Mayor atención para personas que consumen sustancias psicoactivas

Por: Andrea Cuenca Medina

La salud es un desafío global, y sobre todo la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, Las drogas representan una amenaza significativa para la salud, el bienestar y la seguridad de las personas y las comunidades en todo el mundo. Su impacto se extiende más allá de los individuos y afecta a la sociedad en su conjunto, debilitando los tejidos sociales y generando violencia y criminalidad.

Una nueva propuesta legislativa busca modificar la ley 1566 del 2012, quien tuvo la coautoría del exsenador Juan Manuel Galán y que estableció la protección de los derechos de los usuarios de drogas para que puedan disfrutar de los beneficios del sistema de salud en Colombia, recibir una atención integral y tener una vida más digna.

El consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas legales o ilegales es un asunto de salud pública y de interés para proteger el bienestar de la familia, la comunidad y los individuos, por lo que el Estado debe prestar especial atención a este tema de acuerdo con las políticas públicas nacionales vigentes en esta materia. Con el nuevo proyecto de ley radicado en el mes de septiembre, “Por medio del cual se modifica la ley 1566 del 2012, se dan lineamientos para una política de reducción de riesgos y daños para personas que consumen sustancias psicoactivas y se dictan otras disposiciones”. Autoría de los senadores. Jorge Enrique Benedetti Martelo , Berenice Bedoya Pérez , y los representantes Martha Isabel Peralta Epieyu , entre otros se busca mejorar la calidad de vida de las personas dependientes.

El objetivo de la propuesta es la de establecer estándares para una política que reduzca los riesgos y los daños para todas las personas que consumen sustancias psicoactivas, también conocidas como sustancias psicotrópicas, a través de algunas propuestas como la de establecer un marco conceptual y delimitación de objetivos del enfoque de salud pública de reducción de riesgos y daños en el consumo de sustancias psicoactivas; además de incorporar la reducción de riesgos, daños y sus estrategias dentro de la política de salud pública relacionada al consumo de sustancias psicoactivas.

Con esta medida se pretende además establecer lineamientos para una política de reducción de riesgos y daños en el consumo de alcohol y en establecimientos nocturnos y eventos masivos para público adulto en el país. Y fijar objetivos para la generación de conocimiento alrededor del consumo de sustancias psicoactivas como un asunto de salud pública de interés nacional, enmarcado en la evidencia científica y la participación de la sociedad civil y la academia.

Lo mencionado también está en línea con el Plan de Desarrollo «Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022-2026», que fue aprobado por el Congreso de la República y sancionado por el Presidente de la República como la Ley 2294 de 2023; cuyo plan estableció una ruta clara para transformar la política de drogas en nuestro país. El artículo 193 del mencionado proyecto establece que la formulación, adopción e implementación de una nueva política nacional de drogas debe centrarse en «el cuidado de la vida, la transformación territorial, la protección ambiental y la salud pública», así como en la «prevención del consumo y la reducción de riesgos y daños». El Plan Nacional de Desarrollo, aprobado en 2023, ya estableció objetivos, y el proyecto de ley presentado actualmente se alinea con ellos.

Las opiniones de la población sobre este proyecto de ley varían según su conocimiento, ideología política y experiencia de consumo personal o familiar. Algunos argumentos potenciales a favor y en contra son:

Puntos a favor de la ciudadanía:

El proyecto de ley respeta la autonomía de las personas que consumen sustancias psicoactivas y reconoce su derecho a tomar decisiones sobre su salud y su cuerpo.
El proyecto de ley propone medidas de prevención, educación, orientación, asesoría, tratamiento y rehabilitación para mejorar la calidad de vida de las personas que consumen sustancias psicoactivas y reducir los riesgos asociados al consumo, como enfermedades contagiosas, sobredosis, violencia y exclusión social.
El proyecto de ley propone una política de salud pública basada en los principios de derechos humanos y en la evidencia científica. Se aleja del enfoque prohibicionista y punitivo que ha demostrado ser ineficaz e inhumano.

Puntos en contra:

El proyecto de ley puede dar a la población, especialmente a los jóvenes, un mensaje equivocado de que el consumo de sustancias psicoactivas es aceptable y no tiene efectos negativos en la salud física y mental.
El proyecto de ley puede fomentar el consumo de sustancias psicoactivas al facilitar el acceso a ellas y ofrecer servicios de atención que puedan ser considerados como una forma de legitimar o promover el consumo.
El proyecto de ley puede entrar en conflicto con las regulaciones sobre sustancias psicoactivas a nivel nacional e internacional, así como las organizaciones que defienden una política de tolerancia cero al consumo.

El debate público aun continua, al respecto el representante liberal, Julián Peinado resaltó, como uno de los autores que acompaña la propuesta mencionó: “este proyecto de ley asume y entiende la realidad en la que debemos abandonar el enfoque de criminalización y persecución a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas y, en cambio, concibe al Estado como garante que debe ayudar a quienes tienen un consumo abusivo o problemático de estas sustancias, entendiendo que es un asunto de salud pública”.

El congresista Peinado enfatizó además: “Como Estado hemos hecho grandes inversiones en la lucha contra las drogas, una lucha muchas veces armamentística, otras con diferentes tipos de radicación, y en medio de este enfoque hemos descuidado la atención a las personas que tienen un consumo problemático de sustancias psicoactivas y que deben recibir la mano del Estado a través de atención y en salud, acompañamiento, guía, etc. al tiempo que debemos reforzar el enfoque de prevención”.

Se espera que el proyecto sea debatido en la próxima legislatura, pero se prevé además que será un tema de gran debate por la misma esencia del proyecto y la política antidrogas actual.