Plan de Acción para combatir el racismo y promover la igualdad

Garantizar espacios de participación política para la comunidad afro es parte esencial de las acciones que la Cámara de Representantes realizará durante el próximo año.

EL presidente de la Comisión Legal Afrocolombiana de la Cámara de Representantes Cristobal Caicedo Angulo, hizo la presentación del Plan de Acción 2023-2024 para la protección de los derechos de las comunidades negras y la población afrodescendiente en Colombia.

En su carta magna, Colombia se define como un Estado Social de Derecho que reconoce y respeta la diversidad étnica y cultural, democrático, participativo y pluralista. En el texto también se reconoce que la Nación está conformada por diversos grupos sociales, entre ellos, los grupos étnicos, como las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP).

Para darle visibilidad a este grupo poblacional y promover la igualdad de oportunidades, la justicia social y la lucha contra la discriminación y el racismo en todas sus formas, se ha diseñado un plan de acción para la próxima legislatura

Los principales objetivos del plan de acción para dicha vigencia enmarcan acciones Legislativas, audiencias Públicas, Investigación sobre la discriminación racial y disparidad de oportunidades en la comunidad y el fortalecimiento de las redes de la comisión, especialmente con las Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Marelen Castillo, vicepresidenta de la Comisión, explicó que uno de los objetivos es impulsar tres proyectos de ley. Entre ellos se destaca una iniciativa para desarrollar e institucionalizar la etnoeducación, descrita en el sitio web del Ministerio de Educación como una política para la diversidad y un enfoque necesario en los currículos pedagógicos para que los colombianos conozcan el aporte que los pueblos indígenas, afrocolombianos y rom (gitanos) han hecho al desarrollo de la nación, importante para consolidar los derechos de este grupo poblacional.

Durante la socialización se discutió sobre la importancia de la participación ciudadana, para lo cual se anunciaron dos audiencias públicas programadas para lo que queda de 2023: la primera el jueves 23 de noviembre en Quidbó y la segunda el 14 de diciembre en Putumayo. Aunque estas fechas son susceptibles a cambios, desde ya se hace un llamado a la participación comunitaria.

Con las audiencias públicas como mecanismo de participación ciudadana, figura contemplada en la Ley 5ta, se busca escuchar a la ciudadanía para enriquecer los proyectos de ley en su trámite y que eso se traduzca en una incorporación de esas recomendaciones en las discusiones y en el articulado. Al respecto la representante Castillo mencionó: “Con ellas queremos darle un verdadero reconocimiento y participación ciudadana desde los diferentes territorios, donde podamos identificar realmente las condiciones actuales de la población NARP. Creemos en la co-creación y en la construcción colectiva de país y mal haríamos en tratar de legislar desde la capital del país, sin tener en cuenta lo que viven nuestros conciudadanos en cada una de sus regiones”.

Además de las audiencias públicas hay en curso otras iniciativas para promover la participación ciudadana a través de la tecnología, actualmente está en Comisión Primera un Proyecto de Ley presentado por la misma representante Castillo, el cual busca que los ciudadanos por medio de una plataforma puedan dejar sus comentarios y recomendaciones sobre los proyectos de Ley.

Pero sin duda la presencia en los territorios es vital, el Congreso tiene que trasladarse a las regiones, “estos encuentros son los espacios que nos están posicionando, los que contribuyen a la superación de las desigualdades con dignidad y participación de la población en el contexto local, nacional e internacional. Las audiencias realizadas nos permitieron presentar proposiciones al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y al Presupuesto General de la Nación (PGN) que benefician de forma efectiva a nuestra gente”, agregó Gersel Luis Pérez, representante del Atlántico y miembro de la Comisión.

Entre las propuestas que han surgido de audiencias pasadas se incluyen la inclusión efectiva del enfoque diferencial e intersectorial indígena y de comunidades negras, garantías presupuestales, inversiones plurianuales, compromisos con los pueblos y comunidades étnicas, reglamentación de la Ley 70 de 1993 (Ley de Comunidades Negras), protección del patrimonio cultural y partidas presupuestales para los acuerdos de consulta previa.

Control a la política pública para la erradicación del racismo y la discriminación

El Estado Colombiano cuenta con la Ley 1482 de 2011, que tiene por objeto “garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que sean vulnerados a través de actos de racismo o discriminación”. Esta norma marca un gran avance dentro de las acciones legales que buscan prevenir los actos de racismo y discriminación racial en el país.

Sin embargo, el paso del tiempo ha mostrado que la implementación de esta ley se ha quedado corta ante el alto porcentaje de actos de racismo. Por lo cual, desde el Congreso de la República de Colombia, surge la necesidad de evaluar y conocer el verdadero estado de la política pública para la erradicación del racismo y la discriminación racial en todas sus formas, con el propósito que esta sea más efectiva, eficiente, eficaz y en la práctica se vea su cumplimiento por parte de la ciudadanía en general. “Se deben implementar medidas más duras para castigar los actos de racismo y discriminación racial en todas sus formas, las cuales conlleven a que los ciudadanos se abstengan de realizar actos discriminatorios al observar las duras sanciones que la ley establece”, explicó Pérez.

Para el 15 de noviembre está programada la sesión de control político al desarrollo de esta iniciativa, respecto a lo cual, la vicepresidenta de la Comisión también expresó: “considero que falta mucho por cumplir, por ejemplo, los compromisos adquiridos en el PND no se han ejecutado a su cabalidad, es importante que el Gobierno Nacional y el Ministerio del Interior le den prioridad a nuestras comunidades y a la ejecución de los proyectos que buscan fortalecer está política pública”.