¿Implicaciones para la Paz, con una posible constituyente en Colombia?

La Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. 

Por: Maricela Londoño C.

Desde la Historia 

Se cuenta que en el año de 1958 iniciaron con los presidentes Alberto Lleras Camargo y Alberto Lleras Restrepo, las primeras ideas y conceptos respecto a una Reforma Agraria en Colombia, estos mandatarios fueron los pioneros desde un Gobierno Nacional, en considerar el campo como y la vida rural una alternativa de vida, dignidad, soberanía, economía, justicia social. Fue para la época, que se realizaron los primeros diálogos respecto a la reestructuración del régimen de la propiedad privada, y una conversión del uso de la tierra con los propietarios a través de programas de titulación de tierras públicas nacionales, la inscripción de arrendatarios y aparceros para su conversión y compra de tierras para la adjudicación de Unidades Agrícolas Familiares, UAF, o para los planes de parcelación.

Esta primera iniciativa de Reforma Agraria en la Ley 135 de 1961, se fundamentó básicamente en tres lineamientos estratégicos a) dotación de tierras a campesinos carentes de ellas; b) adecuación de tierras para incorporarlas a la producción, y c) dotación de servicios sociales básicos y otros apoyos complementarios. Allí se creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC con más de 100.000 campesinos de todo el país encargados de dar un rumbo al sistema agrario colombiano.

 

Punto de Inflexión

Esta violenta ola de indignación llevó a la sociedad colombiana a pensar nuevamente un escenario conjunto, donde el diálogo alrededor de aminorar las desigualdades y darle cabida a los derechos sociales y políticos fueron la hoja de ruta para la construcción de la Constitución de 1991, una carta magna sin precedentes que ha llevado al país a un Estado Social de Derecho. “La Constitución de 1991 modernizó nuestro derecho público, consagró un concepto de democracia participativa, no solo democracia representativa, y moldeó unas instituciones sobre la base de valores y principios”, resalta el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández. Además, concedió mayor autonomía y claridad al manejo de los poderes y las estructuras institucionales para el funcionamiento del Estado.

Esta Constitución según las y los expertos, ha sido una apertura política y social histórica, liberal y democrática, que ha fortalecido el establecimiento con mecanismos de participación ciudadana y el principio de la soberanía popular y la autonomía político-administrativa de las regiones. Una constitución que incluyó por primera vez como derechos fundamentales, el derecho a la vida, a la libertad e igualdad ante la ley, a la intimidad personal y familiar, así como la libertad de conciencia y de expresión, de culto, derecho a la dignidad, libertad de movimiento, derecho al trabajo y a la educación, la integridad física, la creación de un nuevo sistema de salud y diversos mecanismos para proteger a la familia y a las minorías étnicas; el derecho a la alimentación equilibrada, a un nombre y nacionalidad, a tener una familia y no ser separados de ella, al cuidado y amor, a la educación y la cultura, a la recreación y la libre expresión de opinión.

También, fue incluida la Paz como derecho y fin fundamental de la sociedad colombiana, lo enuncian los Art. 22. y 95. “La Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento y es deber de las y los ciudadanos propender al logro y mantenimiento de la Paz”. 

Normas fortalecidas 24 años después en las reformas constitucionales del “Fast Track”, proceso llevado a cabo en el marco de los diálogos de Paz con las FARC – EP y que finalizó en el mes de noviembre del 2016, dejando 7 actos legislativos o reformas constitucionales y más de 100 leyes que se expidieron con los Acuerdos de Paz, incluidos los sistemas de Verdad y Reparación de Justicia, como la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Sin embargo, en la cotidianidad de las comunidades y territorios, aún no llegan las leyes, acuerdos y reformas constitucionales de la Paz, pese a que hacen alusión a los mínimos en derechos y deber ser de un Estado que responde a las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas, su implementación ha quedado a la voluntad de quienes gobiernan.

¿Otra Constituyente? y ¿La Paz?

Han pasado 33 años desde la última Constitución y aún se ve reflejado en los territorios altos niveles de violencia y la ausencia en la implementación de la Reforma Rural, en los mecanismos reales de participación de la sociedad civil, aún no se avanza en la reforma política, de justicia y del sistema carcelario, sin contar las reformas sociales a la salud, educación, pensiones y laboral, políticas que deben ponerse en el marco de la actual realidad colombiana de los territorios y comunidades, y de las políticas mundiales.

 

Para el representante a la Cámara James Mosquera, integrante de las Curules de Paz y la Comisión de Paz de Cámara, la propuesta del presidente, “apunta a que eventualmente el pueblo pueda convalidar las reformas sociales por él prometidas en campaña y que según su criterio no avanzan al ritmo esperado en el Congreso… Creo más oportuna su propuesta de un Gran Pacto o Acuerdo Nacional, donde se pueda concertar con todos los actores: sociales, políticos, económicos, académicos, iglesias, judiciales, incluso, vincular a la comunidad internacional, pero, sobre todo, que el presidente escuche y atienda…”

 

Para las y los excombatientes de las FARC – EP, el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz es una decisión política, más allá de su constitucionalidad, como afirma el representante del Partido Comunes Luis Alberto Albán “La Constituyente tiene una normatividad y es un proceso, no es solo una convocatoria del presidente Gustavo Petro. Pensar que una Constituyente va a alterar el Acuerdo de Paz es como sí se creyera que la Constituyente va a reformar o desconocer o alterar los tratados internacionales del país, y sí puede generar un espacio vacío, que afecte los diálogos actuales”.

 

Una mirada que se complementa con la posición del representante a la Cámara del Partido Verde, integrante de la Comisión de Paz, Duvalier Sánchez, quien afirma que “se corre un riesgo muy grande planteando la discusión de una nueva Constituyente, los detractores enemigos de la Paz con las FARC, van a intentar echar para atrás todo lo pactado en el documento de acuerdo final, poniendo en riesgo lo pactado entre el Estado y un grupo insurgente que se incorporó a la sociedad civil, es un “papayazo” que no se puede dar para encontrar la Paz en este país”.

Un escenario complejo más para quienes vienen en los procesos de diálogo, que para quienes ya lo firmaron, para el jurista y representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, copresidente de la Comisión de Paz y ponente de la Ley de Paz Total, el Acuerdo de Paz firmado en el año 2016 está en la Constitución, el problema puede consistir en temas que no se han tocado o peor aún no se han cumplido,  “la Constituyente no afecta los procesos de Paz, porque la Paz ya está incluida en la Constitución y la ley, y no se tocarían en una eventual Constituyente, aunque los puntos 1, 2 y 4 de los Acuerdos de Paz no se han implementado, ahí están consignados”. 

En conclusión, pese a las necesidades del escenario, por ahora, no se siente en el Congreso de la República un ambiente favorable para una Constituyente por fuera de las bancadas de gobierno, hay una Constitución que no se ha desarrollado en la realidad de la gente para lograr sus derechos, hay una Constitución para la Paz que se fortaleció con la firma de los Acuerdos en el 2016, unos actos legislativos para la Reforma Rural Integral, una nueva Política de Drogas, se creó un Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, y hay obstáculos constitucionales que hay que desmontar para avanzar en la Paz Total.