas comunidades reciban una parte adecuada de los recursos del Sistema General de Participaciones, lo cual es fundamental para el desarrollo de infraestructura y servicios públicos en sus regiones.

El proyecto, es impulsado por los representantes Orlando Castillo Advíncula, como ponente, Diógenes Quintero Amaya y John Jairo González, entre otros, y su importancia radica en la opción de transformar la realidad socioeconómica de las comunidades negras en Colombia.

“Esta modificación va a permitir no solamente que las comunidades negras puedan seguir fortaleciendo su dinámica cultural, territorial y su propia forma de ejercer autoridad en sus territorios, sino que también la posibilidad de etnodesarrollarse a partir de la creación de sus propias políticas internas. De igual
forma, va a permitir que el Estado tenga la responsabilidad de generar transferencias necesarias para el desarrollo de estas comunidades”, afirmó el
representante a la Cámara por las Curules de Paz, Orlando Castillo Advíncula.

A su vez, el representante antioqueño John Jairo González, de las curules de paz, expresó que dicho reconocimiento de las comunidades y de los pueblos afrocolombianos “va a reivindicar los derechos de esta población que históricamente ha estado rezagada en la participación en política a nivel territorial y nacional. En buena hora sale la iniciativa y esta Comisión Legal Afro acompaña y apoya este proyecto tan importante, que le va a devolver a los pueblos afrocolombianos de nuestro país, la oportunidad de acceder a los mismos derechos, con más equidad en la participación política”.

Al garantizar una distribución más justa de los recursos y una mayor autonomía política, se abre la puerta a una mejora sustancial en la calidad de vida de estas
poblaciones. Este cambio constitucional no solo reconoce formalmente la importancia de las comunidades negras en el tejido nacional, sino que también les
proporciona herramientas necesarias para gestionar sus recursos, preservar su cultura y participar efectivamente en la gobernabilidad del país.

Entre los argumentos a favor de la iniciativa se tienen, primero, el fortalecimiento de la autonomía, con un mayor control sobre sus asuntos locales y regionales;
segundo, la justicia económica y social al tener acceso equitativo a los recursos del Estado, un aspecto esencial para cerrar brechas de desigualdad; y tercero, preservación cultural.

No obstante, algunos sectores advierten desafíos administrativos, que se derivan de la capacidad de las nuevas entidades territoriales para manejar eficazmente los recursos y responsabilidades; segundo, el impacto fiscal, por posibles complicaciones en la redistribución de los recursos nacionales, con posibles impactos en otras regiones; y tercero, los riesgos de fragmentación, que se centran en temores de que las modificaciones fomenten la división política más que la unidad nacional.

En conclusión, para los impulsores de la iniciativa, este proyecto es un paso significativo hacia la inclusión efectiva y el reconocimiento de las comunidades negras en Colombia. Mientras el debate continúa, es esencial que todos los sectores de la sociedad colombiana participen en estas discusiones, reconociendo la importancia de construir un país más justo y equitativo para todos sus ciudadanos, con un especial énfasis en aquellas comunidades que han sido vulneradas sistemáticamente en el ejercicio de sus derechos, específicamente en lo que se refiere a su autonomía, justicia económica y social, así como su preservación cultural, como es el caso de las comunidades afrocolombianas, quienes continúan con la reivindicación de sus derechos.